Días atrás se cumplieron tres años desde que un contingente de gendarmes salió del país con la excusa de ir a custodiar la embajada argentina en La Paz después de que un golpe de Estado sacara del gobierno a Evo Morales. Dieciséis meses atrás, la administración de Alberto Fernández denunció que, en realidad, el traslado del Grupo Alacrán obedeció a la necesidad de poner balas en manos de las fuerzas que sofocaban cualquier resistencia al golpe en Bolivia. En la causa están imputados Mauricio Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre muchos otros que integraron el gabinete cambiemita y los altos mandos de Gendarmería, pero, por el momento, nada apunta a que vayan a ser llamados a dar explicaciones ante los estrados judiciales. El juez a cargo del expediente, Alejandro Catania, tiene previsto continuar tomando declaraciones testimoniales hasta el 27 de diciembre próximo y ahora se centrará en los funcionarios de Aduana que intervinieron, de algún modo, en la salida del material bélico.

En las últimas semanas, Catania estuvo tomando declaraciones a los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) que estuvieron a bordo del Hércules C-130 que en la noche del 12 de noviembre de 2019 despegó desde la base aérea del Palomar con el primer contingente de gendarmes. Hay integrantes de la tripulación que no fueron llamados como testigos porque podrían resultar imputados en algún momento.

En el gobierno miran con atención esta causa, que se originó por una denuncia de tres funcionarios de primera línea y en la que están imputados Macri y varios de sus colaboradores más cercanos por contrabando agravado: Bullrich, Aguad, Peña, Faurie, el exembajador Normando Álvarez García, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo o el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero. Quienes siguen la causa sostienen que todo apunta hacia arriba, pero que nadie es llamado a dar explicaciones.

“Es el Partido Judicial en su máxima expresión”, protesta el ministro de Justicia Martín Soria. “En la causa por el contrabando de armas para apoyar el golpe en Bolivia, llevan un año y medio dando vueltas, inventando testimoniales para evitar avanzar sobre los funcionarios macristas que colaboraron con ese derrocamiento. Mientras que la causa por el atentado contra la vicepresidenta en dos meses la quieren elevar a juicio, pretenden cerrarla ya mismo para evitar avanzar sobre los vínculos cada vez más evidentes con lo peor del macrismo”, dice el funcionario. “Una causa que recién comienza quieren cerrarla rápidamente; la otra, a pesar de que sobran las pruebas, la estiran como un chicle. Es evidente que el objetivo del Partido Judicial, además de perseguir al peronismo, siempre será garantizar la impunidad de Macri y sus secuaces”, denuncia.

En la madrugada del 13 de noviembre de 2019, el avión llegó al hangar de los Diablos Negros. Allí, bajaron los gendarmes y la carga y subieron los parientes de los diplomáticos que buscaban regresar al país en medio de la violencia que se había desatado en Bolivia. Ese mismo día, según surge de la documentación aportada o encontrada en Bolivia, se repartieron las 70.000 balas 12/70 entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía local. La FAB se quedó con 40.000 cartuchos, como reveló este diario tras el hallazgo de una nota de agradecimiento por parte del comandante de ese cuerpo. Casi la totalidad del resto de las balas terminó en un almacén de la Policía Boliviana.

Originalmente, la Gendarmería no iba a llevar esas 70.000 balas a Bolivia. Un jefe pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para llevarlas como “complemento”. La solicitud se hizo mientras en la Casa Rosada tenía lugar una reunión en el despacho de Marcos Peña en la que participaron tanto Bullrich como los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad. Una vez concluido el encuentro, el jefe del Grupo Alacrán, Fabián Salas, avisó a la FAA que también llevarían ese material.

Uno de los testigos que dio un panorama general fue Oscar Alejandro Bassini, quien actualmente está retirado de la FAA. Bassini había sido agregado de la fuerza en La Paz entre 2017 y 2018. Por eso, fue elegido como tripulante especial para el vuelo. Según declaró, le avisaron en la tarde del 11 de noviembre que viajarían. El dato es relevante porque apunta hacia una irregularidad que tiene al excanciller Jorge Faurie como protagonista: el 12 de noviembre mandó una nota a Bullrich y al entonces ministro de Defensa Oscar Aguad pidiéndoles que enviaran una comitiva a Bolivia. La pregunta es cómo podía saber un tripulante que iba a viajar si el pedido se cursó después. La respuesta probablemente apunte a que se tomó la decisión política de enviar los gendarmes y las balas y después se armó el papelerío.

Bassini relató que en la tarde del 11 de noviembre se comunicaron con el agregado naval, Miguel Alonso, para avisarle que viajarían. Una teoría es que Alonso haya sido el enlace que pactó con la FAB la entrega de las balas mientras que el agregado de la Gendarmería, Adolfo Caliba, lo haya coordinado con la Policía Boliviana. Un empleado de la embajada argentina en La Paz incluso declaró que Alonso y Caliba mantuvieron un altercado cerca del hangar. 

El descenso en Bolivia fue rápido. “Sin detención de motores”, precisó Bassini, según la declaración a la que accedió Página/12. Todo sucedió casi en penumbras.

Diego Abel Bortoli actuó como el primer operador de carga de vuelo. En el juzgado, Bortoli dijo que se hicieron trámites con la carga que bajaron del avión pero que no se hicieron ante la Aduana boliviana sino con la propia FAB. Cuando le preguntaron quién había dado la orden para hacerle entrega de la carga a la FAB, Bortoli respondió que la directiva provino del comandante de la aeronave.

El cabo Andrés Ignacio Bodes Solans es mecánico de mantenimiento del Hércules y viajó como apoyo técnico en el vuelo. Él fue el primero en bajar en Bolivia. Según el cabo, toda la carga se subió a un camión tipo Iveco chico, que estaba estacionado de culata. Hasta ahora, principalmente por documentación de las fuerzas bolivianas, se sabe que la FAB retiró su parte del cargamento del hangar.