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Desde Santa Fe
La Asamblea Legislativa designó ayer a 32 de los 36 jueces comunitarios propuestos por el gobernador Omar Perotti, en una sesión maratónica de nueve horas en la que los defensores del concurso ganaron el debate, aún en medio de acusaciones cruzadas y chicanas. La penúltima: cuando el diputado del Frente Renovador Oscar “Cachi” Martínez dijo que tenía dudas en votar el pliego de la jueza de pequeñas causas de Las Garzas -en el norte santafesino- Silvina Marcón porque era la hija del senador de la UCR Orfilio Marcón. El pliego salió por amplia mayoría, con sólo tres votos en contra y cuatro abstenciones, pero no se sabe si el padre votó a la hija porque la vicegobernadora Alejandra Rodenas –que presidió el debate- no lo dijo. Los tres pliegos rechazados eran de los abogados René Alzugaray (Llambi Campbell), Martín Ceschi (La Criolla) e Ignacio Cristina y el cuarto el de Pablo Rangel (Empalme Villa Constitución que quedó reservado por un litigio judicial. Alzugaray es subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Salud y Ceschi sobrino del administrador de Vialidad, Oscar Ceschi. Antes, el plenario aprobó las designaciones del vocal del Tribunal de Cuentas Marcelo Terenzio (62 a 5) y los directores del Ente Regulador de Servicios Sanitarios Jorge Lagna (32 a 30 y cinco abstenciones) y Jorge Hurani (49 a 19). Los socialistas no votaron a Lagna, “no porque es el autor del libro ‘La secta socialista’ sino porque era el ministro de Seguridad en noviembre del año pasado cuando allanaron oficinas de la cartera en Rosario” y “no dio ninguna explicación”, según el jefe del bloque del PS Joaquín Blanco.
La designación de los jueces comunitarios generó una escalada política en la Legislatura en la que el jefe del bloque radical y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro llegó a denunciar un supuesto “dedazo” de Perotti. Ayer, el retruque llegó desde su propio partido, cuando el diputado Julián Galdeano se anotó entre los defensores del sistema de selección de los magistrados. Un rato antes, otro de los seguidores de Pullaro llegó a pedir hasta la renuncia del secretario de Seguridad Gabriel Somaglia, a quien responsabilizó por el operativo de los pliegos.
Galdeano dijo que “se cuestiona el concurso”, pero no hay orden de mérito. La primera etapa era un filtro para reducir de más de 1.066 postulantes a 236. “Decir que uno salió en el puesto 21 y terminó primero es mentira”. La primera etapa era “superó o no superó” y si quedaban 21 postulantes en la lista eran porque habían pasado los 21, pero no en orden de mérito, sino “en un pie de igualdad” . Después, siguieron otras dos etapas (evaluación de antecedentes y la entrevista). “Entiendo que se aplicó un criterio transparente”, sorprendió Galdeano. “Aprobaron 236 la primera etapa y entre los 800 que rindieron mal conozco a varios.
El Consejo de la Magistratura elaboró las ternas que elevó a Perotti, y el gobernador eligió a uno de los tres. “El único orden de mérito es la terna, pero no dice: primero, segundo o tercero. Es una terna. El Poder Ejecutivo podía elegir a cualquiera de los tres. Y no tenía que justificar nada”, enfatizó Galdeano. “Solo si elegía a alguien fuera de de la terna, sí tenía que justificarlo, pero no lo hizo”, agregó.
El diputado Blanco dijo que en el recinto estaban los catorce integrantes del bloque socialista. “Votamos lo que podemos explicar”. “No votamos el pliego de Lagna no por una cuestión política o porque escribió “La secta socialista”, sino porque era el ministro cuando allanaron el Ministerio de Seguriad” en una causa que investiga a su antecesor Marcelo Sain. Y no dio explicaciones.
Blanco atribuyó la escalada política en la Legislatura por la designación de los 36 jueces comunitarios a un operativo político de los denunciaron el “dedazo” de Perotti, en obvia referencia a Pullaro. “Se intentó politizar el tema de los jueces comunitarios, sobreactuar posiciones políticas que tienen más que ver con (la campaña electoral) 2023. Han cuestionado todo el proceso porque hubo un dedazo”. Acá hubo un sistema de evaluación con las consignas “superó” o “no superó”. No orden de mérito. “Hemos votado hasta camaristas que no tenían orden de mérito y el mismo sistema de evaluación de si superó o no”, explicó.
“Un hecho difícil de entender –advirtió Blanco- es subestimar a la comisión bicameral de Acuerdos, como si no cumpliera ningún rol. Es la instancia de evaluación más trascendente del proceso. El fiscal de regional de Rosario (Patricio Serjal) pasó esa etapa y hoy está preso. ¡Está preso! –insistio-. ¿Que falló? ¿El sistema de evaluación? ¿El Poder Ejecutivo que mandó el pliego? ¿El sistema político entero? ¿El multiple choice?”, planteó.
“Se hablaron muchas pavadas, se politizó un tema que no se tendría que haber politizado. La política no puede sobreactuar las elecciones de 2023. Eso le hace mucho daño a las instituciones. No vale decir cualquier cosa porque estamos en modo electoral y necesitamos cargar las tintas”.
“Tenemos que aprender esta lección. No vale todo. Porque lo único que alimentamos es el discurso de la antipolítica que está a la vuelta de la esquina”, concluyó Blanco.
