En una sesión especial, la Cámara de Diputados nacional dio media sanción a la iniciativa que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como una “lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas” en todo el territorio de Argentina.

El proyecto de ley garantiza su inclusión plena y fue avalado por unanimidad con 229 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

En tanto, con 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones, obtuvo respaldo el proyecto de modificación de la ley 24.449, de tránsito, sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. La iniciativa reduce de 0.5 milímetros de alcohol en sangre a 0 la tolerancia para conducir en las rutas nacionales y será girada al Senado.

En otro orden, obtuvo media sanción el proyecto de ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal. Fue aprobado por 216 votos positivos, 1 negativo y 0 abstenciones y será girado al Senado.

En tanto, Diputados también aprobó y giró al Senado la ampliación del Programa de Protección integral de personas con cardiopatía congénita por 209 votos positivos, 2 negativos y 0 abstenciones.

La norma amplía el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, entre otras cuestiones, establece que las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital.

Además, obtuvo respaldo la norma que fija la actualización del valor de las sanciones por infracción en el manejo de residuos peligrosos. El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, busca sustituir el artículo 49 de la ley N° 24.051, de Residuos Peligrosos, con el fin de actualizar el valor de las sanciones que allí se establecen.

Durante la sesión, también se aprobó un proyecto para establecer como feriado nacional no trasladable el 17 de agosto de cada año, en homenaje al general José de San Martín. El proyecto busca modificar el artículo 1º de la ley 27.399, sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

Asimismo, fueron aprobados una serie de proyectos sobre transferencias de inmuebles, entre las cuales se destacó la transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba, del dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María.

Lavado de activos 

Por otro lado, en comisiones, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley que plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. "El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes", indica el expediente.

Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera destacó la “reforma sustancial luego de 11 años. Nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. “En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado”. “Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.

Asimismo, el funcionario subrayó que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.

En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.

Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió. Y asimismo, destacó los “sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales”.

Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disertó sobre el registro de la información y la identificación de los beneficiarios finales. “Lo que se pretende es que Argentina tenga una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observación que se estaba haciendo”, aseveró.

Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL), criticó la “forma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal”. Esta iniciativa “incorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenesí de la penalidad, se termina minando la relación de confianza entre abogado - cliente porque ahora el cliente sabrá que el Estado habrá convertido a su abogado de confianza en un delator”, aseguró.

“Perderíamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales”, añadió María Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.

Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”. “Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”

“Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico pero también la efectividad”. “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”, manifestó.

Participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina, entre otros.