Las familias de bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, entre marzo y mayo de este año, se manifestaron en contra de que los funcionarios imputados en esa causa sean investigados por el fuero Anticorrupción, tal como pidió la ex directora del centro de salud, Liliana Asís.
La ex directora del Neonatal al momento de los hechos planteó ante la Justicia que la causa que involucra a funcionarios públicos debe ser investigada por el Fuero Anticorrupción en lo Penal y Económico, y no por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, a cargo del proceso. Asís había planteado el pase de fuero respaldándose en la Ley 8.835, que establece las competencias jurisdiccionales de los delitos contra la administración pública.
Sin embargo, el abogado Carlos Nayi, quien representa a las familias de cuatro de los cinco muertos, advirtió que si bien la ley contempla lo que citó Asís, “este caso es muy especial porque hay cinco bebitos fallecidos y otros ocho que sobrevivieron".
"Se debe priorizar el interés superior del niño y el principio de comunidad de la prueba para facilitar la investigación”, apuntó Nayi.
En su rol de querellante, el abogado dijo que una eventual segmentación de la causa “podría atentar contra la investigación, el esclarecimiento, el juicio y castigo para todos los responsables”. "Ese es el interés que se persigue” en este proceso que trata de develar la conducta criminal desplegada contra los bebés.
En caso de que el tribunal acepte fragmentar la causa, Nayi anticipó que recurrirá la decisión ante una instancia superior.
Quiénes son los ex funcionarios investigados
Por la causa, en la que hay una enfermera detenida e imputada directamente por las muertes, también están imputades seis ex funcionarios públicos. Por un lado, el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital Alejandro Salama, lo están por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público", según consta en el expediente.
En tanto, la exdirectora Asís y las exjefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, lo están por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".
La única detenida e imputada directamente por las muertes de cinco bebés sanos es la enfermera Brenda Agüero. La mujer está acusada como presunta autora responsable del delito de "homicidio calificado por el uso de medio insidioso”, a lo que se agrega ese delito en grado de “tentativa” sobre ocho bebés que sobrevivieron.
Muertes por "hiperpotasemia" provocada
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
Los informes determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia” que fue causado “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
Solo a dos de los fallecidos se habían realizado las autopsias, en tanto los restantes tres fueron exhumados recientemente, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y se esperan los resultados.
