![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Juan%20Carlos-Tizzianil.png?itok=DVuntxKv)
Desde Santa Fe
La Cámara de Diputados volvió a frenar esta semana un proyecto de ley de la presidenta del bloque kirchnerista Matilde Bruera –que tiene como cofirmantes a sus compañeros del interbloque del PJ y del Frente Social y Popular- para constituir en la provincia una comisión bicameral que identifique e investigue a los cómplices civiles, económicos y eclesiásticos del terrorismo de estado en Santa Fe, entre ellos el grupo Vicentin. Bruera pidió preferencia para que se lo tratara en las últimas dos sesiones: el 3 de noviembre y luego en la del jueves pasado 24 de noviembre, pero la iniciativa no tuvo despacho para llegar al recinto. El cajón está en la comisión de Asuntos Constitucionales que tiene mayoría del socialismo y de sus aliados del Frente Progresista, donde el proyecto está varado desde hace diez meses, desde que Bruera lo presentó por segunda vez en su mandato, el 21 de febrero de 2022. “Son actitudes contradictorias: por un lado, rinden homenaje a Hebe de Bonafini y por otro lado, no permiten que se trate la creación de una comisión investigadora” de los partícipes económicos de la dictadura, dijo la legisladora.
Lo que propone Bruera es crear “en la Legislatura una Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia a los fines de investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la responsabilidad de los actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe”, dice el artículo 1º. Estará integrada por una presidenta o un presidente designados por el Poder Ejecutivo “con acreditada solvencia y experiencia en el campo de los derechos humanos” y tres diputados y tres senadores elegidos por sus pares.
El intento para investigar a la pata civil y económica del terrorismo de estado que está impune ya tiene casi una década en la Legislatura. El primer proyecto de ley lo presentó el ex diputado José María Tessa, en mayo de 2014, y tuvo media sanción de la Cámara el 20 de noviembre de 2014. La semana pasada se cumplieron ocho años. Pero la iniciativa cayó en otro cajón del Senado, en la comisión de Derechos Humanos que entonces presidía el senador de la UCR Lisandro Enrico, donde caducó y perdió estado parlamentario en 2016. El proyecto de Tessa tenía como confirmantes a otros siete legisladores, entre ellos dos que aún están en sus bancas en la Cámara: el presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera y Luis Rubeo. Más, el diputado nacional Eduardo Toniolli, el secretario general del Movimiento Evita Gerardo Rico, el secretario de Gobierno de la provincia Oscar Urruty, la ex diputada peronista Patricia Gazcué y su colega del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez.
Después de que caducara el proyecto Tessa, el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade reivindicó la iniciativa y volvió presentarla dos veces: en febrero de 2016 y luego en febrero de 2020.
Al mismo tiempo, en febrero de 2020, la diputada Bruera impulsó también el proyecto Tessa junto con sus compañeras de bloque, Paola Bravo y Lucila De Ponti. “La complicidad empresaria con el terrorismo de estado en la provincia sigue impune” decía entonces la legisladora. “Los casos más paradigmáticos fueron Acindar en Villa Constitución y Vicentín en la zona de Avellaneda y Reconquista”, en el norte santafesino. Sin embargo, la propuesta tampoco pasó el filtro de la comisión de Asuntos Constitucionales.
El 21 de febrero de este año, Bruera volvió a presentar por su segunda su proyecto –que sería el quinto si se cuentan el de Tessa de 2014 y los dos de Del Frade, de 2016 y 2020, al que sumó el apoyo de sus colegas del interbloque del PJ: Paola Bravo, Lucila De Ponti y Ricardo Olivera y los dos del Frente Social y Popular: Del Frade y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura).
Desde octubre, Bruera insiste que el proyecto se trate en el recinto: pidió preferencia en dos oportunidades para las sesiones del 3 de noviembre y del 24 de noviembre, pero eso no fue posible porque no tiene dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, que gobierna la mayoría del Frente Progresista. “Hasta ahora, el Poder Legislativo no ha sancionado una ley para crear una Comisión Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia como la propuesta. Por lo tanto, es necesario insistir en su tratamiento y estudio nuevamente”, dijo la legisladora.
"Los juicios a los autores militares y policiales, con todos sus avatares, idas y vueltas, fueron avanzando y, en alguna medida, se consolidaron. Por eso, encauzados estos a partir de 2003, debe ampliarse la mira y analizar el contexto en el que esos delitos fueron cometidos e ir hacia los cómplices civiles, económicos y eclesiásticos, cuyas contribuciones hicieron posible, tornaron más fácil o mejoraron la eficiencia en la comisión de los delitos de lesa humanidad. Los cómplices económicos son los autores, coautores, instigadores, partícipes, conspiradores, ejecutores, y beneficiarios", explicó Bruera.
Y mencionó dos casos paradigmáticos en Santa Fe: "Acindar y Vicentin constituyen ejemplos destacados de la estrecha colaboración que existió entre un conjunto de grandes empresas y las fuerzas militares en la represión de los trabajadores durante la última dictadura. En Acindar, en Villa Constitución, no sólo hubo un accionar conjunto con las fuerzas de seguridad, sino que además se usaron las propias instalaciones de la fábrica como Centro Clandestino de Detención". Y en Vicentín, los trabajadores fueron víctimas de innumerables vejaciones y torturas. En un inicio recluidos en Centros Clandestinos de Detención y posteriormente "blanqueados" en cárceles comunes, donde permanecieron años".
