Silencio de radio en el gobierno salteño, después de informar sobre la existencia de los boosters de prospección sísmica en la conferencia de prensa brindada el martes 22. En toda la semana, no ofreció información sólida sobre la localización precisa de los ocho millones de boosters colocados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en el siglo pasado, cuando aún era una empresa cien por ciento estatal. Ese fue el otro dato que brindó el gobierno salteño desde la Subsecretaría de Defensa Civil a principios de semana. La fase de exploración que utilizó explosivos y sismógrafos para detectar trampas de petróleo, abarcó zonas de montaña desde un lugar no definido en la provincia de Tucumán, hasta el límite entre Salta y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Según informó el gobierno de Jujuy, en su jurisdicción “quedarían 77 mil cargas”. Y en la región de Salta y Jujuy “aún persistirían 150.000 explosivos colocados en un área de 5872 kilómetros”, continúa la información del parte jujeño.
Los incendios forestales que diezman el bosque nativo del norte salteño hace meses, evocaron en realidad la presencia histórica de estos boosters. Sólo en el departamento Orán durante los incendios forestales de 2022 se registraron 13 detonaciones dentro del territorio de la Comunidad Kolla Tinkunaku (municipio de San Ramón de la Nueva Orán), alrededor de cuatro boosters fueron localizados en las proximidades del Cerro Casa de Tabla en las inmediaciones del camino ancestral del territorio colectivo kolla, y otras cuatro explosiones fueron registradas por brigadistas forestales mientras trabajaban en los incendios en Valle Morado (municipio de Colonia Santa Rosa), cerca de la frontera entre Salta y Jujuy.
Un relevamiento realizado por este medio en portales digitales de los municipios del departamento salteño de General San Martín, arrojó algunos hitos relacionados con explosivos. En 2009, una cantidad imprecisa de boosters emergieron entre el barro, las ramas y los árboles del alud que afectó un sector de la ciudad de Tartagal. Ocurrió el 9 de febrero de 2009. Durante los trabajo de remoción de material el día después de esa tragedia, aparecieron los explosivos encapsulados en un plástico rojo alargado. Otros testimonios revelaron que días después del alud de 2009 algunos pobladores escucharon varias explosiones que provenían del playón de Gendarmería Nacional. Tres meses después, bomberos de la ciudad norteña colaboraron con Gendarmería en un procedimiento de remoción de boosters que aparecieron en el río Tartagal, 30 kilómetros al este de la planta urbana.
En 2013 un motociclista que atravesaba el barrio Tomás Sánchez, en el norte de la ciudad de Tartagal, activó un booster y, por la explosión, salió despedido. Los boosters llevan una carga de 300 gramos que puede afectar a una persona que se encuentra cerca o muy próxima. En marzo de 2018, en el paraje Tranquitas al norte de Tartagal, el sistema de emergencias 911 recibió el alerta de boosters sísmicos que encontró un vecino mientras cavaba un pozo para plantar un banano. El 4 de mayo de 2020, en General Mosconi, localidad al sur de Tartagal, una familia encontró el explosivo en su vivienda del barrio Recaredo, próximo a la Quebrada de Galarza. En Campamento Vespucio, otra población no muy lejos de Tartagal pero ubicada al oeste, el 911 recibió el aviso de tres amigos que encontraron un extraño artefacto rojo. Luego descubrieron que se trataba de un booster sísmico. Las líneas de prospección sísmica, es decir, las picadas que realizaron los trabajadores de YPF en décadas pasadas, actualmente conviven con áreas de tránsito de pobladores urbanos y rurales.
A pesar de que los incendios del norte salteño llevan más de tres meses, ni YPF, ni el Ejército, ni Gendarmería Nacional informaron sobre la existencia de esos explosivos diseminados hasta que comenzaron las detonaciones. No se trata de una conjetura capciosa. Durante la conferencia de prensa, el titular de Defensa Civil de Salta, Jorge Arce, dijo al pasar que hubo un convenio firmado entre Gendarmería Nacional e YPF para el retiro paulatino de los boosters del territorio. No aclaró si se trató de YPF sociedad anónima o Repsol-YPF, la empresa española que la mantuvo en sus manos hasta 2012.
Dos fuentes consultadas por este medio brindaron otros datos. Fernando Nocetti, de Finca Urundel en el municipio salteño homónimo, informó que su empresa “firmó un acta con Gendarmería (bajo mandato de YPF) en septiembre del corriente año”. Allí “se comprometían a identificar y solucionar (por detonar) las minas. Lógicamente esto nunca pasó”, agregó. “El problema es que ahora se dificulta actuar contra los incendios por una negligencia de YPF”, agregó. Por otro lado, Pablo Rodríguez, ingeniero químico y en petróleo, especializado en geofísica, recordó durante una entrevista con Salta/12, que en ese convenio también participó el Ejército Argentino.
Los boosters de prospección sísmica no fueron colocados bajo tierra por razones de guerra, como ocurrió en Camboya (sudeste asiático), cuando Estados Unidos sembró con millones de minas antipersonales su territorio. El objetivo de YPF durante las últimas décadas del siglo XX, era explorar yacimientos de petróleo en todo el relieve montañoso de Salta y Jujuy. Rodríguez recordó también que hubo un interés particular en explorar el área cercana al yacimiento Caimancito (Jujuy), uno de los más productivos en la historia de la empresa estatal. También, que en Caimancito se encuentra uno de los pozos más profundos de Sudamérica.
Los datos proporcionados por el geofísico se relacionan estrechamente con algunas de las explosiones registradas en Valle Morado (Salta), el sector donde se encuentra Finca Urundel. Si bien Nocetti aclaró que no le consta que las explosiones sucedieron dentro de su propiedad, sí ocurrieron dentro del área de prospección sísmica periférica al yacimiento Caimancito.
El juego de los partes oficiales y una fecha: 1978
La desinformación quedó a la vista en dos partes oficiales. El del gobierno de Jujuy, publicado el miércoles 23 informaba que “en reunión del Comité de Emergencia Ígnea Unificado de Jujuy, Salta y Nación, ayer (por el martes 22 de noviembre) se resolvió de manera conjunta suspender el combate terrestre de incendios de vegetación en las zonas de las Yungas de Jujuy y Salta”. Aclaró desde el principio que la decisión incluía retirar a los brigadistas de las áreas con focos activos, y que fue adoptada tras reuniones mantenidas con YPF sobre programas sísmicos que datan de las décadas del 70 y 80 del siglo pasado. El parte oficial del gobierno de Salta, publicado el jueves 24 de noviembre, ratificaba la decisión de retirar a los brigadistas. Informaba además que con Jujuy y Nación (ministerios de Ambiente y Defensa) se abordaron tres puntos: evaluar las estrategias para continuar el combate de los focos activos en las áreas afectadas, definir el abordaje de la situación, y adoptar las medidas correspondientes.
Los técnicos de YPF SA que viajaron a Salta no dieron declaraciones públicas. Hay cuerpos de bomberos voluntarios de municipios salteños con incendios que todavía esperan el detalle de ubicación de los boosters sísmicos para poder trabajar tranquilos. Es el caso de Colonia Santa Rosa, que ayer informó de incendios al sur de esa comuna y socorrió nuevamente a pobladores que viven cerca de la Escuela La Trinidad, próxima al río Colorado.
Solamente el parte oficial jujeño dió precisiones sobre quiénes eran los expertos que llegaron a informar. Uno fue Jorge Ferreyra, analista de seguridad de la Gerencia de Seguridad de Procesos y Operaciones de YPF. Es además, el funcionario a cargo del proyecto de destrucción de booster de los programas sísmicos que fueron colocados en Jujuy y Salta entre 1978 y 1985. Lo acompañó Lucas Arioni, supervisor de ese proyecto. En un rastreo por google figura en la red social LinkedIn como miembro del Boureau Veritas, una institución relacionada con la aplicación de normas IRAM.
Los boosters de prospección sísmica ¿fueron colocados en 1975? Hasta el jueves pasado esa parecía ser la hipótesis más probable. Sin embargo, el parte oficial jujeño del 23 de noviembre informó que YPF los ubica entre 1978 y 1985. En un paper de Walter Chebli, Eduardo Pezzi y Guillermo Ibáñez titulado “El desafío de la exploración de petróleo y gas en la Argentina” (sin fecha), los autores citan que “recién después de 1979, fecha en que se sanciona la Ley de Contratos de Riesgo, las empresas privadas vuelven a incursionar en la Plataforma Continental y en algunas áreas continentales. En el mar actúan Total, Esso, Occidental y Shell que adquieren una significativa cantidad de líneas sísmicas 2D y perforan un buen número de pozos”.
El dato de la Ley de Contratos de Riesgo lleva a 1978, en pleno autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Se trata de un decreto ley que llevó el número 21.778, fue promulgada el 14 de abril de ese año, y facultaba a las empresas estatales a convocar a licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos. Ese instrumento legal permitió que empresas como Geosurce Exploration Co realizara prospección sísmica en el norte argentino, en Salta y Jujuy.
El parte de prensa del gobierno jujeño del 23 de noviembre informó que “14 programas sísmicos estuvieron a cargo de la empresa (por Geocource Exploration Co), que incluyeron la colocación de dispositivos con detonadores (...) en una franja que corresponde a Yungas de las dos provincias, en el marco de trabajos de prospección de hidrocarburos”. El decreto ley lleva la firma de Jorge Rafael Videla, Albano Arguindeguy, José Martínez de Hoz y Julio Gómez. Representa además, el inicio del camino privatizador de la empresa estatal. El proceso iniciado por Videla y compañía con la ley de 1978, tuvo su continuidad con Raúl Alfonsín en el período democrático cuando lanzó el Plan Houston. Consistió en abrir una licitación internacional para 165 áreas de explotación petrolera. Un tercio de ellas pasaron a manos transnacionales.
Otras piezas de un rompecabezas incompleto
“Me llama la atención que se hayan producido deflagraciones”, dijo a Salta/12 el ingeniero químico y en petróleo Pablo Rodríguez. “El Ejército las extraía con gente que manejaba explosivos”, contó. “Si se podía, se les extraía el detonador y quedaban totalmente controladas. Después se las colocaba en un pozo y se hacía una detonación controlada, por temas medio ambientales. Antes se incineraban, que era el mejor método”, explicó. “Es lo ideal, porque larga gases tóxicos. El principio activo es bajo”, continuó. “Están compuestas por un tipo de arcilla mezclada con un aceite. Forma una pasta. Muchas se fabricaron en el país, en las plantas de Fabricaciones Militares de Villa María y Azul (provincia de Buenos Aires). Luego se empezaron a importar, por lo que deben existir varios modelos enterrados”. La profundidad varía: Jorge Arce mencionó entre 30 a 40 centímetros del suelo; el geólogo Roberto Hernández, de LateAndes, calculó que se enterraron a una profundidad de entre 9 a 15 metros; Rodríguez mencionó que se llegaron a enterrar cargas a 100 metros de profundidad.
La provincia de Jujuy solicitó que Gendarmería e YPF agilicen el retiro del material explosivo de su jurisdicción. Según el parte oficial jujeño, los técnicos de la actual YPF informaron que los trabajos de desactivación de las cargas sísmicas se centraron en Salta, “por los casos sucedidos en esa provincia. La empresa citada (por Geosource Exploration Co)”, menciona el gobierno de Jujuy, informó que YPF “había procedido a la destrucción de toda la carga. Sin embargo, en el año 1979 se registró un primer evento por detonación, a lo que le siguieron una serie de eventos de este tipo que generaron una acción judicial en el fuero federal”. El mismo parte oficial, menciona luego que en algún momento, después de 1979, “Gendarmería solicitó a YPF S.A. la colaboración para llevar a cabo la tarea (de búsqueda, identificación y extracción de boosters), por lo que se firmó un convenio entre ambas partes”.
Para rematar la falta de información, el gobierno jujeño indica que en su jurisdicción “quedarían 77 mil cargas en un área de alrededor de 2200 hectáreas impactadas por esta situación”. No las zonifica con precisión, al menos no para la población del norte salteño, o para los bomberos voluntarios que todavía arriesgan su vida cuando suena la alarma por incendios que aún continúan en los bosques del norte salteño.
En la región de Salta y Jujuy “aún persistirían 150.000 explosivos colocados en un área de 5872 kilómetros”, continúa la información del parte jujeño. Luego no aclara si esa medida refiere a una superficie (kilómetros cuadrados). Pero dió otra pista: “YPF informó que por año se recorren entre 65 y 100 kilómetros, lo que significaría que extraer el material de Jujuy llevaría más de 20 años”. Los datos se citan sin fecha ni lugar preciso donde se realizó el trabajo de relevamiento y extracción de boosters. El convenio firmado por Gendarmería, YPF y el Ejército no aparece en el Boletín Oficial de Nación. Por lo tanto, tampoco queda claro cuántos kilómetros de líneas de prospección sísmica debían ser relevados por YPF, ni en cuántos años.
