“A las mujeres ya les hemos dicho mucho pero el mundo no lo cambiamos solo nosotras: necesitamos el acompañamiento y el compromiso de los varones”, dice la abogada e investigadora peruana Marcela Huaita, frente al problema de la violencia por razones de género y su expresión más extrema, los femicidios. Es la presidenta del comité de expertas (Mesecvi) que monitorea la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres conocida como Convención de Belén do Pará. En una entrevista de Página 12, la especialista en género y derechos humanos explica por qué la respuesta punitivista no resuelve este flagelo, destaca la importancia de la educación para lograr el cambio “en la norma social”, advierte sobre el avance de discursos conservadores especialmente contra la ESI y sobre el uso del falso síndrome de alienación parental para desacreditar las denuncias de abuso sexual contra infancias en la justicia.

“No hay en la región ningún país que como producto de un proceso exitoso haya podido bajar en forma sostenida la tasa de femicidios. Lo que sí se ha logrado es la disminución de la violencia física y en menor medida la violencia psicológica y casi nada la violencia sexual en los últimos veinte años”, señala.

Huaita fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú entre 2015 y 2016. Actualmente es la jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad en la Pontificia Universidad Católica de Perú.

La conversación transcurre en el 4° piso del Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, en el marco de un encuentro de dos jornadas convocado bajo el título “Del enfoque punitivo a un abordaje integral: Estrategias y desafíos en la prevención, atención, investigación, sanción y reparación del femicidio/feminicidio en América Latina”, dirigido a operadorxs de la justicia y organizado por la Corte Suprema, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará --que integran una experta por cada país-- y el Equipo Latinaomericano de Justicia y Género. Unos días antes, se llevó adelante también en Buenos Aires la asamblea de expertas.

--¿Hay algún país de la región que haya logrado bajar la tasa de femicidios?

--Para comenzar, la tasa de feminicidios es un tema difícil de abordar porque depende de la definición que se haga. Hay algunas más abiertas y otras más cerradas en relación a qué se entiende por feminicidio. Una segunda dificultad es dónde se lleva el registro y si se toman las muertes de mujeres intencionales en qué momento del proceso, si es cuando se sanciona al culpable y en ese caso el número va a bajar sustantivamente o cuando se contabilizan a partir de la información inicial, porque dependerá de la tipificación penal. Una de las cuestiones con la cual hemos trabajado en el último tiempo es la comparabilidad: quién toma el dato y cómo se identifica qué es feminicidio. En términos generales podemos decir que no hay ningún país en la región en donde como producto de un proceso exitoso se haya bajado la tasa de feminicidios.

--¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos?

--El feminicidio es la última etapa de un proceso de violencia bastante más extenso. La primera cuestión que hemos trabajado en los países es visibilizar esta situación de violencia en la relación de pareja --ponerlo en la agenda pública ha sido el tema más importante desde el feminismo-- y que se manifiesta como violencia física, psicológica, sexual y de otras formas que hoy se reconocen como la económica. Lo que hemos logrado a lo largo de estos treinta años de trabajo es que disminuya la violencia física porque socialmente esto es más evidente y más condenable. Sin embargo, cuando hacemos un análisis más preciso, vemos que no disminuye en la misma magnitud la psicológica y menos aún, la sexual, que sabemos se produce en un ámbito privado.

--Hay cierta percepción social de que hay un aumento de la violencia machista. ¿Qué sucede en realidad?

--En realidad, lo que creció es el número de denuncias de violencia que es un fenómeno aparte. ¿Por qué aumentan? Porque en general los Estados están dando servicios, se han hecho protocolos, se ha capacitado a la policía o a diferentes instituciones, entonces ya hay una respuesta reconocida, más o menos confiable, pero que le da confianza a las mujeres para denunciar. El que aumenten las denuncias no quiere decir que aumente la violencia: puede ser que la violencia esté disminuyendo y que haya más confianza en el Estado para denunciar. En los últimos años también hemos conseguido que las jóvenes o mujeres adultas denuncien situaciones de violencia sexual, algo que antes se hacía muy poco.

Dice que es muy importante mirar las estadísticas en la región y al interior de los países porque muchas veces lo que sucede en zonas urbanas es diferente de lo que ocurre en áreas rurales. En Perú --señala-- tienen estadísticas que revelan que las mujeres que mueren en manos de sus parejas son especialmente aquellas que son jóvenes, que están en etapa de crianza, que no están trabajando y tienen entre 18 y 29 años.  “Al mismo tiempo vemos que la sociedad nos da unos mensajes que ahora sí las mujeres jóvenes pueden estudiar, trabajar, hacer todo, pero en la realidad no es así. Cuando empiezas a asumir responsabilidades familiares también tienes el mandato de ser buena madre, de postergar todas tus posibilidades para sacar adelante a tus hijos, entonces hay mensajes contradictorios, que la propia sociedad les está dando. Y los hombres no están cambiando lo suficiente: tienen expectativas y comportamientos muy tradicionales en las relaciones de pareja”, subraya como factor que influye en que no se logre una baja en la tasa de femicidios.

--¿Por qué la respuesta punitivista no resuelve el problema?

--La respuesta punitivista va caso por caso. La sanción termina con la conducta irregular y el hombre en la cárcel. Eso soluciona el caso concreto, pero ¿cambia las circunstancias para que cambie el comportamiento de los otros hombres? ¿Hay un cambio social en la nueva generación? No. ¿Hay respuestas de reparación a la víctima si sobrevivió o a la familia? Tampoco, porque nos quedamos con los hombres en la cárcel. El Estado, si es que lo sanciona, cumplió su rol en ese caso. Pero necesitamos bastante más que la sanción, que es necesaria, pero se requiere un trabajo de cambio en la norma social.

--¿Cuáles son los principales déficit en la respuesta de los Estados?

--Un tema básico es el presupuesto. Los Estados --y acá estoy hablando de manera amplia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- hacen declaraciones, firman compromisos en contra de la violencia, sin embargo la voluntad política tiene que medirse en relación con qué presupuesto se habilitan y para qué. Ahí hay un tema que podemos diferenciar: muchas veces desde el Poder Ejecutivo se establece un presupuesto pero los gobiernos tiene un límite temporal y quieren que presupuesto rinda en un tiempo más bien corto y el tema de la prevención y del cambio de la norma social no va a resultar en términos de dos o tres años. Estas son apuestas de largo plazo, que hay que trabajar con educación, y entonces no es algo que se vaya a priorizar. Se prioriza aquello que te va a dar una respuesta mucho más rápida temporalmente que son los servicios, la atención a las víctimas --que es importante, sin dudas-- pero lo que queremos es que no haya más víctimas y para eso se necesitan apuestas a más largo plazo, con presupuesto, que tienen que ver con habilitar desde el Poder Judicial que haya una línea de trabajo que esté extendida en todo el país. Algunas veces hay países que son federales, como en el caso de Argentina, lo que implica diferentes decisiones en cada provincia, otros son Estados más bien unitarios, donde --aunque hay las mismas dificultades presupuestarias-- las decisiones se pueden implementar de manera más integral.

--¿Podría decir cinco puntos clave que los Estados deberían tener en cuenta para dar una respuesta integral a la problemática de la violencia por razones de género?

--El primero tiene que ver con la educación. La respuesta para cambiar la situación pensando en el largo aliento tiene que ver con trabajar el tema desde muy pequeños.

--¿Se refiere a la educación sexual integral?

--También, pero además educarnos para resolver los conflictos de una manera no confrontacional. ¿Cómo podemos pedir resolver los problemas de una manera más dialogante si desde chicos hemos aprendido el uso de la fuerza para la resolución de conflictos? ¿Cómo le podemos pedir a las mujeres que estén muy empoderadas a la hora de mantener la relación con su pareja si desde pequeñas no les hemos enseñado a dar cuenta de su voz, no las escuchamos y más bien hay mensajes diferentes en términos de cómo expresar sus sentimientos, sus ideas, la afirmación de su decisión? Estas son cuestiones que cuando uno es adulto es mucho más difícil cambiarlo. Un segundo elemento y que tiene que ver mucho con la educación es que hay que involucrar a los hombres de todas maneras. A las mujeres ya les hemos dicho mucho pero el mundo no lo cambiamos solo las mujeres: necesitamos el acompañamiento y el compromiso de los varones. Y esto es un elemento que tiene que ver con este cambio desde muy pequeños en la educación hacia el ejercicio de otros modelos de masculinidad.

--¿El tercer factor...?

--Ya hemos avanzado lo suficiente con la normativa aunque siempre es perfectible. Pero lo importante es que pueda ser canalizada y ejecutada a nivel nacional. Entre que la norma se da y la persona que brinda el servicio a la ciudadanía se capacita pasa mucho tiempo y en el medio tiene que desarrollarse protocolos, normas técnicas, para que esa persona que es la que opera la conozca. Ese proceso es largo, implica capacitación. Y cuando andamos cambiando de normas para hacerlas perfectibles nos olvidamos de todo este proceso para que la persona que está frente a la ciudadanía conozca el detalle. Ese es un reto que tenemos en nuestros países: la implementación de las políticas y las normas. Y esto está amarrado al presupuesto que se destine para esos fines. Otro aspecto importante, el cuarto factor, es que en nuestros países tenemos realidades distintas, mujeres que tienen accesos diferentes por cuestiones de sus lenguas maternas, por situaciones de discriminación que tienen que enfrentar, porque pertenecen a determinados grupos que sufren especial discriminación como las adolescentes, por ejemplo, o mujeres con discapacidad: entonces tenemos que atender esta diversidad de personas que sufren diferentes vulnerabilidades y tenemos que aproximarnos a sus realidades para poder ser efectivas.

--¿Los femicidios perdieron interés en el último tiempo en la agenda pública?

--No, no creo. Para llegar al feminicidio hay un montón de factores previos y algunas veces la ciudadanía cuando ocurre otra muerte empieza a decir “pero qué cosa hace la ministra de las Mujeres”, como si fuese su responsabilidad inmediata. Y cuestionan la existencia del Ministerio. Y al contrario, hay que fortalecer esos mecanismos para evitar estas consecuencias. Y algunas veces políticamente los femicidios son instrumentalizados para la crítica al gobierno o a la ministra de turno.

--¿Hay una reacción de la derecha en los países de la región en relación a lo que ha sido el avance en una agenda feminista?

--Totalmente. Hay un ala muy conservadora, muy vinculada a las iglesias, que se ha logrado organizar en América Latina, trascendiendo las fronteras, particularmente en el movimiento Con Mis Hijos no Te Metas, que se ha focalizado especialmente en el ámbito educativo con mucha fuerza. Entonces empiezan a ponerle letreros a todos esos esfuerzos que se vienen dando como “ideología de género” y a partir de eso desvalorizan todas las conquistas logradas. Y en esta lucha política que es el tema educativo se han posicionado contra la educación sexual para impedir que se brinde información a adolescentes, y como contraprestación tenemos a adolescentes embarazadas e incluso matrimonios muy jóvenes. En esa misma agenda levantan las banderas del falso síndrome de alienación parental, que en sede judicial se está usando y que nosotras estamos discutiendo.

--El SAP se usa para descalificar denuncias de abuso sexual contra progenitores...

--En varios países de la región estamos viendo que se está potenciando. Ya nos hemos pronunciado en contra. Es una problemática que no solo está en la región.

--¿Cómo se puede enfrentar el problema del incumplimiento de cuota alimentaria, una de las caras más frecuentes de la violencia económica por razones de género?

--Ese es un tema muy complejo porque, por un lado, se ha exigido que se establezcan montos de pensiones alimentarias, y cuando hemos tenido regímenes laborales que daban cierta estabilidad se podía embargar parte del sueldo pero en la informalidad de nuestros países nos encontramos con un mínimo de población económicamente estable, entonces se ha convertido en una situación muy difícil. Si seguimos en un modelo que lo mira como una responsabilidad individual, donde las personas tienen que probar cuánto tiene, comenzamos a acumular miles de juicios, para resolver uno por uno. ¿Tendríamos que estar pensando en soluciones más globales, con programa sociales que deban responder de otra manera? No lo sé. Es una pregunta que también me hago. La informalidad en el empleo nos atraviesa a hombres y a mujeres, pero las mujeres sacamos adelante nuestros hijos, de alguna manera. Y la precariedad del empleo también la sufrimos.

--Hace un par de semanas estaba en el temario de la Cámara de Diputados argentina el tratamiento de un proyecto de ley para darle rango constitucional a la Convención de Belén do Pará, pero finalmente no se trató. ¿Por qué es importante ese paso?

--La Convención de Belén do Pará surge en el año 1994. Su foco de análisis es la violencia contra la mujer por razones de género, tanto en el ámbito privado como en el comunitario, y ahí nos referimos a la violencia en el ámbito de la educación, laboral, en los medios de transporte, en general las diferentes formas de violencia que se dan y también aquella perpetrada o tolerada por los Estados. Es el primer tratado internacional que focaliza en la temática de la violencia y que ha sido suscripto por 32 de los 34 estados de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, es una convención que ha tenido un alto grado de consenso. En primer lugar, entonces, esta convención ha permitido que los Estados reconozcan que es una problemática que tienen que abordar y que de hecho la están abordando pero que nos permite ver esfuerzos compartidos, dentro de América latina y el Caribe que son dos realidades bien distintas. Y estamos hablando de la protección de derechos sustantivos, que tiene que ver con el derecho a la salud, a la vida, a la educación. Ha sido analizada varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho referencia a la Convención y ha establecido determinados estándares que los Estados deben respetar. ¿Por qué es importante darle rango constitucional? Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y en todos nuestros países las constituciones son las que los preservan.

--Hubo un par de columnas de opinión de funcionarios, voces aisladas por cierto, que señalaban que la Convención de Belén do Pará atenta contra la familia...

--Esas posturas son parte de estos discursos conservadores que lo que quisieran es que la situación siga siendo aquella en la que el Estado no se mete en la familias, y entonces las familias son un velo que oscurecen estas relaciones. Y eso es bien peligroso. Las familias tenemos un ambiente privado, sí, pero lo que no podemos permitir es que dentro de las familias se ejerza violencia, ya sea contra los niños, contra las mujeres. El Estado tiene que garantizar los derechos fundamentales de cada miembro de la familia. La familia tiene que servir para proteger nuestros derechos, nunca para vulnerarlos.