Los gobiernos de Chile y Bolivia esperan para los próximos días el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se dará a conocer en La Haya sobre la disputa que ambas naciones mantienen por el uso de las aguas del río Silala, para cerrar una controversia bilateral que se arrastra desde 2016.
El Silala es un río que se origina en altos humedales del departamento boliviano de Potosí y fluye a lo largo de unos ocho kilómetros para luego desviarse a una zona de recepción en Chile, que por esta razón lo considera un curso de agua internacional, sujeto a normativas específicas.
Sin embargo, Bolivia sostiene que se trata de manantiales nacidos dentro de sus límites y que fueron canalizados por una empresa de ferrocarriles en 1920 para que sigan un curso que no es el natural.
Durante el largo proceso, ambos gobiernos señalaron que esperan confiados un resultado favorable a sus demandas.
El comienzo del litigio
En 2016, Chile presentó sorpresivamente una demanda sobre el estatus y uso de sus aguas, que fue respondido por una contrademanda de Bolivia solicitando a la CIJ que dictaminara que tenía "soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala" y exigió que Chile pague una indemnización por su uso.
Las últimas audiencias sobre el caso se realizaron en abril de este año, cuando las partes formularon sus alegatos y tuvieron oportunidad de interpelar a la otra parte.
El pedido de Bolivia
En esa oportunidad el representante de Bolivia ante la CIJ, el diplomático Roberto Calzadilla, pidió al organismo judicial que declare la soberanía boliviana sobre el "flujo artificial" de las aguas del Silala en su territorio, y que "Chile no posee derechos adquiridos" sobre ese flujo de agua.
Para la delegación de Bolivia, los canales construidos sobre el Silala en su territorio aumentaron artificialmente el caudal, y por ello Chile no puede alegar derechos adquiridos para su acceso a esas aguas.
La respuesta de Chile
Por la parte chilena, la representante Ximena Fuentes pidió a la CIJ que rechace los argumentos de Bolivia y alegó que la exposición boliviana carece de base legal al hacer una diferencia entre causes naturales y artificiales.
Chile insiste en la validez del derecho consuetudinario (normas no escritas pero cuya aplicación se tornó habitual por su repetición en el tiempo) en el caso de las aguas del Silala.
La especialista chilena también había pedido a la CIJ que exprese que Bolivia está obligada a tomar medidas para evitar la contaminación de las aguas, así como a cooperar y "notificar oportunamente a Chile" sobre medidas que puedan tener "un efecto adversos en recursos acuíferos compartidos".
El desmonte en territorio boliviano de los canales -que afectaron los bofedales de la región- tendría un impacto importante en el caudal del Silala. Por ello, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, adelantó ya en abril que su país espera "claridad" en el fallo de la CIJ.
"Nosotros hemos manifestado que queremos mantener y reponer ese ecosistema, seriamente dañado por estos canales", pero con ello "Chile podría acusarnos" en una demanda, dijo el jefe de la diplomacia boliviana. Por ello, "nosotros hemos pedido a la Corte que haya claridad" en el fallo, agregó.
Décadas de enfrentamiento
Chile y Bolivia llevan décadas enfrentadas por demandas sobre el estatus de aguas fluviales y marítimas. Sus relaciones diplomáticas están rotas desde 1978, cuando fracasó el último intento de negociar un acceso al Pacífico para Bolivia.
En el año 2000, Chile propuso negociar formalmente el uso de las aguas del Silala y estaba dispuesto a pagar por ello, pero esas conversaciones se estancaron cuando Bolivia elevó el precio.
