Aunque todavía no fue promulgada por el Poder Ejecutivo porteño -que podría publicarla en el Boletín Oficial de la Ciudad en los próximos días-, por lo que se desconoce en qué fecha entra en vigencia, en CABA ya no será necesario pagar para inscribir a padres morosos en el Registro de Deudores Alimentarios. El proyecto, presentado por la legisladora Lucía Campora (FdT), fue aprobado por unanimidad el 10 de noviembre y establece la gratuidad de un trámite que tiene como principales beneficiarias a las mujeres.
La nueva ley elimina los aranceles de los oficios judiciales. “Sabemos que son mayormente las mujeres quienes deben reclamar alimentos. Hasta ahora, en la Ciudad de Buenos Aires había que pagar para reclamar y para pedir la inscripción en el registro de deudores”, explicó Campora en diálogo con este diario.
En la Ciudad, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos nuclea e identifica a alrededor de 8000 progenitores que deben la cuota alimentaria por hijos en común. Sin embargo, se estima que son muchos más pero que, por dificultades del trámite, que incluyen el costo económico de la gestión, no se encuentran inscriptos.
Para sumar a un deudor al registro, hasta la entrada en vigencia de la nueva ley es preciso abonar un arancel de entre 1160 y 8110 pesos. “Encima que estabas demandando al padre de tus hijos en común la cuota alimentaria, tenias que pagar para reclamarlo. No tenía ningún sentido que tuvieran que abonar ese monto”, reflexionó Campora.
Para las contrataciones del Estado o incluso para obtener la licencia de conducir es un requisito no aparecer en el Registro. Además, el artículo 553 del Código Civil y Comercial advierte que, orden judicial mediante, es posible impedir al deudor el ingreso a un club o salir del país.
La legisladora detalló que, según las estimaciones, en el 66 por ciento de los casos las mujeres madres no perciben en tiempo y forma la cuota alimentaria. Esto, señaló, se enmarca en luchas de las agendas feministas. “Primero, en el planteo de la reforma judicial transfeminista, porque efectivamente el reclamo por alimentos es un trámite judicial muy engorroso, que dificulta muchisimo el acceso al derecho”, sostuvo. “Sabemos que esos 8.000 inscritos no son un reflejo de la realidad. Ese número se genera por medio de las denuncias que pudieron llegar a término”, añadió.
Muchas veces, subrayó, el reclamo judicial está relacionado con la brecha económica. “La deuda por alimentos suele impactar en las mujeres, así que con esto bordeamos las dos cosas”, remarcó.
Un proyecto para todo el país
En la Cámara de Diputados se aprobó la media sanción, el 18 de noviembre último, de un proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional de Padres Deudores. Para inscribir al incumplidor, según el proyecto que ahora debe tratar el Senado, tiene que haber sentencia firme y debe adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. A veces los incumplidores pagan salteado como estrategia para no llegar a quedar expuestos para ser inscriptos pero no se terminan de poner al día.
Este año el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que encabeza Estela Díaz presentó los resultados de una encuesta respondida por más de seis mil mujeres de los 135 municipios bonaerenses: Casi siete de cada diez mujeres separadas y con hijos que la contestaron no reciben obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. El estudio –el primero de ese alcance -- reveló que el incumplimiento de la obligación alimentaria “es significativo, independientemente de la condición laboral de los progenitores” y “es transversal a los distintos sectores sociales”.
Informe: Mercedes Chamli.
