Ayer comenzó el Primer Encuentro Plurinacional "Entretejernos Trans", organizado por Mujeres Trans Argentina (MTA). Entre las diversas propuestas, se llevó adelante la Mesa Política Plurinacional y Transfeminista: “Militando el Estado sobre Políticas de Géneros y Diversidades”, donde se pudo profundizar y repensar políticas públicas en clave de género e igualdad. 

El encuentro concluye hoy con la elaboración de un documento conjunto y la participación en la Marcha del Orgullo en la provincia, que se convoca a las 17, en las calles Lavalle y San Martín.

Entre las disertantes estuvo Alba Rueda, actual representante especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Antes la reconocida activista por los derechos LGBTI+ fue subsecretaria de Políticas de Diversidad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y fue la primera mujer trans en el mundo en ocupar un cargo de esa jerarquía.

Para Rueda, pensar políticas públicas a favor del colectivo travesti trans significa un "hacer colectivamente", desde las propias organizaciones territoriales. Consideró que actualmente existen políticas "blandas" que "no terminan de expresar las desigualdades que vivimos y atravesamos". 

"Creo que cuando pensamos en el Estado, hay mucho de eso en juego", además de "cierta falta de valoración sobre el camino recorrido" de las propias organizaciones travestis trans, agregó la funcionaria nacional. En ese sentido, insistió en que la agenda pública sea motorizada por la propia comunidad, ya que se tiene que correr el eje hacia el sector sacándolo de una lógica binaria que aún consolida el Estado argentino. 

Rueda afirmó que el "movimiento trans es fundamental para pensar las agendas públicas", sobre todo, desde las provincias. 

Bejerano y Rueda.

Luz Bejerano integra Mujeres Trans Argentina y actualmente trabaja en el Ministerio Público Fiscal de Salta, donde se desempeña en la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios de Salta (UFEM). Su ingreso fue a mitad de 2021, y con ello el MPF se convirtió en el único organismo en poner en práctica la inclusión laboral travesti trans. 

Este medio realizó un relevamiento el año pasado y constató que sólo el MPF de Salta cuenta con una persona trans dentro de su ámbito laboral, a pesar de que en 2021 el Congreso de la Nación sancionó la ley de cupo laboral travesti trans. 

Bejerano aseguró que "más que nunca" es necesaria "una reforma (judicial) transfeminista", que permita cumplir las leyes a favor del colectivo travesti trans. A modo de ejemplo, dijo que hoy no se cumple con la ley de Identidad de Género cuando una persona trans realiza una denuncia (en cualquiera de sus formatos), porque muchas veces no se respeta su identidad autopercibida. 

"Hay que trabajar en las violencias que vivimos las mujeres trans, en la Fiscalía lo estamos haciendo, quizás es muy poco porque realmente hay que cambiar mucho", más cuando se tiene legislaciones binarias, es decir, sólo en término de varón y mujer, dijo la trabajadora. Expresó asimismo que esos cambios dependen de los mismos movimientos, ya que son quienes impulsan las transformaciones sociales dentro del Estado.

Quien también estuvo fue Fran Bubani, doctora en ingeniería, investigadora científica y docente universitaria que relató cómo fue su autoaceptación y transición de género dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). "Me llevó cuatro décadas de un proceso de autoaceptación, de autonocimiento, para convertirme en quien realmente soy", sostuvo. 

Contó que su proceso fue doloroso porque cuando hizo pública su transición de género en 2019, "me imaginaba que iba ser difícil, pero me di cuenta que es mucho peor y que la violencia de género en la ciencia y la tecnología es tremenda". "Por miedo a perder nuestras carreras profesionales no hablábamos de esas cosas", aseguró. 

En ese sentido, destacó dos caminos a tener en cuenta para impulsar los procesos de transformación social. El primero tiene que ver con la existencia de grupas autoconvocadas, ya que "tienen más libertad de acción". Por otro lado, también están las personas con responsabilidad dentro del Estado, que pueden "cambiar el organigrama", situación que le pasó al prestigioso Instituto Balseiro cuando se creó la comisión de género, diversidad y convivencia, bajo la iniciativa de Busani, que enseña en el Instituto. 

"Los dos caminos son necesarios", dijo. A ello agregó que "no quería ser activista, pero mi activismo terminó siendo una respuesta política a cada situación de discriminación y violencia que experimenté en carne propia. La discriminación y la violencia de género me convirtieron en la activista que soy hoy". 

De la mesa también participaron la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Salta, Itatí Carrique; la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; la directora General de Promoción de la Igualdad de los Géneros del Ministerio de Desarrollo Social, Luciana Módica, y la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Ana Pérez Declercq. 

Qué dice el Observatorio

La semana pasada el OVcM presentó su séptimo informe anual. Allí se detalló que de los 60 municipios que tiene la provincia, el 73% cuenta con un área especializada en género y diversidad. El organismo señaló que la población LGBTI+ debe ser considerada como agente de derecho implicado en los procesos de construcción de marcos normativos, políticas y acciones en todo su ciclo. 

En este sentido, "es imprescindible que en cada localidad se generen políticas públicas efectivas de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales diseñadas en conjunto con la población LGBTI+", sostuvo. 

De la misma manera, recordó que este año se creó en la provincia de Salta la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo. El Observatorio dijo que la creación de esta Secretaría representa un "hito en el proceso de institucionalización de la agenda de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad en la Provincia de Salta". 

No obstante, aseguró que a nivel municipal, "aún existen áreas que sólo se denominan 'Área de Mujer' o 'Área de Mujeres', lo cual implica reducir la problemática de las desigualdades de género a las realidades que transitan sólo las mujeres heterocis. Por ello, es necesario continuar profundizando en la perspectiva de género en los diferentes niveles del Estado que sea consecuente con la Ley N° 26.743, de Identidad de Género". 

A pesar de ello, se detalló que en 2020, de los 60 municipios sólo el 11% tenía área de diversidad y en el relevamiento del presente año, el número de áreas de diversidad ascendió a 55%. "La mayor visibilidad y presencia de las áreas que abordan la temática de diversidad es un avance, sin embargo, aún quedan por relevar las acciones que llevan adelante", advirtió. 

En el análisis minucioso, el Observatorio constató que, de 58 municipios que respondieron el relevamiento sólo 33 afirmaron tener políticas públicas con perspectiva de género. Esas políticas consisten en acciones de prevención, como capacitaciones, talleres y sensibilizaciones sobre violencia de género, hasta la asistencia y acompañamiento a través de asesoramientos legales, más la articulación con otras instituciones como de salud o programas nacionales como Acompañar o Potenciar. 

También se observaron iniciativas vinculadas a proyectos productivos, capacitaciones en oficios o de propuestas recreativas como fútbol femenino. Asimismo, algunos municipios sólo respondieron que las políticas públicas con perspectiva de género se circunscriben a la dimensión institucional, es decir a la disposición de las áreas de mujeres, género y diversidad.

Mientras que, con respecto a la planificación de sus acciones, de las 58 respuestas obtenidas, se puede identificar que 35 municipios no disponen de políticas de planificación respecto a las acciones y políticas públicas vinculadas a mujeres, género y diversidad, y 23 sí.

A ello se suma la temática del presupuesto con perspectiva de género, sobre la que los 44 municipios que tienen áreas de mujeres, género y diversidad, 35 declararon no poseer presupuesto sensible a esas áreas, y 9, sí. De estos últimos, únicamente 3 pueden cuantificar en cifras específicas el destino de los fondos presupuestarios, mientras que 6 mencionaron que tales fondos del presupuesto sí existen, pero "son cifras variables o se desconoce de qué cantidad se trata". 

Por ello, el Observatorio sostuvo que "aún es una deuda pendiente avanzar en materia de transparencia, así como incentivar y fomentar la participación de la ciudadanía en lo relacionado a la administración de los recursos públicos".