El Archivo Provincial de la Memoria está inmerso en un proceso de acopio, identificación, clasificación, catalogación y ordenamiento de documentación de las Unidades Carcelarias de Orán, Tartagal y Metán que fueron entregados por el Archivo Central de la Provincia. 

Son expedientes que corresponden en su mayoría al periodo de terrorismo estatal, de 1975 a 1983, cuando se recuperó la democracia. Y surgen datos de personas que fueron detenidas por razones políticas que hasta ahora no estaban registradas de esa manera. 

La directora del Archivo de la Memoria, Alba Fernández, informó que estos documentos recibidos serán analizados "con el objeto de identificar y clasificar aquellos que correspondan o refieran a situaciones de delitos de lesa humanidad". Según explicó, la acción de catalogar y describir los documentos permite que "se transformen en fuentes documentales y formen parte del patrimonio", es decir que se trata de "una importante incorporación de elementos que por la función social del Archivo es clave para la construcción de memoria y un soporte para acciones reparatorias”.

También la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes, destacó la incorporación de estos documentos al Archivo de la Memoria. “Entendemos el valor de los documentos a resguardo del Archivo de la Memoria como parte de las políticas públicas, por eso avanzamos en una gestión en base a la democratización del acceso a los archivos, con criterios objetivos de valoración archivística y conservación documental, jerarquizando el trabajo que se realiza para la salvaguarda de la documentación”, sostuvo en declaraciones que cita el comunicado oficial del gobierno de Salta. 

Reyes subrayó que el proceso de incorporación de estos documentos al "patrimonio documental histórico se realiza de manera articulada" con otros organismos del estado provincial, "con la idea de poder aportar a las investigaciones sobre historia nacional y provincial”. El Archivo Provincial de la Memoria depende de la Secretaría de Derechos Humanos. 

Alba Fernández (derecha) en el análisis de la documentación. 

Según informó el gobierno de Salta, el titular del Archivo Central de la provincia, Pablo Genovese, remitió al Archivo de la Memoria "el Fondo Documental Penal, que se integra por instrumentos correspondientes a los años 1975 a 1983", mientras que los procesos técnicos se llevan a cabo con colaboración del equipo de la Coordinación de Bibliotecas y Archivos, "Dr. Victorino de la Plaza".

"Es fundamental trabajar de manera coordinada e integradora entre las instituciones para la preservación de fondos documentales que permitan la reconstrucción de la memoria, el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, en este caso específico de los procesos de judicialización durante el terrorismo de Estado”, resaltó Fernández en declaraciones incluidas en el parte oficial. 

La funcionaria explicó a Salta/12 que hasta ahora en el Archivo de la Memoria llevan revisados 30 libros, cada uno tiene 50 expedientes, en los que encontraron diez hábeas corpus. Y aunque consideró que "falta hilar más fino, buscar más datos", contó que si bien estas presentaciones fueron realizadas por personas detenidas con proceso penal por delitos comunes, como robo de ganado o estafas, "hay muchos que son muy llamativos", porque se repiten los abogados. 

Además de analizar y clasificar la documentación se cruzan datos, "ese es el trabajo que estamos haciendo", aunque todavía necesitan de más tiempo, sostuvo. 

Tres mil prontuarios 

Entre los documentos que recibieron en el Archivo de la Memoria, están los legajos prontuariales de las personas detenidas entre 1975 y 1983. "Son 3 mil prontuarios de presos, dentro de este fondo hay un subfondo de presos políticos", detalló Fernández. 

Además "cada expediente prontuarial viene con decreto presidencial de detención, pero resulta que ese decreto no viene individual, viene con diez, veinte personas a las que hay que detener". Y entre esas listas encuentran nombres de personas que "nunca fueron registradas" como detenidas políticas, informó. Añadió que es llamativa la cantidad de ellos que iba al médico. 

Fernández contó que lograron cruzar uno de los prontuarios, de Juan Antonio Cardozo, que está identificado en el fondo documental del Ministerio de Gobierno. Encontraron que había un telegrama de su hija dirigido a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón en el que contaba que junto a otras mujeres habían ido a visitar a sus familiares detenidos y los habían encontrado muy golpeados. 

En el legajo de Juan Antonio Cardozo hay fotos, cartas. Surge que era de Tartagal, que fue detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por decreto 156 de 1974.  En ese decreto hay una lista de 23 personas que debían ser detenidas junto Cardozo. "Cada prontuario tiene además de la identificación individual" de la persona a la que se refiere, nombres de otras personas cuya detención se ordenaba, es decir que "Se abren más líneas y se abre el panorama de indagación", detalló Fernández para graficar la complejidad del trabajo que están realizando. En el legajo de Cardozo también figura un pedido de traslado, y en este caso integra una con otro grupo de presos, con lo cual también se abre una línea de investigación. 

De la documentación que vienen clasificando y analizando hasta ahora surgen también otros datos, como los lugares donde estuvieron detenidos, a dónde fueron trasladados, las visitas al médico, por qué razones. Los libros de las cárceles exhiben otros datos de interés, por ejemplo, las cosas que se requisaron. "Creo que son datos importantes para los familiares". 

Fernández dijo que en el Archivo de la Memoria tienen el objetivo inmediato de que en los 40 años de democracia "restituirle a la sociedad como fueron los procesos de detención" en aquellos años de terror. Precisamente, calculó que analizar la documentación que les llegó recientemente les llevará unos tres meses de trabajo. 

Federalizar los archivos

A principios de noviembre se realizó en Santa Fe el Encuentro Federal de Archivos de la Memoria. Organizado por el Archivo de la Memoria Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe, el encuentro se hizo el objetivo de profundizar el intercambio de experiencias entre los organismos que tienen a su cargo el resguardo del patrimonio documental de la memoria como política pública y las instituciones que proyectan la planificación y creación de nuevos archivos locales, se informó oficialmente. 

Por Salta participó Alba Fernández; además de poner en común las experiencias de los Archivos de la Memoria de las distintas provincias, se reunieron en comisiones de trabajo en los que trataron cuatro ejes: investigar en los archivos de memoria; la normalización y accesibilidad de la documentación con vistas a una democratización y federalización de los archivos; estrategias de visibilización, y documentos audiovisuales, fotográficos y sonoros.

Fernández contó a este medio que de esa reunión trajeron la tarea de "poder reconstruir estos procesos".

Volvió al caso de Juan Antonio Cardozo. De él "no se sabe más", si fue liberado, si regresó a su casa. "Tenemos como esos procesos vacíos, que vamos a intentar trazarlos". La idea es comprobar si en aquellos casos en que los legajos figura que fueron liberados, "si (efectivamente) la persona volvió a su casa, se reencontró con sus familiares". 

Fernández destacó que piensan el Archivo de la memoria no solo como espacio para conservar documentación, sino también "como espacio de investigación", con lo que tiene que "ver con acceso, toda una política y desarrollo de los derechos humanos", por eso se proponen trabajar en investigación, digitalización, difusión. "En ese sentido tenemos un norte trazado, tenemos esa misión, hasta donde queremos llegar, hacia donde queremos llevar el proceso". 

En cuanto al objetivo de federalización de la información, Fernández resaltó que ya hicieron una experiencia con Córdoba, sobre el estudiante salteño Gerardo Ramón Ricardone Giarda, secuestrado, y desaparecido, el 6 de agosto de 1978 en aquella provincia, donde estudiaba en la Facultad de Psicología. A raíz de un pedido de información de esa Facultad, que está reconstruyendo la historia de sus estudiantes víctimas del terrorismo estatal, el Archivo de la Memoria de Salta aportó datos de su paso por la Escuela Normal y con el aporte del Registro Civil provincial, compartieron el acta de su nacimiento, así surgieron más datos sobre sus padres, dónde vivía.