A 12 años del crimen de Sonia Liliana Garabedian (37), con un expediente de más de 10 mil fojas, tres pericias de autopsia y el paso de 6 fiscales por la causa, finalmente la Justicia de Catamarca comenzó a investigar su muerte e imputó al ex marido, Roberto Alejandro Barros. 

La causa estaba caratulada hasta ayer como “desaparición con sospecha de criminalidad”.

La madre de la joven, Lola Carrizo aseguró a Catamarca12/, “Quiero verlos dentro del lugar que le corresponde a él y a los que acompañaron porque él solo no fue”.

Fue en horas de la mañana de ayer cuando Barros, acompañado por su ahora defensor, Herman Zalazar, se presentó ante la fiscala Yésica Miranda, por quien fue citado para brindar declaración indagatoria por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. El acusado se negó a declarar y como contraparte hizo pedidos formales de algunas de las partes del expediente.

Barros, quien para la familia de Liliana siempre fue el principal sospechoso de su muerte, nunca brindó siquiera un testimonio en el marco de la causa y fue ingresado como querellante por los entonces fiscales Marcelo Sago y Juan Pablo Morales, para poder reclamarle al Estado una indemnización de 500 mil pesos.

Como querellante, nunca aportó pruebas en el marco de la causa. Sólo actuó una vez poniendo un perito de parte cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó la primera reautopsia en 2015, un acto que le cabría más a la defensa que a una querella.

Por su parte, el abogado que representa a la madre de Liliana, Ivan Saquís, aseguró a este diario: “Lo relevante es que finalmente se lo separó de la querella y se lo está investigando por la muerte de Liliana. Lo que nosotros hicimos fue pedirle a la fiscal que lo separara y lo impute por el homicidio porque creemos que hay indicios. Creo que estamos detrás del culpable, del responsable de la muerte. Ya era momento que se empiece a visibilizar y por fin avanzar la causa”

Además, Barros tiene restricciones y no puede abandonar el país.

El delito de abandono de persona seguida de muerte prevé penas que van desde los 6 a los 15 años y en este caso particular estas penas se elevan por el agravante de que Barros era conyuge.

Lucha

Fue la madre de Liliana, Lola, quien como querellante contribuyó con la mayor cantidad de pruebas en la causa y solicitud de pericias.

Al ser consultada por Catamarca/12 sobre la imputación señaló: “Siento que estoy en el 2010, en la primera semana, y agradezco toda la lucha y acompañamiento de todas las personas para seguir adelante todos estos años. A los amigos, familia, abogados que pasaron. Siento que algo está empezando pero sé que falta mucho todavía. A mi hija no me la va a devolver nadie, pero quiero justicia para ella. El dolor que tengo de no tener a mi hija y de ver que mis nietos que adorábamos fueron apartados de nosotros y saber que le enseñaron a odiar a la madre, es algo que nunca les voy a perdonar”, dijo.

“Quiero verlos dentro del lugar que le corresponde a él y a los que acompañaron porque él solo no fue. Agradezco a Dios por esto que está pasando, pero vamos a llegar. Tengo una denuncia que me hizo para que yo cierre el hocico y no hable más en la prensa del homicidio de mi hija. Pero así me pongan millones no la voy a cerrar la boca… mi hija era el sueño de ser mamá y me la arrebataron”.

La causa

Liliana fue encontrada sin vida en un descampado de la localidad de Nueva Coneta el 12 de diciembre de 2010. Había sido Barros quien el 9 de diciembre denunció su desaparición, pese a que tenía restricciones de acercamiento por una denuncia de violencia de género que había radicado Liliana los primeros días de noviembre de ese año.

El 6 de diciembre, antes de ser asesinada, Liliana permaneció 18 horas detenida de manera irregular en la Comisaría Décima. Según el libro de actas fue por “averiguación de antecedentes y medio de vida”. Según la madre de Liliana, fue detenida porque había ido a buscar a sus hijos a la casa de la hermana de Barros, quien era policía, y no quería entregárselos.

De la Comisaría, a donde también está asentado que Barros concurrió tres veces para pedir  que no la dejaran salir a su esposa, Liliana fue llevada a la guardia psicológica del Hospital San Juan Bautista. El alta se la dio una profesional, quien entendió que alguien la esperaba en la puerta. Fue la última vez que la vieron con vida.

Según las pruebas que obran en el expediente a las que tuvo acceso este diario, la causa estuvo repleta de impericias. La primera autopsia no siguió los procedimientos legales ni profesionales y determinó que falleció de hambre y sed. Los seis fiscales que pasaron por la investigación defendieron esa autopsia e incluso intentaron enviar a archivo la causa en dos oportunidades.

En 2015, el EAAF determinó, luego de exhumar su cuerpo, que la causa de muerte de Liliana fue asfixia mecánica por lazo. Los fiscales no quisieron dar crédito, hasta que en febrero de este año, y a pedido de la fiscala Miranda, el equipo tanatológico de Gendarmería Nacional, aseguró que la joven tuvo una muerte violenta (coincidiendo con la pericia del EAFF) y que antes sufrió “violencia física, psicológica, económica y patrimonial” por parte de su ex marido hoy imputado en la causa.