El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para el 31 de agosto próximo, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de un edificio en el que funcionan oficinas del Ministerio Público Fiscal. La inmobiliaria que participó de esa transacción pagó una abultada comisión a un intermediario que es medio hermano de un funcionario de la Procuración. Gils Carbó, que se presentará a la audiencia, sostiene que existieron irregularidades en el trámite, pero que ella fue ajena a la maniobra. Que se aprobó la licitación que tenía la mejor oferta y que participaron 25 funcionarios de distintas áreas. Además, vincula el avance de la investigación con la embestida del Gobierno en su contra, ya que el propio presidente Mauricio Macri dijo esta semana que la procuradora debía dejar su puesto. Juan Carlos Thill, el gestor involucrado, presentó un pedido de nulidad de la causa, que se inició con un anónimo. 

 Ercolini aceptó ayer el pedido que le había realizado el fiscal Eduardo Taianao y dispuso citar a once personas entre el 3 y el 31 de agosto. El juez apunta a establecer si la compra del edificio en cuestión fue “planeada y llevada a cabo desde los más altos niveles de decisión de la Procuración General de la Nación a efectos de que fuera adquirido por el aludido organismo a la empresa Arfinsa Argentina Financiera S.A.”. También, si el proceso licitatorio fue “direccionado desde su inicio, mediante la confección de un pliego hecho a la medida”. El juez aludió a la intermediación desempeñada por Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A., que cobró por esa función “una exorbitante comisión”, que fue entregada por Jaureguiberry a Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Alfredo Bellingi, quien es funcionario de la Procuración e intervino en la licitación. Thill y Bellingi también serán indagados. Para el juez “se arriba al estado de sospecha requerido para la etapa que se transita sobre la influencia que el primero de los nombrados pudo haber hecho valer en relación al segundo de ellos y éste, a su vez, con la anuencia de Alejandra Gils Carbó, sobre los demás funcionarios públicos que debían intervenir” en la licitación.

Thill presentó en el expediente un pedido de nulidad porque la causa se originó por un anónimo que fue tirado por abajo de la puerta en la fiscalía de Carlos Rívolo. En base a ese papel, Rívolo inició una investigación preliminar; pero con los mismos datos, el fiscal Guillermo Marijuán hizo una denuncia. Esas fueron algunas de las irregularidades que señaló. Otra, que Marijuán hizo la denuncia y luego el requerimiento de instrucción, lo que va en contra de las normas procesales.   

Gils Carbó explicó que se enteró por los medios de estas supuestas irregularidades: “El Ministerio Público Fiscal no pagó comisiones. Fue una de las condiciones. Ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos. Esta era la cuarta. Como procuradora, según las reglas de la administración pública, podía haber hecho una venta directa. Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho”, señaló. 

Además, vinculó el avance de la investigación con la intención explícita del Gobierno de apartarla del cargo. La semana pasada ya había trascendido que la procuradora sería citada a indagatoria y que, luego, el Gobierno firmaría un decreto para echarla. Ante el repudio generalizado, incluso de aliados oficialistas como Elisa Carrió, el ministro de Justicia, Germán  Garavano, dijo que no avanzarían con el decreto. Pero, llamativamente, al día siguiente, el propio Macri salió a criticar y pedir la renuncia de la procuradora. Gils Carbó ya anunció que no aceptará que la remuevan de esa forma. “El mensaje sería que pueden echar a cualquier fiscal en esas condiciones”, aseguró.