La pandemia dejó en claro que el futuro será con los servicios públicos a la cabeza o, parafraseando a Perón, con la cabeza de los servicios públicos. El cambio climático, la justicia social e impositiva, la provisión de educación, salud y vivienda son escenarios de una batalla por definir el rostro del porvenir: servicios públicos bien financiados o una sociedad distópica manejada por los mercados.
Con este campo de batalla de fondo comenzó en Santiago de Chile la conferencia “Nuestro Futuro es Público”, cuatro días de debates de cientos de representantes de los servicios públicos de todo el planeta y decenas de ONGs. “El futuro es público significa que queremos volver a los principios fundamentales de la democracia, a la responsabilidad del estado en la defensa y desarrollo de los bienes comunes. Sin servicios públicos de calidad, no habrá salida a las emergencias que estamos enfrentando”, dijo en el discurso inaugural, Rosa Pavanelli, secretaria general del PSI (Public Service International).
La alternativa es la creciente colonización que el mercado está haciendo en nombre de la austeridad o la eficiencia para privatizar de modo parcial, disfrazado o total sectores esenciales. El resultado de esta intervención - que comenzó en el Chile de Pinochet y se universalizó con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los 80 - está a la vista: creciente desigualdad y exclusión, deterioro del acceso y la calidad de los servicios, uso de mano de obra barata o gratis para sectores clave como el cuidado de la salud de la tercera edad. “La pandemia expuso el fracaso de la austeridad y del sistemático desfinanciamiento de los servicios públicos llevado a cabo en todos estos años”, señaló a Pagina/12 Pavanelli.
El manifiesto de “Nuestro futuro es público” contiene 10 puntos que incluyen el aumento de las partidas presupuestarias, el fin de las condicionalidades de los programas del FMI, la reestructuración o cancelación de la deuda y el urgente aumento y asignación de derechos de giro del organismo multilateral para lidiar con los efectos de la pandemia y la guerra.
En la vereda de enfrente de esta agenda se encuentran intereses público-privados congregados en torno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (que no olvidemos son parte del sector público, financiados por nuestros estados).
Austeridad global con buenos modales
Las décadas de neoliberalismo no han pasado en vano: ningún lugar mejor que Chile, embrión del proyecto, para testificarlo. Hoy ni siguiera el FMI ha salido indemne del deterioro económico-social que provocaron la austeridad y el desfinanciamiento público.
El cambio de lenguaje del Fondo es más cosmético que efectivo, pero marca un viraje en el debate público respecto a la machacona insistencia que dominaron sus pronunciamientos desde los 60 y con mayor fuerza desde los 80 y 90. La directora Kristalina Georgiva escenificó en gran medida este cambio cuando, durante la pandemia, recomendó políticas de asistencia fiscal y enfatizó los beneficios “económicos” del gasto en salud y social.
En la práctica este cambio terminó en una suerte de esquizofrenia política. Por una parte informes internos del FMI cuestionan el pasado y futuro de la austeridad y acuñan términos como el de “piso de la inversión social” para proteger el gasto en sectores sensibles como salud y educación. Por el otro, en sus negociaciones con los distintos países, exigen como parte innegociable de los acuerdos, una “consolidación fiscal”.
Un estudio de la ONG Eurodad, participante de la conferencia, señaló que de 80 países que recibieron ayuda de emergencia del FMI durante la pandemia, 72 se habían embarcado unos meses más tarde en un programa de consolidación fiscal. Eurodad estimó que el ajuste terminó siendo casi cinco veces más grande que la ayuda recibida por el organismo multilateral.
No hay cambios a la vista. Un estudio de dos agudos observadores de la austeridad mundial en la última década, Isabel Ortiz y Matthew Cummins, encontró que 143 países (94 naciones en desarrollo) ajustarán su gasto en 2023. En términos del conjunto de la humanidad, esto significa que el 85% de la población global estará viviendo bajo medidas de austeridad.
¿Qué hacer?
La pandemia abrió una puerta que hoy parece haberse cerrado. En 2020, al comienzo de la pandemia, el “Financial Times” anunció en sus titulares el “funeral de la austeridad”. Las exequias no se produjeron. El discurso dominante se rearmó con bastante rapidez, pero con indudables grietas, como señaló en la conferencia, Rodrigo Echecopar, de la Iniciativa Global para los derechos económicos, sociales y culturales. “El neoliberalismo está herido porque queda claro que este modelo no suministra un sistema sostenible para todos. Pero que esté herido no quiere decir que nosotros vamos a ser la alternativa. La prueba de esto es el crecimiento de la ultraderecha. Este fenómeno no es solo una amenaza sino la prueba de que la gente está buscando alguna salida a este fracaso”, señaló. Los recursos para el financiamiento están: el problema es la política. “Estos recursos se pueden buscar con una más justa distribución de la riqueza que empieza por acabar con los flujos de dinero ilícito y los paraísos fiscales, el impuesto global mínimo a las multinacionales y un impuesto a la riqueza. Pero esto requiere voluntad política y lucha”, señaló a Pagina 12 Pavanelli.
Esta es la agenda macro. Pero en la conferencia del PSI hay una agenda micro con el análisis de medidas concretas en los distintos foros que debaten cómo avanzar en la economía del cuidado, educación, alimentación, salud, vivienda, transporte y agua. En este nivel más inmediato, la participación popular es clave, una de las enseñanzas del llamado "nuevo municipalismo". En representación de Irací Hassler, la alcaldesa de Santiago, habló Rosario Olivares Saavedra, coordinadora de la Subdirección de Igualdad de Género, diversidad sexual e inclusión del municipio. “Nosotros venimos de dos crisis en Chile: la de la pandemia y la crisis política. Repensar cómo trabajamos a nivel municipal es esencial para mejorar los servicios públicos y la vida de la población. Los municipios son uno de los primeros lugares a los que la población acude cuando tiene problemas. Acá es donde los servicios públicos empiezan a responder”, dijo Olivares Saavedra.