Desde Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde operan el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti y sus dependientes quedó ayer como el punto de encuentro de la primera marcha contra el lawfare en la provincia. ”Parece Comodo Py”, era uno de los comentarios entre los manifestantes que se movilizaron hasta la esquina de General López y Saavedra, a una cuadra de la Legislatura y a seis de la Casa de Gobierno. Cientos de personas pusieron el cuerpo en defensa de la abogada de Hijos Nadia Schujman, la ampararon y acompañaron a una audiencia imputativa, en la que el fiscal Ezequiel Hernández –subordinado de Arietti- imputó al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a siete ex funcionarios de su equipo, entre ellos Nadia. Después de un año de acoso judicial y mediático, Schujman se anotició recién ayer de los cargos que le reprochan en “otro capítulo más de la infamia”, como lo llamó. “La causa es el Manual del Lawfare y tiene un mensaje muy claro: los negocios no se tocan. Las alianzas históricas mafiosas en esta provincia no se tocan y quiénes se atreven a tocarlas los hacemos bolsa”. “Me podrán perseguir, pero tengo toda la fuerza para dar pelea. Si algo aprendí del movimiento de derechos humanos es que el tiempo pone las cosas en su lugar”, dijo Schujman. En la calle, quedaron las pintadas de Hijos sobre la calzada: “¡Basta de persecución política!”. “Bancamos a Nadia”

El fiscal Hernández dividió la audiencia imputativa en dos grupos. A las 9.30 indagó a Sain, al ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y a una ex asesora de gabinete, que declararon por zoom con el patrocinio del abogado Hernán Martínez. Al mediodía, siguió con los otros cinco imputados, entre ellos Schujman, que son defendidos por el ex ministro de Justicia de la provincia Juan Lewis. A media mañana, la movilización rodeaba la esquina de la Fiscalía, al punto que obligó a cortar el tránsito.

En la primera audiencia, Hernández imputó a Sain por presunta “violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional”, “asociación ilícita (en carácter de jefe)”, “malversación de caudales”, “peculado”, “abuso de autoridad, “instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba”, “violación de secuestro” y “encubrimiento calificado”. La imputación por supuesto “espionaje ilegal” y asociación ilícita” la repitió después con los otros siete investigados, entre ellos el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro y Schujman.

Ya en un fallo clave, el 30 de marzo, el juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe Sebastián Creus dijo que en el legajo no había pruebas que permitan “afirmar” una supuesta violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional y si eso fuera así, “se debería poner en cuestión la competencia de la justicia ordinaria” y del fiscal Hernández porque la causa debería tramitar en el fuero federal. “En este sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como ‘espionaje’, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, sentenció entonces el magistrado.

Después de lo que ocurrió ayer, la insistencia de Hernández de imputar a Sain y a su equipo por supuesta “violación a la ley de Inteligencia Nacional” -a sabiendas de que es incompetente-, fue leída por las defensas como un intento de “sacarse la causa de encima” y pasarla al fuero federal. El próximo paso de los abogados de Sain y Schujman será entonces impugnar la competencia de la justicia santafesina.

En la audiencia imputativa, Sain le dijo al fiscal Hernández –y por elevación al jefe de éste, el fiscal regional Arietti- que “como no pudo construir un caso penal”, se dedicó a “hacer una operación política”. “Nosotros hicimos lo que no se animaban a hacer en el Ministerio Público, que es investigar a las “grandes estructuras criminales que sobran en la provincia”, por sus vínculos con “sectores del Poder Judicial, la Policía de Santa Fe y la política”.

“Esta causa tiene tres objetivos -denunció Sain: 1) “La persecución política”, 2) Derrumbar causas judiciales en curso” y 3) Aleccionar a otros funcionarios para que no incurran en lo que nosotros incurrimos”, que es perseguir a las mafias. “Lo que ustedes llaman informes de inteligencia son informes realizados en el marco de investigaciones judiciales” y por orden de jueces y fiscales. “Ustedes no son inocentes –le dijo al fiscal Hernández-. Saben que ventilar estas causas va terminar derrumbando muchas de esa investigaciones, en las que muchos querellantes tienen un interés puntual”, para que se archiven.

La marcha contra el lawfare fue convocada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia –que reúne a todos los organismos de derechos humanos de Santa Fe-, Hijos Rosario, la Red Nacional de Hijos, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y sus sindicatos, entre ellos ATE y Amsafé, y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones.

Schujman se emocionó ante la convocatoria y los mensajes de solidaridad y la presencia de militantes de derechos humanos de todo el país. “¿Por qué venimos a apoyarla?”, preguntó la diputada peronista Matilde Bruera. “Porque esta es una persecución infame, un lawfare armado contra el equipo de Sain que se atrevió a investigar el crimen organizado en la provincia. Esto no es sólo una persecución contra Nadia, es un mensaje para quien se atreva a poner las cosas en blanco y negro. Por eso estamos acá. Apoyar es poner el cuerpo, como siempre lo pusimos por los compañeros y compañeras desaparecidos”, agregó. Bruera participó en la marcha junto al jefe del otro interbloque del PJ, Leandro Busatto.

Lo que ocurrió ayer es “otro capítulo más de la infamia”, dijo Schujman. “Lo grave es que van a seguir construyendo un relato y cambiando los hechos. Esto va a seguir mientras dure la campaña para ver quién será el próximo fiscal general del MPA en la provincia –un cargo al que aspira Arietti- y se acerque la campaña electoral” para las elecciones de 2023.

La causa es una represalia, advirtió Schujman. “El mensaje es: los negocios no se tocan. Las alianzas históricas mafiosas en esta provincia no se tocan. Y quiénes se atrevan a tocarlas los hacemos bolsa, para que todo el mundo aprenda”. “A mi me podrán perseguir, pero tengo toda la fuerza para dar pelea. Si algo aprendí del movimiento de derechos humanos es que el tiempo pone las cosas en su lugar”, agregó.

De la citación a la audiencia judicial, Schujman se enteró “por un tuit de una periodista de la ciudad de Santa Fe”, cuando aún ni había recibido el oficio. “Así se manejó esta causa desde un principio”. Cuando el fiscal Hernández y la fiscal Mariela Jiménez -que retiró del proceso- “allanaron ilegalmente” el Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre de 2021, “estaban todos los medios rodeando la Casa de Gobierno. ¿Cómo sabían esos medios? ¿Cómo sabían que antes de que terminara el allanamiento, ya hablaban de las miles de carpetas que nunca aparecieron?".

--¿Por qué considera que la causa es un ataque? –le preguntaron

--Por es el Manual del Lawfare, lo sigue al pie de la letra. Y en mi caso particular, porque lo denuncié al (jefe del bloque de diputados radicales y ex ministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro y a la Policía de Santa Fe. Eso es lo que no me perdonan. Porque acá todo el mundo habla de la necesidad del control político de la Policía, pero nadie se puso el sayo. Nosotros lo intentamos. Nunca hasta el día de hoy se trataron los proyectos que mandamos a la Legislatura para la reforma de la Policía de la provincia. Fuimos a dar la discusión a las Universidades, a todos lados. Ofrecimos ir a la Legislatura, pero nunca quisieron. Porque la Policía es una pata necesaria del armado del crimen organizado en esta provincia” –respondió Schujman. Pullaro es querellante en la causa y candidato a gobernador. Schulman denunció que en su gestión de ministro se utilizaron fondos reservados para pagar la defensa de policías imputados en un juicio por la desaparición forzada de Franco Casco. El fiscal de esa causa es Hernández, el mismo que la imputó ayer.

--Dijiste que este es un año de campaña para designar al nuevo fiscal general de la provincia. ¿Eso qué tiene que ver?

--Tiene que mucho que ver. Los audios de mi teléfono particular (que le incautaron sin la orden de ningún juez) empezaron a circular ilegalmente cuando arrancó la campaña para ver quién es el nuevo fiscal general de la provincia. Y en esa semana, se encargaron de correr del concurso al secretario de Justicia (Gabriel Somaglia) y empujaron a la renuncia a diez jurados”, entre ellos tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. “¿No les llama la atención esto? Es evidente, todo de evidente. Si algo ha servido esta causa es poner sobre la mesa, como nunca, lo que pasa en Santa Fe. El que no quiere verlo es porque se come lo que dicen los medios hegemónicos. Pero está todo sobre la mesa-- concluyó.