“Repudiamos la represión, no era necesaria porque dos horas más tarde salió el fallo a favor de la reinstalación de los trabajadores, vamos a seguir peleando y convocamos (hoy a las 14 en el hotel Bauen) a una reunión con todas las organizaciones para debatir las medidas de lucha de la semana que viene y vamos a volver a nuestros puestos porque PepsiCo va a reabrir”. Así sintetizó la delegada Catalina Balaguer ante la prensa el espíritu de la audiencia de ayer en el Congreso, de la que participaron diputados y dirigentes de casi todos los bloques parlamentarios, así como dirigentes sociales, sindicales, de derechos humanos y comisiones internas combativas.

“No sé en qué estado habrá hecho esas declaraciones”, dijo Myriam Bregman, abogada y ex diputada del FIT, en respuesta a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La funcionaria macrista dijo que las fábricas Kraft y Lear “cerraron por culpa de los zurdos”. De hecho, ambas plantas están abiertas y en funcionamiento: Mondelez Pacheco, ex Kraft, tiene 2 mil operarios.

Los “zurdos” a los que ataca Bullrich tienen peso dentro de esa fábrica. Como evidencia, conquistaron la comisión interna luego de la lucha de 2009. Y actualmente, en la oposición, la Agrupación Bordó representa a los sectores opositores al interior del sindicato de la Alimentación.

“Denunciamos que la policía al entrar rompió un caño de gas y ahora se está llevando la policía mercadería así que los hacemos responsables si siguieron dañando, porque las instalaciones estaban intactas y la prueba la vieron casi todos los canales de TV”, agregó Balaguer. En la conferencia de prensa realizada en el Congreso, los trabajadores anunciaron una jornada nacional de lucha para el martes y también informaron que la sala 6 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la ilegalidad de los despidos por parte de la empresa y la obligación de que los trabajadores retomen sus tareas y el cobro de sus salarios. “Es mentira de la empresa, no hubo una sola reinstalación, no había traslado posible, el sindicato de Daer nos presionó para que agarremos el 200 por ciento de indemnización porque era todo lo que íbamos a obtener. Algunos la aceptaron, pero 150 declararon que fue bajo extorsión y siguen reclamando sus lugares como derecho constitucional, como el derecho a la vida”, respondió Camilo Mones, también delegado, ante las preguntas de la prensa. Sobre el fallo de la justicia laboral dijo que “demuestra que teníamos razón cuando decíamos que la empresa estaba en la ilegalidad y que la represión se podría haber evitado. Eso se lo habíamos dicho a la jueza y al fiscal, pero no nos escucharon. Macri en persona pidió que nos repriman”. 

Por su parte, Edgardo Moyano, abogado del Ceprodh que representa a los trabajadores destacó que “el desalojo fue completamente ilegal, con fundamentos inverosímiles sobre una fábrica contaminante que hace 20 años funciona a metros de su despacho y encima ahora está parada, si el peligro no eran los trabajadores entonces no se entiende qué cambió con la medida de represiva”. Moyano también denunció “el intento de detención del abogado Agustín Comas, las heridas que sufrieron los trabajadores de prensa”, y dijo que apoya el pedido de juicio político contra la jueza Rodríguez y el fiscal Larramendi. “Dos horas después del procedimiento, la justicia laboral ordenaba que PepsiCo tenía que reincorporarlos, si esperaban dos horas no debían hacer semejante operativo. Eso demuestra que la voluntad política fue hacer una represión como la hicieron”. 

Entre los legisladores presentes estaban Araceli Ferreyra y Silvia Horne (PPV); Victoria Donda (Libres del Sur); Pablo López, Nathalia González Seligra, Marcelo Ramal y Juan Carlos Giordano (Frente de Izquierda). Además había representantes del CELS, Correpi, Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos, Liberpueblo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. También estuvieron presentes Nicolás del Caño, Myriam Bregman (PTS) y Néstor Pitrola (PO). Fueron parte y adhirieron al encuentro diputados de los bloques del Frente para la Victoria, Frente de Izquierda, Libres del Sur, Movimiento Evita, el GEN, entre otros, además de dirigentes sindicales, organismos de derechos humanos y del Colectivo Ni una menos.