La Cámara de Diputados de Salta tuvo una (extensa) movida sesión ayer, la mayor parte, dedicada a discutir dos emergencias, la económica y la hídrica. La última fue la estrella del debate, que fue aprobada con críticas de todos los sectores. 

En general, la oposición se centró en cuestionar a la empresa Aguas del Norte y al gobierno provincial por la falta de previsión a pesar de que había recibido advertencias sobre la sequía, y el oficialismo apuntó a las gestiones anteriores, la de Juan Manuel Urtubey sobre todo, pero hubo casos en que los latigazos alcanzaron a su antecesor, el actual senador nacional Juan Carlos Romero. 

El primer proyecto tratado comenzó a calentar el ambiente, una iniciativa del Ejecutivo Provincial para prorrogar por un año la vigencia de la Ley 7.125 por la que se declaró la emergencia económica y administrativa en la provincia, y la vigencia de la Ley 6.583, de reforma administrativa del Estado y emergencia económica.

La diputada Patricia Hucena (Orán, del bloque Gustavo Sáenz Conducción) fue la encargada de informar. Aseguró que desde que se aprobó por primera vez la Ley 7125 las condiciones económicas no cambiaron, por el contrario, se profundizaron. 

Los cuestionamientos vinieron primero de Sofía Sierra (Capital, Pro), que recordó que la provincia está en emergencia económica desde 1990. Luego Cristina Fiore (Capital, Ahora Salta) lamentó que el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, no hubiera ido a explicar las razones para esta nueva prórroga. "Cuando se habla de emergencia siempre estamos hablando de remedios extraordinarios para situaciones extraordinarias”, sostuvo ensayando por primera vez en la tarde un argumento que usó más tarde, al discutir la crisis hídrica. Añadió que la emergencia económica se contradice con los propios dichos del ministro, de que las cuentas de la provincia están saneadas y hay un superávit de 24 mil millones de pesos. 

Luego de que el también Pro Roque Cornejo (Capital) adelantara el voto negativo de su bloque, respondieron el oficialista Luis Albeza (Cerrillos Gustavo Sáenz Conducción) y otra vez Hucena. Esta gestión “tiene las cuentas ordenadas en una permanente situación de crisis”, retrucó la legisladora, y afirmó que las emergencias son “una resultante histórica” de la crisis que vive el país. El proyecto se aprobó. 

La gente vive con agua 

La discusión en la que quisieron hablar casi todos y hubo cruces y chicanas se dio en el segundo proyecto, de declaración de la "emergencia hídrica por escasez de agua, en todo el territorio de la provincia de Salta, por el término de un año", que ya venía con media sanción del Senado. 

Socorro Villamayor (Capital, Salta Tiene Futuro) la presentó. Dijo que hay hechos de la naturaleza, como la sequía y los incendios, que provocan la falta de agua, sobre todo en el norte salteño, pero "hay hechos también humanos, como las deudas contraídas en la gestión anterior". 

"Salta padece la insensibilidad o la irresponsabilidad de décadas" dado que muchas obras previstas, para las que incluso se tomaron empréstitos, "tenían como finalidad específica el norte de la provincia" y "esas inversiones no se hicieron y esa plata no llegó al destino para el cual había sido pedido", insistió. 

Recordó el Fondo de Reparación Histórica, lanzado en 2011 por el gobierno de Urtubey, por el que se habían destinado 800 millones de pesos para los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, para ejecutar obras en el período 2012 - 2015. 

Por otro lado, Villamayor coincidió con la oposición en la crítica a Aguas del Norte, sobre la que dijo que tienen "serios problemas". 

"Voy a tratar de no enojarme", comenzó a responder el norteño Jorge Restom (San Martín, del bloque Todos). Recordó que ya en mayo había advertido sobre la falta de agua en el norte y que la escasez de este insumo llevó a tener el índice más alto de mortalidad infantil en el país, con 63 decesos. "La gente vive con agua, diputada", ironizó. 

Dijo que hubo "inoperatividad" en el gobierno de Salta. Que en mayo el gobierno nacional había enviado 5 mil millones de pesos para realizar obras de agua. "De los nueve pozos que tenemos en Yacuy, hay tres que funcionan, no hay ni bombas para que saquemos agua de los pozos", afirmó. 

"Se tienen que establecer de una vez por todas prioridades". En San Martín tienen la emergencia sociosanitaria, ahora la hídrica, "somos un pueblo fantasma, apaguemos la luz y vengamos a vivir aquí en capital". Por "una vez tengamos una provincia federal", reclamó.  

Villamayor respondió asegurando que la gestión de Gustavo Sáenz llevó a cabo “importantes obras" que mejoraron la provisión de agua en el norte provincial. Las enumeró una por una, y eso motivó otra respuesta de Restom, que se valió de la localía para hacerle notar errores al nombrar localidades de esa zona. Añadió que los diques Itiyuro y Limón hoy "tienen algas cianógenas tóxicas". 

“Al salteño, a la salteña, no le importa esta discusión”, le importa abrir el grifo y tener agua, terció Adrián Valenzuela (Capital, Gustavo Sáenz Conducción). También repasó las obras del Fondo de Reparación Histórica. La emergencia es una herramienta “para que de una vez por todas comencemos a dar soluciones”, las que no se dieron en 40 años, aseguró, a pesar de que Sáenz está en el final de su mandato. 

El también norteño Matías Monteagudo (San Martín, UCR) recordó que Tartagal, Aguaray y General Mosconi hoy dependen de 24 camiones que reparten el agua a hospitales, centros de salud, escuelas, y familias. Cuestionó al Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), "nunca se puso del lado del usuario”. Consideró que la ley de emergencia debería establecer que no se cobrará el servicio en el departamento San Martín, y recordó que ya en mayo de 2022 la Mesa del Agua había advertido sobre la situación que se avecinaba y que se podía haber anticipado este plan de contingencia.

"Es una joda el país"

Enrique Sansone (Capital, Salta Tiene Futuro) pidió que se haga una investigación sobre los fondos destinados a obras de infraestructura para el servicio de agua. Culpó a Urtubey: “Tuvimos doce años de abandono en la provincia”. Y dejó frases del tipo de Eduardo Barrionuevo (aquel que dijo que había que dejar de robar por dos años) y del más reciente Luis Juez: “La provincia o el país no va a salir adelante si permitimos que se siga robando como se roba”. “Se puede chorear lo que se te ocurra”, la justicia, los fiscales “duermen”. “Es una joda el país”. 

Daniel Segura (General Güemes, Más Salta) encauzó el intercambio. Recordó que varios legisladores presentaron un proyecto para que se cree el Ministerio del Agua o una secretaría al menos, y propusieron también que los municipios se ocupen de la provisión de agua.

Con lógica, también se opuso a que se cobre la provisión de agua a quienes no lo tienen, “Hoy hay una empresa que debería ser de servicio pero termina siendo una empresa de cobranza, que es Aguas del Norte”, criticó. 

El tartagalense Franco Hernández (San Martín, Todos) recurrió a una frase de Perón: “La única verdad es la realidad, y nosotros no tenemos agua hace mucho tiempo, esa es la realidad”. Es uno de los que propone la creación de un Ministerio del Agua, y lo fundó: dijo que actualmente ninguna agencia del estado se dedica a buscar fuentes de agua. “El problema del agua es un problema de estado”, aseguró y dejó planteado un tema para el debate futuro: “¿Quién es el dueño del agua? ¿El estado, la gente, el dueño de latifundio?”.

Otro cruce se dio a continuación: Juan Esteban Romero (Capital Salta Tiene Futuro) se sumó a la crítica a Urtubey, “Hay muchísimas obras que no se hicieron o que terminaron abandonadas”, sostuvo. Y le respondió Ramona Riquelme (Orán, Igualar): Juan Carlos Romero privatizó en 1998 el servicio de agua. “El agua no era de ustedes, el agua era del Estado”, quién dijo que tiene que haber una asociación de “avivados” y decir yo soy el dueño del agua, cuestionó. 

Agua pública 

Cristina Fiore citó el artículo 83 de la Constitución de Salta para recordar que "Las aguas de dominio público de la Provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción", es decir que no pueden ser privatizadas. Y volvió a preguntar “Para qué se declara la emergencia”. Dijo que no se entiende la razón para la emergencia, porque si es para repartir el agua, ya se está haciendo, si es para contratar camiones, no es necesaria, porque por el monto puede ser de contratación directa. Entonces coincidió con Hernández en que "debe haber una discusión sobre la gobernanza del agua".

Pidió que el Comité que crea esta ley esté integrado también por investigadores de la Universidad Nacional de Salta y el INTA, ya venían señalando que iba a haber sequía; que se informe sobre la contratación de camiones, y que haya controles. Adelantó que de no incorporar estas observaciones, no apoyarían el proyecto del oficialismo. 

Sofía Sierra coincidió que la emergencia no es necesaria para contratar camiones, como se argumentó, porque se pueden reasignar partidas. 

Otro norteño, Santiago Vargas (San Martín, UCR), calificó de "ineficientes" a los directivos de Aguas del Norte, recordó que la advertencia de la Mesa del Agua, de hace seis meses ya, y reclamó, igual que el peronista Restom, "un cambio en el criterio del gasto en la provincia". También concidió con el peronista Hernández en que debe existir un organismo que se encarque de buscar fuentes de agua, de procurar financiamiento y prever obras de infraestructura para asegurar su provisión. “Los sanmartinianos necesitamos sentirnos dignos”. “Digno es tener agua”, cerró. 

Hay “una situación grave” que puede llegar a afectar la salud de las personas. “No viene de ahora”, sino de décadas, agregó otra sanmartiniana, la médica Gladys Paredes (Más Salta). Dijo que "el pueblo del norte está muy enojado con la empresa Aguas del Norte", calificó a sus funcionarios de simples "tapacañerías”, y sostuvo que además hay deficiencia de calidad del agua, que se ha comprobado la presencia de parásitos. 

Jorgelina Juárez (Orán, Todos), estuvo de acuerdo con un Ministerio del Agua, y aseguró que también es importante hablar de otras cosas, como “las concesiones de los ríos a empresas privadas”.