El Senado de Bolivia convirtió en ley el llamado al censo nacional para marzo de 2024, iniciativa que tenía ya la media sanción de Diputados y con la que se destrabó el conflicto de más de un mes entre el Gobierno central y el departamento de Santa Cruz, bastión opositor.
Después de cuatro horas de debate, el proyecto logró 22 respaldos sobre 36 en la votación del proyecto en general, y avanzaba la discusión en particular.
El trámite fue más bien rápido, porque poco después de iniciada la sesión, los legisladores aprobaron que el texto fuera tratado "por dispensación de trámite", o sea, sin pasar por la Comisión de Constitución para su revisión.
“Queda aprobada la moción de dispensación de trámite para el tratamiento del presente proyecto de ley; se decreta su consideración en sala. Vamos a iniciar el tratamiento de ley en sus dos estaciones: en grande (en general) y en detalle (en particular)”, manifestó el presidente de la Cámara alta, Andrónico Rodríguez.
Más de un mes de conflicto
El 22 de octubre pasado, el denominado "movimiento cívico" que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz, bastión opositor de derecha y ultraderecha de Bolivia, además de motor económico del país, convocó a un paro por tiempo indefinido para modificar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda.
El relevamiento poblacional, que determina el reparto de recursos entre las regiones del país y que debe hacerse cada 10 años, según la Constitución, estaba previsto inicialmente para el 16 de noviembre de 2022, ya que el último fue en 2012, pero el Gobierno de Arce lo postergó para 2024 por razones técnicas.
Después de semanas de conflicto, el movimiento opositor llegó a aceptar la postergación de la fecha, pero reclamó que se fijara por ley.
La media sanción lograda el sábado en Diputados permitió destrabar un conflicto de 36 días mantenido en Santa Cruz de la Sierra: un paro con bloqueo de calles y rutas, protestas violentas y 4 muertos y 178 heridos como saldo.
Qué dice la ley
La propuesta legal recoge en esencia los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo.
En ese sentido, establece que en base a los datos oficiales de población que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir de septiembre de 2024.
De manera adicional, la norma determina que el INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños”.
