Tras cuatro años de audiencias, está llegando a su fin el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy. Está previsto que la sentencia se conozca el viernes 2 de diciembre. 

Este proceso comenzó a finales de 2018, con audiencias semanales en las que declararon cerca de 500 testigos. Se trata de una megajuicio, con 15 causas acumuladas, sobre secuestros, torturas y desapariciones de trabajadores de Mina El Aguilar y del Ingenio Ledesma, dos de las grandes empresas de esta provincia del norte argentino. En la causa hay 120 víctimas, 44 de ellas siguen desaparecidas. 

Veinte hombres están siendo juzgados, entre militares retirados del Ejército, ex policías de la provincia, miembros de la Policía Federal, de Gendarmería y del Servicio Penitenciario provincial. Aquí también tendrían que haber sido juzgados los directivos del Ingenio Ledesma, pero su propietario, Carlos Pedro Blaquier, y quien fuera su administrador general, el salteño Alberto Lemos, fueron beneficiados por una falta de mérito dictada en 2015 por la Cámara Federal de Casación Penal. Si bien siguen encausados, todavía no se define la continuidad de ese trámite. 

A lo largo de las audiencias de este juicio se han desgranado relatos de los terribles crímenes cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas diseñado y ejecutado por los autores de la última dictadura cívico militar. Y, a pesar de esos testimonios, en su última etapa, de los alegatos, se han escuchado expresiones de odio y negacionismo, incluso afirmaciones revictimizantes para personas que han sufrido delitos sexuales. Y esas expresiones provinieron no solo de acusados, sino también de abogados, algunos de la defensa pública nacional.

En la audiencia última anterior, realizada el 25 de noviembre, dijeron sus palabras finales siete de los veinte acusados. No sorprendieron, en el sentido de que reiteraron lugares comunes de la defensa de los represores: hubo una guerra, se cumplían órdenes, se busca venganza y demás. 

Los ex policías de Jujuy José Américo Lescano, Inés Roque Cari, Juan de la Cruz Kairuz y Bernardo Salinas; los militares retirados Juan Carlos Jones Tamayo y Mariano Rafael Braga, y los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial Osvaldo Héctor Caraballo y Ceferino Narváez, adelantaron que iban a hablar. El Tribunal les dio 10 minutos a cada uno, y por razones de tiempo Narváez pasó para la última audiencia. 

Los siete que ya hablaron coincidieron en negar responsabilidad sobre los hechos que se investigan aquí. El ex comisario Lescano, para quien el fiscal Federico Zurueta pidió una condena a prisión perpetua, negó participación en los delitos sexuales que se le atribuyen, entre otros hechos ilegales, y aseguró que la acusación fiscal carece de sustento. Lescano fue jefe de la Comisaría 24, de Libertador General San Martín, la ciudad del Ingenio Ledesma, y también cumplió tareas en la Oficina de Informaciones Reservadas. 

El ex oficial ayudante Cari trató de desvirtuar la denuncia en su contra del trabajador minero Mariano Rodríguez y, en general, subestimó los testimonios de las víctimas, son “simples relatos conmovedores”, dijo. Cari se desempeñaba en la Subcomisaría El Aguilar, la fiscalía pidió que sea condenado a 8 años de prisión.  

El ex capitán del Ejército Jones Tamayo desconoció la potestad de la justicia civil para juzgar los actos ilegales cometidos en el marco del terrorismo estatal. “Fue una guerra”, aseguró; se describió como “preso de guerra”, un “prisionero político”, y dijo que debía obediencia a sus superiores jerárquicos. El militar era jefe de la Central de Inteligencia del Área 323, dependiente del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM20) con sede en Jujuy. La fiscalía pidió que sea condeando a prisión perpetua.

A su turno, Kairuz, señalado por la familia del médico Luis Aredez, detenido desaparecido, como uno de los que participó de su detención ilegal, insistió en su inocencia, dijo que solo era un jugador de fútbol, e incluso afirmó que por la exposición pública de esta acusación no lo contrataron más de "ningún club". En aquellos años Kairuz era oficial auxiliar de la Policía de Jujuy y que cumplía funciones en la Comisaría de Libertador. La fiscalía pidió que sea condenado a siete años de prisión efectiva.

Bernardo Salinas, que era agente de la Policía y también se desempeñaba en Libertador, apenas habló para repetir que es inocente. La fiscalía pidió que sea condenado a 25 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, torturas y cinco hechos de violación sexual.

Rafael Mariano Braga, que se desempeñaba actuó como oficial de inteligencia y está acusado por 51 hechos de torturas y por secuestros, sostuvo que los jueces y fiscales “de aquellos tiempos” son los culpables de los crímenes que se cometieron, igual que sus jefes, los represores Néstor Bulacios y José Bulgheroni, en cambio él, dijo, solo era un simple teniente del Ejército que recibía órdenes. Sobre él pesa un pedido de condena de 25 años de prisión. 

El ex oficial subayudante del Servicio Penitenciario de Jujuy Osvaldo Caraballo, para quien la fiscalía pidió la absolución por falta de pruebas, se congratuló: “la verdad ha salido a la luz”. 

En este proceso se juzga también a los penitenciarios Juan Carlos Lucero, Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate; los gendarmes Raúl José Borges Do Canto y Carlos Raúl Pérez; los policías provinciales Armando Hugo Ruiz, Armando Hugo Claros, Carlos Humberto Cachambe, Pedro Ríos y Virgilio Choffi y el policía federal Rodolfo Oscar López. 

Todos tienen pedidos de condena de la fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de víctimas y de familiares. 

Para Lucero, que fue jefe de Seguridad Interna del Penal de Villa Gorriti, que funcionó como centro clandestino de detención, la fiscalía pidió que sea condenado a prisión perpetua. Igual pena solicitó para Ceferino Narváez, que fue jefe de guardia de la Seguridad Externa de este penal. Los otros que tienen pedidos de perpetua son Jones Tamayo y Lescano. 

Y pidió 25 años de prisión para nueve acusados. Para Borges Do Canto y Pérez, acusados por la persecución a trabajadores de Mina El Aguilar; para López, que fue subjefe de la Delegación Jujuy de la Policía Federal; Ruiz, ex oficial de la Policía jujeña que cumplió tareas en el Comando Radioeléctrico y era miembro de la central de inteligencia; Claros, que compartía estas funciones. Y para Ortiz, Gutiérrez y Zárate, del Servicio Penitenciario. El noveno es Salinas. Los otros pedidos de pena van de 12 y 7 años de prisión.