La vocal municipal de Caspalá, Rosa Apaza fue destituida ayer de su cargo en un proceso exprés que apenas duró un día. Sus pares la descalificaron para seguir ocupando una vocalía en la Comisión Municipal por haber participado el viernes 18 de noviembre en la protesta del pueblo que defendía la cancha comunitaria y que terminó con una represión por parte de la Policía de la provincia de Jujuy.
La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene una significancia importante en la vida comunitaria caspaleña, porque sirve para los encuentros y competencias deportivas y también como lugar de refugio en caso de emergencias, como ocurrió con el sismo de 2020.
Sin embargo, el gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza, decidieron construir el edificio de la escuela secundaria en ese predio, a pesar de que hay otro terreno destinado para esta escuela. Ayer la Legislatura provincial avanzó de acuerdo a la voluntad del mandatario jujeño: aprobó la expropiación de la cancha. Mientras esto sucedía en San Salvador de Jujuy, en Caspalá la Comisión Municipal decidió lo que estaba cantado: la destitución de la única vocal opositora.
Como parte de ese avance sobre la voluntad de los habitantes originarios caspaleños, ya se instaló el obrador de la empresa constructora en la cancha para iniciar la obra del edificio escolar. Para asegurar que no habrá oposición, la Policía resguarda el obrador.
De la sesión de la Comisión Municipal de Caspalá participaron el comisionado Natividad Apaza, la vocal Adelina Coronel y el vocal Pedro Balcarce, y Rosa Apaza. Se realizó en dos partes, la primera reunión fue el martes último, y en ella se conoció la acusación y la decisión de iniciarle un juicio político a vocal opositora. La sesión se reanudó ayer, Rosa Apaza presentó su defensa por escrito y no le permitieron hablar. La Comisión sesionó a puertas cerradas, a pesar de que son actos públicos, y tampoco le dieron copia ni nada escrito.
“El escrito (de defensa) lo leyeron, pero no querían firmar (los vocales) y quedaron con el duplicado, yo no firmé el libro de actas. Esta es la primera sesión desde que asumí, no hay respeto. Unos cuantos vecinos me acompañaron, estaban afuera, no dejaban entrar ni al abogado. Escuché algo de 180 días sin goce de haberes”, contó la vocal Rosa Apaza tras la sesión celebrada pasado el mediodía.
“La sesión fue bastante violenta en el sentido que no permitieron el ingreso de las personas que acompañamos a la vocal. Presentamos la documentación respaldatoria para su defensa de la situación por la cual era injustamente acusada la vocal. Ellos leyeron íntegramente la amplia defensa que planteamos, se negaron a firmar la recepción de la documentación e inmediatamente le dijeron que estaba destituida. O sea, violaron todos sus derechos constitucionales, no permitieron que ella sea asesorada por su abogado”, dijo el abogado Lucio Plaza, asesor de Rosa Apaza.
En ese contexto el abogado acentuó que “son situaciones que violan las garantías judiciales que tiene cualquier ciudadano y en particular son una clara demostración de la violencia política hacia una mujer, y fundamentalmente la estigmatización de todo un pueblo”.
La nota que presentaron los vocales oficialistas con la acusación a Rosa Apaza tiene la firma de 18 personas, de las cuales 10 son empleados municipales que dependen directamente del comisionado y familiares.
“No tienen los asideros legales que corresponden, no tienen los elementos que formalmente existen tanto en la Constitución como en la ley orgánica de municipios. Así que básicamente es un atropello lo que se ha cometido hoy. Es una falta de respeto a las instituciones y esto genera la apertura de reclamos judiciales”, adelantó el abogado.
Expropiación exprés
Paralelamente, mientras en Caspalá avanzaba la sanción a la vocal opositora, en la capital los legisladores provinciales aprobaban la expropiación del inmueble identificado catastralmente como “Padrón G-565, Parcela 365, Circunscripción 3 Sección 1 Matrícula G-476, ubicado en la localidad de Caspalá, Departamento Valle Grande, de titularidad dominial de Moyoja, Daniela o Daniela Genoveva o Genoveva Daniela y/o de quién o quiénes resulte/n ser su/s legítimo/s propietarios, con superficie aproximada de 3 hectáreas 3.792,53 metros cuadrados, o bien, la que surja de la mensura de fracción a realizarse, que se afectará al desarrollo o construcción de espacios deportivos, recreativos y/o culturales”.
El proyecto de ley es del Ejecutivo provincial, y en el recinto el miembro informante fue el diputado Gustavo Arias, hombre de la zona de los Valles, oficialista y que impulsó un proyecto que no fue consensuado con el pueblo, que por ser indígena tiene derecho a una consulta previa, libre e informada.
La comunidad de Caspalá se enteró de la expropiación por los medios de comunicación. Pablo Cruz es secretario de la Comunidad Pueblo Kolla Caspalá y es quien tiene las escrituras y los papeles del terreno cuya expropiación se aprobó mediante la ley 6329.
Cruz relató que quien tiene la titularidad de este terreno es su madre. "El comisionado nunca quiso hablar con ella. O sea, no hay formalidad de nada sobre la propuesta de expropiar y como ellos son institución tienen la obligación de hacer por escrito y consultar”, empezó a explicar.
“Es un capricho y él (el comisionado Natividad Apaza) quiere los terrenos sin consultar ni decir la finalidad. En la cancha actual quiere hacer la escuela para (luego) decir que no tenemos un espacio público deportivo por lo tanto tenemos que expropiar un terreno. Cuando en realidad tiene los terrenos donados por pobladores de Caspalá que están en el centro del pueblo”, detalló.
Cruz recordó que el anterior comisionado municipal adquirió un terreno para la construcción de la escuela secundaria. Pero el comisionado quiere hacerla en la cancha. “El comisionado está obsesionado de vengarse hacia mi persona porque no lo acompañé políticamente y por eso quiere hacerme daño”, afirmó. En esa línea recordó que en 2020, tras el sismo, cuando la Nación envi materiales de construcción a las familias, a él no le dieron "nada".
La defensa acérrima del proyecto del Ejecutivo de expropiar el terreno de Caspalá fue del titular de la bancada oficialista Alberto Bernis y de la diputada del PRO Cinthia Alvarado.
Mientras que el legislador Alejandro Snopek, del bloque Juntos por Jujuy Frente de Todos, recordó la represión que vivió el pueblo de Caspalá y destacó que la construcción de la escuela debe ser con el consentimiento de la comunidad. Recordó en ese sentido que los caspaleños no se oponen a la construcción de la escuela, sino que "reclaman que "se cumpla con el consentimiento del derecho de la consulta libre previa e informada".
Ese guante lo levantó Bernis recordando que “El gobernador convocó al comisionado y vino con 50 personas que representan al pueblo y distintos sectores". Luego minimizó la protesta de los vecinos que se oponen a la destrucción de la cancha: “Nos encontramos con 3 o 4 familias que se oponen y quieren seguir con sus hospedajes y vender bebida”, afirmó. También defendió la represión: “se mandó la policía porque pidió el comisionado para poner orden, y hoy la cosa esta tranquila, aseguró.
Por su parte, el diputado Juan Ortega (PJ) cuestionó el proyecto de expropiación como una medida severa aplicada a una propiedad privada.
Posesión pública y centenaria
El abogado Alberto Nallar, que defiende a los cuatro comuneros que fueron detenidos el viernes 18 de noviembre, sostuvo ayer que detrás del avasallamiento a la Comunidad hay un proyecto turístico. “En el 2019 se presenta en Caspalá el secretario de Ordenamiento Territorial de la provincia, Humberto García, manifestando que se hizo una planimetría del pueblo con la señalización de lotes. Ese plano tiene un formulario artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación que dice: las tierras sin dueño son de propiedad del estado nacional, provincial, o municipal”.
Nallar dijo que el gobierno de Jujuy las consideró "tierra sin dueño, por lo tanto son de la provincia", sin embargo, cuando fueron a realizar el registro se dieron con construcciones bicentenarias". La iglesia de Caspalá data de 1840, lo que da una idea de la antigüedad de las construcciones. "Nos encontramos con un problema, la provincia nunca tuvo la posesión de esos inmuebles porque estuvo en posesión de los actuales ocupantes hace más de dos siglos”, afirmó. Además, recordó que la ley etablece que “si tengo mas de 20 años de posesión soy dueño y el que es dueño por posesión no necesita el juicio de prescripción adquisitiva".
“El gobierno declaró inmueble fiscal por su cuenta, entonces envió a Caspalá a personal de la Secretaria de Ordenamiento Territorial para que la gente firme 4 formularios impresos con el engaño de que si firmaban, en vez de hacer el juicio de prescripción adquisitiva le darían el título de propiedad, y firmaron”, contó. El abogado dijo que se van a construir hoteles en las tierras que se expropien a sus habitantes originarios.
