Durante los años de crisis, a partir de 2008, muchas empresas alemanas fueron cayendo en manos de inversores extranjeros, especialmente chinos, por lo que el gobierno de Berlín ha impulsado una nueva normativa, aprobada por el consejo de ministros de Merkel, destinada a vetar la venta de empresas germanas de sectores estratégicos. El decreto amplía las posibilidades del gobierno de vetar una operación de compra si se trata de empresas vinculadas a las infraestructuras, la tecnología de defensa, la energía o las comunicaciones, por ejemplo, blindando así sectores clave.