El Presidente Macri anunció, junto al Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, un ambicioso plan de inversiones para quintuplicar la producción de litio en esa provincia y, así, pasar de 17 mil toneladas anuales a un total de 90 mil. Gran parte de las expectativas oficiales en materia de minería metalífera están puestas en el litio, llamado el “oro blanco” del nuevo milenio. Este entusiasmo tiene sus fundamentos: junto con Chile y Bolivia, Argentina conforma lo que se denomina “el triángulo” del litio, al concentrar, entre los tres países, aproximadamente el 80 por ciento de los recursos en salares y más del 60 por ciento de los recursos totales. A nivel internacional, Argentina fue el productor más dinámico de los últimos años. Este logro le permitió pasar del 11 al 16 por ciento de participación en el mercado mundial de derivados de litio.
Estos hechos, combinados con los múltiples usos del metal (desde baterías para dispositivos electrónicos y automóviles hasta vidrios y cerámicas para hacerlos más resistentes a los cambios de temperatura), precipitan múltiples miradas sobre el rol del Estado en la explotación de este recurso natural no renovable. En ese sentido, es posible advertir dos ópticas encontradas: por un lado, una más aperturista o pro mercado, que pregona por un marco regulatorio amigable para receptar capitales que, vía concesiones, prioricen a la Argentina como destino y minimicen la injerencia estatal o la acoten a aspectos específicos; y, por el otro lado, una mirada que promueve la participación activa del Estado en la regulación y hasta en la operación de los yacimientos, vía empresa pública con mayor porción de mercado (“YPF del litio”).
Asociando al capital
Es un hecho que la injerencia directa del Estado en el negocio minero se ha venido manifestando a través de asociaciones con inversores privados. Así se ha avanzado en replicar el modelo exitoso de Fomicruz, la empresa provincial de Santa Cruz, socia en la mina “Cerro Vanguardia”; o bien en estrenar la recientemente reglamentada Ley 27.328 de contratos de participación público–privada. Por ejemplo, el caso de “Sales de Jujuy”, empresa conformada por capitales australianos (Orocobre) y japoneses (Toyota) en asociación con JEMSE (la Sociedad del Estado jujeño), que ya cuenta con resultados auspiciosos a partir del inicio de la producción comercial en 2015 con su Proyecto “Olaroz” y que este año alcanzaría capacidad plena. Según la Secretaria de Minería de la Nación, en 2016 Olaroz representó el 6 por ciento de la producción mundial y marcó un hito al tratarse del primer proyecto greenfield (“desde cero”) en salmueras tras 19 años. O la alianza de esa empresa pública con la firma italiana FIB para la instalación de un complejo industrial modular para la fabricación de baterías de litio, así como de dispositivos eléctricos que utilicen esas baterías, lo que anticipa la intención de generar un cluster que inicie un camino en el cual la minería metalífera pareciera estar en deuda: el de agregar valor a la producción y lograr la mayor cantidad de encadenamientos “aguas arriba” para no ser meros exportadores del metal en bruto. Por su parte, Y-TEC (empresa de tecnología entre YPF y el Conicet) ha firmado en 2016 un acuerdo con otro grupo italiano (FAAM) para la instalación, en Palpalá, de la primera planta de producción de celdas de ion-litio de la Argentina.
En un reciente Congreso internacional sobre Litio, desde la Secretaria de Minería se informó que actualmente la cantidad de toneladas de litio producidas rondará las 38.000, pero los proyectos más avanzados poseen una capacidad proyectada hacia 2022 de 256.500 toneladas, con inversiones que para 2024 se aproximarían a los 3100 millones de dólares.
En este marco, la disputa entre más Estado o más mercado, lejos de posiciones maximalistas, pone de manifiesto la discusión sobre los modelos de asociación más virtuosos en términos de desarrollo económico, distribución de la renta y transferencia tecnológica entre las partes. Asimismo, incentiva la fluctuante tensión entre Nación y provincias un país federal, dado que la confrontación de intereses alienta a tener que gestionar, en el mejor de los casos, trabajosos acuerdos interjurisdiccionales como el “Acuerdo Federal Minero” presentado en estos días (cuya aprobación formal deberá sortear múltiples etapas legislativas). Todo ello, además, en el marco de una actividad sujeta a estrictos estándares ambientales que requiere, para su operación sustentable, de la imprescindible “licencia social” de las comunidades en las que se desarrolla.
Resolver de la mejor manera posible estas tensiones permitirá a la minería metalífera consolidarse como una actividad legitimada desde su contribución económica frente a las extendidas sospechas sobre su exiguo aporte (en términos monetarios y de empleo) en relación a su rentabilidad, al tiempo que garantizar operatorias sustentables reducirá los cuestionamientos sobre su impacto ambiental. Máxime, cuando se parte de una atalaya altamente auspiciosa, a saber: se cuenta con un potencial geológico garantizado, su actividad está fuertemente enraizada dentro de la estructura productiva de varias jurisdicciones (incluida la nacional), y los recursos económicos generados vía regalías ya gravitan decididamente en los ingresos fiscales de las provincias involucradas.
Desafíos
No obstante, no todo es pureza en los salares del litio. Por un lado, a diferencia de otros metales y commodities, el del litio es un mercado todavía joven, en el que participan pocos actores (cuatro empresas son responsables del 80 por ciento de la producción mundial). Al no existir un índice bursátil de referencia internacional, ese “club” exclusivo cuenta con amplia discrecionalidad en la fijación del precio de comercialización. Los precios del litio han escalado en el último año y medio hasta los 7475 promedio por tonelada en 2016 y superando, en la segunda parte del año, los 9000 dólares. Por otro lado, en virtud de la irrefrenable tendencia hacia una mayor eficiencia y autonomía por parte de las baterías, algunos analistas pronostican que la demanda del litio será fuertemente inestable por la maduración del mercado del reciclado, que prevé una reutilización del carbonato de litio de aproximadamente un 50 por ciento.
Por lo tanto, frente a contingencias de largo plazo difíciles de anticipar, la mejor manera de debatir acerca de la explotación de un mineral del cual Argentina posee ingentes reservas, radica en analizar qué capacidades institucionales y tecnológicas pueden impulsar y/o desarrollar las provincias que ostentan el “dominio originario” del recurso, y la Nación, que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental y cuyo Ministerio de Energía y Minería diseña las políticas públicas a nivel federal.
El “boom del litio” tiene que proveer una fortaleza productiva que reditúe más allá del beneficio de disponer del bien natural económicamente explotable, para ubicar a la Argentina en la frontera del conocimiento y le permita consolidarse como una referencia mundial en la materia. Bajo estas condiciones sí se puede hablar del litio como el “oro blanco”.
* Docentes e investigadores de Flacso/UBA/ UNPaz. Fundación Generación del Sur
