Este miércoles, cientos de personas se manifestaron en Santa Fe para protestar contra el lawfare en el marco de la imputación de los exfuncionarios de Seguridad de la provincia Marcelo Sain y Nadia Schujman por una supuesta "violación a la ley de Inteligencia Nacional" y "asociación ilícita", entre otros cargos.
"Estoy preocupada por el quiebre institucional que implica para esta provincia y por ver que las personas que están detrás de todo esto van por todo", declaró la abogada de HIJOS Rosario y exdirectora de la Agencia de Control policial de Santa Fe, Nadia Schujman, en AM750.
"En nuestra gestión intentamos hacer una reforma de la policía en la provincia de Santa Fe, que es bastante conocida por sus niveles de corrupción y violencia, y es en ese proceso que empezamos a tocar múltiples intereses", relató Schujman.
Sobre este punto, la abogada explicó que las investigaciones en su gestión "dejaron de estar reducidas a los barrios periféricos y más humildes de Rosario": "Empezamos allanar countries, barrios privados, financieras a detener fiscales a querer enjuiciar a senadores, y eso provocó una reacción muy virulenta", detalló.
Según explicó en Aquí, Allá y En Todas Partes, las investigaciones desataron una ola de allanamientos "sin orden judicial, ni testigos", entre ellos al propio Ministerio de Seguridad, que tuvo una gran cobertura de los medios de comunicación de Santa Fe.
"Cuando esos allanamientos se producían, en todos los medios de comunicación hegemónicos rodeaban la Casa de Gobierno y, antes de que terminaran, empezaban a poner en la tapa de todos los diarios de la provincia que habíamos cometido espionaje ilegal, que había miles de carpetas de empresarios, políticos y periodistas. Eso nunca apareció cuando se revisó lo que secuestraron, pero lo repitieron durante un año. Recién hace un par de días fui imputada. En el medio, se me violaron todas las garantías constitucionales que se imaginen", agregó la exdirectora de la Agencia de Control policial santafesina.
Por último, Schujman denunció irregularidades en la causa. Según explicó la abogada de Derechos Humanos, en el proceso admitieron como querellantes al dueño del principal multimedio de Santa Fe, Gustavo Scaglione, que estaba siendo investigado, y a Maximiliano Puyaro, exministro de Seguridad, jefe de la oposición en la Cámara de Diputados por el PRO y precandidato a gobernador de Santa Fe". "Nunca se había visto este manejo tan descarado de una causa judicial", concluyó.
