El presidente Mauricio Macri insistió sobre la necesidad de bajar el “costo argentino” en sus últimos discursos. Desde su visión, la competitividad no puede alcanzarse con devaluaciones que al poco tiempo son anuladas por subas de precios y salarios, sino que requiere una serie de cambios institucionales y de política económica que permitan reducir estructuralmente los costos laborales, impositivos y empresariales. En esa agenda se inscribe la reforma laboral, impositiva, de seguridad social, responsabilidad fiscal y una serie de acuerdos internacionales que prepara el oficialismo para después de las elecciones. El objetivo del paquete legislativo es reducir costos para la atracción de inversiones y creación de empleo.

En materia laboral, la reforma busca barrer con las paritarias por rama y los convenios colectivos para pasar a negociaciones por empresa, extender el régimen de contrataciones temporales, sustituir indemnizaciones por un fondo para desempleados y avanzar sobre el fuero laboral. En materia impositiva se busca disminuir los impuestos nacionales y provinciales sobre las empresas, mientras se programan recortes presupuestarios en ambas jurisdicciones para evitar un nuevo incremento en el déficit fiscal. La reforma previsional recortaría los aportes y contribuciones a la seguridad social, junto a una posible extensión de la edad para jubilarse de las mujeres. Por último, los acuerdos internacionales apuntan a profundizar la apertura económica, permitiendo la sustitución de producción nacional por productos importados.

Como los costos son ingresos cuando se los mira del otro lado del mostrador, la reducción del “costo argentino” implica la baja en el “ingreso de los argentinos”. Así, el paquete de reformas va a profundizar la disminución de los ingresos de los trabajadores activos y pasivos, del Estado y de los empresarios locales que compiten con las importaciones. La consecuente caída del consumo, gasto e inversión va a achicar el mercado interno, profundizando la baja en la producción y el empleo. 

 En el relato oficial, esta destrucción económica será compensada por el avance de los sectores exportadores y de algunos servicios cuya rentabilidad se ha incrementado. Los mayores ingresos de esas actividades han generado una suba del costo de las materias primas, combustibles y servicios públicos; es decir, un incremento en el “costo anti-argentino” que puso en jaque a la economía nacional. 

La escasa atracción de inversiones y generación de empleo hasta el momento es procesada en los despachos oficiales como la necesidad de ir por una nueva transferencia de ingresos, esta vez, por la baja de los costos que implica el programado paquete de reformas. Aun así, la posibilidad de que la expansión de las actividades exportadoras y de servicios compense la planificada destrucción de las que dependen del mercado interno carece de realismo. Mucho más en un mundo donde el proteccionismo de las potencias está avanzando.