El Senado de Salta tuvo una sesión con reproches a la Cámara de Diputados, aclaraciones a funcionarios, una crítica al gobernador y, claro, para Aguas de Salta, que sigue primera en el ránking de quejas, con lo que le dió un respiro al Ministerio de Salud Pública.
En lo legislativo propiamente dicho, se aprobó la eliminación de la obligación de dar fe de vida por parte de personas con jubilaciones y pensiones, una medida que tiene más de buena voluntad que de efectividad, porque solo alcanzará a unos pocos cuyos beneficios dependen de cajas de jubilaciones y pensiones provinciales. También se aprobaron la beca para estudiantes de Medicina del interior provincial, la donación de un terreno para ser destinado a cementerio en Cerrillos y la obligación de que en los carteles de obras públicas se incluyan frases sobre prevención de violencia de género.
El senador por el departamento General Güemes, Carlos Rosso (del bloque oficialista Compromiso por Salta) presentó un informe sobre la actuación del Senado en este año legislativo. Dijo que se trató un total de 93 proyectos de leyes. Si bien los utilizó para hacer reproches a diputados, aporta datos sobre el desinterés de algunos funcionarios del Ejecutivo para responder a las inquietudes del Legislativo.
Del total 84 pedidos que realizaron los senadores este año, fueron respondidos 46 (lo que representa el 55%), en 37 (44%) no recibieron respuestas y hay uno sobre el que todavía se está esperando la respuesta. La gran mayoría de esos pedidos fueron dirigidos a los ministerios de Educación y de Salud.
“Si algún Ministerio todavía tiene un pedido de informe del Senado, lo llamo a la reflexión a que responda", exhortó Rosso. Dijo que esa información es "también una herramienta de trabajo" para los legisladores, "no es un pedido en contra de nadie, y además se trata de cumplir nuestra función”, por lo que “Cuando un ministro no le responde a un pedido de informes de un senador, no le falta el respeto a ese senador, le falta el respeto a la Cámara de Senadores, que es una institución”, a sus trabajadores, y a la ciudadanía, recordó.
¿Quién adeuda más proyectos?
Rosso acompañó esos datos con una frase dirigida a sus pares de la Cámara Baja: “Le vamos a explicar un poquito a algunos diputados”. Detalló: el Senado tenía en ese momento 50 proyectos de ley que provienen de Diputados, con media sanción, pero adelantó que iban a quedar 48, porque en esta sesión se iban a aprobar dos, lo que efectivamente ocurrió.
Ratificó que frente a esos 48 proyectos para ser tratados en la Cámara Alta, integrada por 23 senadores, en la Cámara Baja, donde son 60 diputados, hay 91 proyectos esperando ser tratados, algunos cuentan con media sanción del Senado. “Si ellos tienen 91 proyectos guardados quiero creer que los están estudiando”, ironizó. “Nosotros estamos trabajando”, seguramente ellos también están trabajando pero quizás tienen que rever la forma en que trabajan, sostuvo. Y los llamó "a la reflexión”.
Carlos Ampuero (Compromiso por Salta, Santa Victoria), se sumó más tarde pidiendo a Diputados que trate el proyecto de modificación de la ley 7121, que tiene media sanción del Senado desde diciembre de 2019, y cuya aprobación es necesaria para el reconocimiento oficial de los pueblos indígenas Weenhayek, Iogys, Lule, Atacama y Tastil. También recurrió a la ironía: “Dos años deben estar estudiándola a esta ley para poderla sacar mejor, seguramente”. Y recordó que el no reconocimiento vulnera los derechos de estos pueblos originarios.
Críticas a Aguas del Norte, y a Sáenz
Carlos Rosso inauguró las intervenciones críticas contando que por pedido de vecinos de su ciudad, Güemes, se hizo una reunión para tratar la falta de agua potable. Del encuentro participaron funcionarios del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), pero “lo vergonzoso es que el representante de Aguas del Norte no estaba presente”.
Contó que él informó sobre la ley de emergencia hídrica, aprobada la semana pasada, "para darle herramientas al Ejecutivo Provincial y tener más recursos para realizar obras” y volvió a cuestionar: “Cada cual debe cubrir sus responsabilidades”. “La empresa Aguas del Norte particularmente es quien debe hacer lo que corresponde y el Ente Regulador de Servicios Públicos también, debe controlar cuando el servicio se da, cuando el servicio se da a medias y cuando no se da, porque acá sí se ha estado pagando un servicio y la verdad, la sociedad se encuentra muy molesta, no solo del departamento Güemes”.
Por otro lado, la senadora Sonia Magno (Evita Conducción, San Carlos, única no varón en una Cámara de 23 integrantes) manifestó su molestia porque no le informaron de la visita del gobernador Gustavo Sáenz a su pueblo.
Entre otros problemas, San Carlos tiene uno histórico con la provisión de agua, agravado desde hace un mes porque se quemó una bomba y no están recibiendo soluciones, dijo la senadora. Encima, el agua para consumo humano tiene altos contenidos de boro y arsénico, y "no se está tampoco dando respuesta". "El gobernador ha caminado el pueblo de San Carlos simplemente con el intendente del pueblo y como puede ser que nosotros como legisladores ni siquiera estemos enterados y poder transmitir la problemática que tiene el pueblo de San Carlos”, se quejó.
Becas para estudiantes de medicina
Ayer el Senado aprobó en definitiva el proyecto de ley, llegado en revisión, que crea un Régimen Especial de Becas destinado a estudiantes salteños del interior provincial que cursen la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
El senador Marcelo García (Compromiso por Salta, Anta) contó que por año hay unos 500 estudiantes en esta carrea, que funciona desde 2015. La idea de la beca es animar a estudiantes del interior a estudiar Medicina, explicó. Recordó que 9 de cada 10 ingresantes son de Capital y departamentos aledaños del área metropolitana, y que la pandemia mostró anomalías y carencias en el sistema de salud, y uno es la falta de médicos en el interior. “Se trata de estimular que el estudiante esta carrera y también que elija estudiar acá, en la provincia”, con la idea de que luego vuelvan a sus lugares de origen, indicó.
La iniciativa prevé que podrán acceder a esta beca quienes tengan su domicilio a una distancia mayor de 50 kilómetros de la sede de la UNSa, en la ciudad de Salta. El monto de la beca “no debe ser inferior al 40% del salario mínimo vital y móvil” y puede ser incrementado a medida que el estudiante avance en la carrera.
Leopoldo Salva (Los Andes, Evita Conducción) agregó más razones: para quienes viven en el interior "es muy complicado venir acá a la ciudad de Salta, pagar un alquiler, desprenderse de la familia”. Además, "es muy difícil" que los médicos vayan a los lugares más alejados de su territorio.
Emiliano Durand (Compromiso por Salta, Capital), señaló que organismos internacionales han fijado que debe haber 2,4 médicos cada mil habitantes para una buena atención de salud. La Argentina tiene, según el Ministerio de Salud de la Nación, 3,94 médicos cada mil habitantes.
Sin embargo, la provincia tiene 2,33 médicos cada mil habitantes. “Salta tiene la mitad del promedio de los médicos que tiene el país", y en el interior es aún más baja la cantidad de médicos por habitante, y es conocida la dificultad para "retener profesionales y formar profesionales”.
Proyecto fe de vida
Se aprobó también un proyecto que establece que las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Provinciales no podrán solicitar a sus afiliados la constatación de su supervivencia o fe de vida, como requisito previo para el pago de los beneficios de los que fueran titulares.
El autor del proyecto, Esteban D’Andrea (Compromiso por Salta, Chicoana), recordó que el Senado viene sosteniendo que no es justo poner en cabeza de jubilados y pensionados la obligación de informar que sigue con vida. “Se ha venido sosteniendo la responsabilidad del Estado, que debe ser quien determine que una persona está viva o no”.
“Hemos argumentado muchas veces que en pleno siglo XXI es inconcebible que el Estado no pueda cruzar datos entre el Registro Civil y la Anses”, “es irracional” hacer que los jubilados, algunos muy mayores, deban recorrer kilómetros para dar fe de vida, insistió. Añadió que para la zona rural esta es una carga de muy difícil cumplimiento, sin una sucursal bancaria cerca, sin conectividad digital; que muchas personas, ya mayores, deben recorrer muchas distancias a caballo para poder llegar a dar fe de su vida, además, el transporte les consume un porcentaje grande de su jubilación o pensión. “Que vivir en el interior no sea vivir en inferioridad o en un país de segunda”, afirmó.
Ampuero añadió que en su departamento, en la Puna, hay personas a las que el transporte les consume hasta el 50% del “mísero sueldo” de jubilación o pensión.
El proyecto se aprobó y pasó a Diputados en revisión, pero aunque obtenga sanción solo será aplicable para un sector bastante pequeño, porque la mayoría de estos beneficios se cobran por cajas nacionales. Por eso los senadores insistieron también pidiendo a legisladores nacionales por Salta que hagan suyo este planteo.
Además, el Senado dió media sanción a un proyecto de ley del senador Fernando Sanz (Compromiso por Salta, Cerrillos), por el cual se autoriza al Ejecutivo a trasferir en donación una fracción de 5 hectáreas a favor de la Municipalidad de Cerrillos para que sea destinado exclusivamente a la construcción de un cementerio municipal.
Se aprobó también en definitiva el proyecto de ley que dispone que todo cartel de obra pública del Estado provincial deberá incluir una frase o lema de concientización para la prevención de la violencia de género y el número telefónico dedicado al servicio gratuito de ayuda y denuncia.
Y le dio acuerdo al pliego remitido por el Ejecutivo proponiendo la designación del abogado Hugo Nicolás Postigo Zafaranich en el cargo de juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación del Distrito Judicial del Centro.
