El Gobierno de Mauricio Macri apeló la medida cautelar que la semana pasada lo había obligado a restituir las pensiones por invalidez que había quitado compulsivamente y sin previo aviso. El recurso presentado por la administración macrista va a contramano de su promesa de respetar las decisiones de la Justicia y de restablecer ese derecho quitado hace tres meses. Ahora resta esperar que otro magistrado defina si continúa vigente el amparo o si acepta la impugnación del Poder Ejecutivo.
En su fallo del 7 de julio pasado, la jueza federal de la Seguridad Social Viviana Piñero había hecho lugar una presentación hecha por el frente 1País en la jurisdicción del departamento judicial de San Martín. La medida convalidó un dictamen del 28 de junio hecho por el fiscal Gabriel de Vedia, quien intervino en el caso de un niño con retraso madurativo al que se le quitó ese beneficio.
Piñero le dio al Gobierno un plazo de ocho días para restablecer las 175 mil pensiones no contributivas -en su mayoría por incapacidad y a madres con siete hijos o más- e hizo lugar a la posibilidad de presentar una acción colectiva.
La presentación había sido hecha debido a que el Ministerio de Desarrollo Social incumplió con lo que había prometido luego de que una masiva movilización frente al Obelisco de personas discapacitadas y centros terapéuticos ocurrida el 15 de junio. Incluso luego de aquella marcha, la titular de esa cartera Carolina Stanley anunció la revisión de los recortes y la restitución de miles de pensiones. Sin embargo, nada de eso ocurrió.
Tal como lo reveló Página/12 en su edición del 22 de junio, la Dirección Nacional de Pensiones confirmó que el Ministerio no restituyó las pensiones quitadas sin previo aviso. Hubo entonces nuevos repudios de agrupaciones políticas y de organizaciones no gubernamentales.
En la provincia de Río Negro, y por impulso de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ), la Justicia Federal con asiento en Viedma hizo lugar a un amparo colectivo presentado por los legisladores y dos ONG. A ellas se les dio la representatividad de 400 casos de personas discapacitadas que quedaron sin el beneficio.
En su fallo, la jueza Mirta Filipuzzi destacó la trascendencia social de los derechos colectivos afectados: “La afectación de los beneficios de pensión no contributiva no encuentra sustento normativo alguno sino que responde a una vía de hecho”, definió y ordenó al Gobierno a restablecer las pensiones.
El Ejecutivo nacional no dio respuestas positivas a estas demandas ni a su propia iniciativa de “depurar el padrón” de beneficiarios. La misma suerte corrió el amparo al que la jueza Piñero hizo lugar y que conminaba a la administración de Cambiemos a reintegrar los poco más de 6 mil pesos de las personas que ya llevan más de tres meses sin cobrarlos.
