El próximo miércoles será un día importante para el futuro de la investigación que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y federico Grimberg en la que imputaron los delitos de asociación ilícita, abuso de poder e infracción a la ley de inteligencia, entre otros, al ex ministros Sain y a otros siete ex funcionarios de Seguridad y el Organismo de Investigaciones. A las 15.30 se fijó audiencia de medida cautelar, en el que se definirá cómo transitarán el ex ministro y otros dos imputados el proceso: los fiscales pueden pedir prisión preventiva o alguna medida alternativa. Todo indica que optarán por este segundo camino. La audiencia la dirigirá el juez Nicolás Falkenberg. Dos horas más tarde se fijó, también en el edificio de tribunales de la capital provincial, una audiencia que dirigirá el juez Jorge Patrizi en el que se debatirá el planteo de competencia federal que invocan las defensas en el caso del delito violación de la ley nacional de inteligencia.
Apenas el fiscal Ezequiel Hernández imputó al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a su equipo por presunta violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, las defensas impugnaron su competencia y solicitaron que la causa pase al fuero federal. El planteo se discutirá el miércoles, a las 17, en Tribunales, en una audiencia ante el juez Jorge Patrizi, quien escuchará a las partes y luego resolverá el destino de la investigación. El presunto “espionaje ilegal” ya fue invocado por Hernández en otro incidente de la causa que se resolvió el 30 de marzo, cuando el juez de la Cámara de Apelaciones Sebastián Creus levantó el secreto del sumario y explicó que las “conductas” de los investigados que reprocha el fiscal no encuadraban en la ley de Inteligencia Nacional y si fuera así, “se debería poner en cuestión la competencia de la justicia ordinaria” para entender en el asunto.
En la audiencia imputativa que se realizó el martes, el fiscal Hernández y su colega Federico Grimberg imputaron a Sain varios hechos, entre ellos: “1) La conformación de una asociación ilícita con la finalidad de la comisión del delito de espionaje, previsto en la ley 25.520; 2) La realización de acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, y 3) La comisión de abuso de autoridad por el dictado de órdenes contrarias a la ley 25.520”.
El miércoles, los dos abogados defensores: Hernán Martínez –que asiste a Sain- y el ex ministro de Justicia Juan Lewis -que patrocina a su colega Nadia Schujman, entre otros- plantearon la “incompetencia” del fuero ordinario para investigar los hechos que imputaron los fiscales y solicitaron el pase de la causa al fuero federal. El jueves, el juez Patrizi admitió la “solicitud de declaración de incompetencia” y pidió a la Oficina de Gestión Judicial que notifique a las partes y convoque a la audiencia de debate, que se fijó para el miércoles próximo, a las 17.
Lewis dijo que “existe un supuesto claro de incompetencia material para que la justicia ordinaria" avance en la causa. “La investigación y juzgamiento de los delitos previstos en la ley 25.520” le corresponden “a la justicia federal” y por lo tanto, el juez Patrizi debería remitir el legajo al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, que ya intervino en el proceso, en un incidente anterior.
“La ley 25.520 –argumentó Lewis- estructura el Sistema Nacional de Inteligencia” y tipifica las “acciones de inteligencia prohibidas”. Pero esas “conductas” requieren un “sujeto activo calificado”, que son los funcionarios de esa estructura del Estado nacional, una condición que no cumplen ninguno de los ocho imputados en la causa.
En esa línea, Lewis recordó el fallo del juez Creus del 30 de marzo. Los hechos que reprocha el fiscal Hernández no encuadraban en un supuesto “espionaje ilegal”, sentenció el magistrado. “No obstante, la Fiscalía persiste tozudamente en sostener una imputación frente a la justicia provincial por hechos presentados e imputados como violación a la ley de Inteligencia Nº 25.520”. Por lo tanto, le pidió al juez Patrizi que decline la competencia del fuero ordinario y “remita la causa a la justicia federal”.
El abogado de Sain solicitó lo mismo. “La jurisprudencia unánime en materia de espionaje en los términos de la ley 25.520 proviene de Tribunales Federales”, dijo el doctor Martínez. Y también citó el fallo de Creus cuando alude a las “conductas” que reprocha el fiscal por el “hallazgo de material impreso, o conservado en forma digital, con datos e información social, personal, de negocios, etc., respecto de individuos, personas físicas y jurídicas que se afincan en la provincia de Santa Fe, colectadas o en manos de los funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad”.
Según Creus, esas “conductas” que imputó Hernández no encuadran “en los términos de la ley de Inteligencia Nacional porque los tipos penales” previstos en la norma “se refieren a autores calificados” (es decir, “funcionarios del sistema de inteligencia” del Estado nacional, “cosa que los funcionarios imputados en la causa están lejos de esa categoría”) o “se refieren a la divulgación de información recabada dentro de la actividad propia de las agencias comprendidas en la ley”.
Es más, Creus planteó otra hipótesis, que si las supuesta “conductas” de Sain y de su equipo “estuvieran comprendidas” en la ley 25.520 “claramente debería ponerse en cuestión la competencia material de la justicia ordinaria”. “En ese sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como “espionaje”, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, agregó el magistrado.
El petitorio de las defensas al juez Patrizi es concreto: que “tenga por planteada la incompetencia” de la justicia ordinaria y “oportunamente, se declare incompetente y remita las actuaciones a la justicia federal” de Santa Fe.
