A mitad de diciembre la Cámara de Diputados también será escenario de una gran final. Habrá más de un millón de personas esperando el resultado con el corazón en la boca, porque de lo que allí ocurra depende su futuro. La contienda los involucra de manera directa, así como a otros 800 mil que se acercan a la edad jubilatoria pero saben que si la ley no se aprueba, quedarán al margen de ese derecho. Familiares y amigos alientan desde las tribunas.

El Frente de Todos de un lado y Juntos por el Cambio del otro son los rivales principales.

El objetivo del bloque oficialista, de la mano de aliados que resultarán clave, es convertir en ley el proyecto de moratoria previsional que ya votó el Senado, por el cual nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres podrán acceder a la jubilación plena, tras saldar los años de aportes adeudados a la seguridad social.

Juntos por el Cambio rechaza esa posibilidad. En sus filas hay quienes defienden a capa y espada mantener el sistema que impuso el gobierno de Mauricio Macri, de asignar una pensión mínima, en este momento equivalente a 40.100 pesos, a quienes no hayan reunido los 30 años de aportes que marca la ley previsional. Se trata de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en los años que gobernó la oposición, que al día de hoy reúne a más de 200 mil personas.

Otros diputados de ese espacio, los de Evolución, proponen crear una prestación intermedia, que ya no sería una ayuda asistencial como la PUAM, que no otorga derecho a pensión tras el fallecimiento del titular, sino una jubilación proporcional a los años de aportes realizados. La iniciativa se plasmó en un dictamen de minoría en las comisiones de Diputados que analizaron las distintas propuestas. Su autor es el diputado Alejandro Cacace. Representa una mejora frente a la PUAM, pero queda detrás de los beneficios del proyecto del oficialismo, que permite a hombres y mujeres que trabajaron en la informalidad o se dedicaron a tareas de cuidado cobrar una jubilación plena. 

¿Y la izquierda?

El Frente de Izquierda avanzó con su propio dictamen, que plantea cambios estructurales del sistema previsional y de los mecanismos para financiarlo. Coincide en el diagnóstico con el Frente de Todos respecto a que los trabajadores no son culpables por adeudar aportes, sino víctimas de un sistema laboral que los precariza y les niega derechos básicos de cobertura de la seguridad social.

"La responsabilidad no está en quienes fueron víctimas del fraude laboral, sino en las patronales y los gobiernos”, definió el diputado Nicolás Del Caño. “Qué ha sucedido en los últimos años -siguió-. Las moratorias fueron una solución transitoria que, en realidad, le puso la carga a ese trabajador y a esa trabajadora, que ahora tienen que pagar la regularización de aportes con descuentos en su haber, algo que en realidad no es su responsabilidad. Fue responsabilidad de las propias empresas que le hicieron fraude y que no le pagaron los aportes jubilatorios, desfinanciando el conjunto del sistema previsional”.

El Frente de Todos estima que tendrá los votos suficientes para aprobar la ley, con el apoyo de aliados de partidos provinciales, pero en una votación que se anticipa peleada, la posición que vaya a adoptar el Frente de Izquierda puede resultar fundamental. No se descartan negociaciones en la semana y media que resta hasta la sesión -el oficialismo la proyecta para los días 15 o 16- para lograr su acompañamiento, aunque por ahora los diputados de la izquierda se mantienen firmes en defensa de su propio proyecto.

Cómo es la moratoria

El proyecto que espera la media sanción de Diputados para convertirse en ley fue elaborado por los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, identificados con Cristina Kirchner. El Gobierno en un principio dejó avanzar a los legisladores pero sin acompañar de manera decidida, salvo por la titular de la Anses, Fernanda Raverta, quien sí se expresó a favor de la iniciativa. El entonces ministro Martín Guzmán, en cambio, evitó un pronunciamiento categórico. 

A mitad de año, el Senado logró la mayoría y el proyecto pasó a la Cámara baja, adonde ahora se jugará "la gran final". En esa oportunidad, el radicalismo se abstuvo y el PRO votó mayoritariamente en contra.

La propuesta busca dar solución a aquellas personas que ya alcanzaron la edad de retiro, 60 años las mujeres y 65 los hombres, pero no reúnen los 30 años de aportes para cobrar la jubilación. Son 742 mil personas: 447 mil mujeres y 295 mil varones. Se busca que puedan saldar las deudas de aportes hasta diciembre de 2008, en planes de 1, 30, 60 y hasta 120 cuotas. El pago mensual será equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible.

La otra pata del proyecto es permitir a las personas que les falta hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria, pero que ya saben que carecen de aportes suficientes, que puedan ir cubriendo ese bache desde este momento. Hay 552 mil mujeres de entre 50 y 59 años y 327 mil varones de entre 55 y 64 años que podrían utilizar el beneficio y garantizarse la jubilación de manera anticipada.

Además, las más de 200 mil personas que actualmente cobran la PUAM podrán sumarse al beneficio y alcanzar una jubilación plena. La diferencia más directa es que en lugar de cobrar el 80 por ciento de la jubilación mínima, como ocurre con la PUAM, alcanzarán como piso el haber mínimo completo una vez realizados todos los pagos de la moratoria.

Juntos contra la moratoria

La principal bancada opositora rechaza la moratoria. Como se indicó más arriba, el PRO la descarta totalmente, mientras que los diputados de Evolución proponen crear una prestación intermedia entre la PUAM y la jubilación ordinaria.

"Como se niegan a hacer una reforma laboral nuestro país vive con trabajo en negro, en donde las empresas son las verdaderas víctimas de la política. ¿Quién se anima hoy a tomar un empleado? Nadie", interpretó Laura Rodríguez Machado (PRO), para justificar la negativa de su bancada. En su explicación, la informalidad laboral es responsabilidad del Estado, no de las empresas.

La otra razón principal que esgrime la oposición es el costo fiscal de la moratoria. En este punto, los diputados de Evolución admiten un incremento de las erogaciones del Estado para crear una prestación proporcional a los años de aportes. Sería para aquellos que aportaron entre 10 y 29 años. El diputado Cacace explicó que la medida sería indiferente para los que aportaron menos del plazo mínimo porque, en su fórmula, seguirían cobrando lo mismo que en la actualidad, es decir la PUAM.

Por arriba de los 10 años de aportes sí habría mejoras en relación a los ingresos presentes. Por ejemplo, tomando la remuneración promedio sujeta a aportes (Ripte) que en septiembre era de 165 mil pesos, con 20 años de aportes el jubilado cobraría 65.500 de haber mensual. Con 29 años de aportes serían 87.825 pesos, calculó Cacace. Si el sueldo fuera de 100 mil pesos, con 17 años de aportes ya superaría la PUAM.

La propuesta mejora la situación respecto de lo que ya existe, que fue lo creado durante el gobierno de Macri, pero queda por detrás del proyecto del oficialismo para incluir a todas las personas en edad de jubilarse.

En dos semanas, si el oficialismo consigue los apoyos necesarios, se jugará la final del jubilado y la jubilada.