En fallo unánime, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó hoy a 19 hombres, ex integrantes del Ejército, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Jujuy y el Servicio Penitenciario jujeño, por actos de terrorismo estatal cometidos en la década del 70 en perjuicio de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar. 

La sentencia, dada por los jueces Federico Díaz y Abelardo Jorge Basbus y la jueza Alejandra Cataldi, se dictó esta tarde ante la presencia de buena cantidad de personas congregadas en la sala de audiencia y en la avenida Senador Pérez al 100 de San Salvador de Jujuy, donde se montó un escenario y se hizo un tendedero con las imágenes de las víctimas del plan sistemático de eliminación de personas acometido por la última dictadura cívico militar. 

Si bien algunas penas estuvieron por debajo de los pedidos de la fiscalía y las querellas, el fallo fue celebrado por ex detenidos políticos y familiares de personas detenidas desaparecidas. 

Este juicio, para el que se acumularon 15 causas, es el más grande realizado hasta ahora en Jujuy, que involucra a acusados de todas las fuerzas de seguridad que tuvieron actuación en territorio jujeño en aquellos años; además, por primera vez se investigaron delitos sexuales y se destaca también porque se expuso la persecución criminal por razones económicas que fue dirigida a trabajadores de dos de las grandes empresas existentes en la provincia, el Ingenio Ledesma, de propiedad de la familia Blaquier, y Mina El Aguilar.

El ex militar Juan Carlos Jones Tamayo, el ex comisario José Américo Lescano y los ex jefes penitenciarios Juan Carlos Lucero y Ceferino Narváez recibieron penas de prisión perpetua. 

En el caso de Jones Tamayo, que fue jefe de inteligencia del Área 323, se lo encontró responsable de una larga lista de hechos en los que se configuraron los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, torturas y de 15 homicidios. 

Lescano, que era jefe de la Comisaría N° 24, de Libertador General San Martín, en el dominio del Ingenio Ledesma, también fue declarado responsable por allanamientos ilgales, privaciones ilegales de la libertad, torturas, un homicidio y violación sexual. 

El ex alcaide Lucero, que fue jefe la Sección Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, que funcionó como centro clandestino de detención, fue declarado responsable de la privación ilegal de la libertad y homicidio doblemente agravado de Juan Ángel Torres.

Por el mismo hecho fue condenado Narváez, que era jefe de Guardia de Seguridad Externa de Villa Gorriti. 

Siguiendo un orden en cuanto a la gravedad de las penas impuestas, el ex policía  Bernardo Salinas, que también se desempeñó en la Comisaría de Libertador, fue condenado a 25 años de prisión, por hechos de detenciones ilegales, torturas y "violación sexual doblemente agravada por provocar un daño en la salud de la víctima", hecho que fue cometido en perjuicio de tres detenidas políticas. 

El ex teniente Rafael Mariano Braga, que se desempeñó en el Grupo de Artillería de Montaña 5 y como oficial de inteligencia en el Área 323 fue condenado a 24 años de prisión, por 48 hechos de torturas y siete detenciones ilegales.

El ex oficial de Gendarmería Raúl José Borges Do Canto recibió igual pena, a 24 años, por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad y torturas agravadas. En su calidad de jefe de la Sección Mina Aguilar de Gendarmería Nacional, entre enero de 1975 y octubre de 1976, Borges Do Canto participó de la represión a los trabajadores de esa empresa. 

El ex oficial del Servicio Penitenciario jujeño Orlando Ricardo Ortiz fue condenado a 22 años de prisión. Había sido señalado como agente de enlace entre el penal de Villa Gorriti y la central de inteligencia Área 323. También fue declarado responsable de haber participado en detenciones ilegales y torturas.

El ex suboficial ayudante penitenciario de Jujuy Mario Marcelo Gutiérrez, que cumplía funciones en Villa Gorriti, fue condenado a 22 años de prisión, por detenciones ilegales y torturas. 

Herminio Zárate, que también tenía grado de suboficial y también se desempeñaba en Villa Gorriti, recibió una pena de 21 años de prisión, por los mismos delitos. 

Ya entre integrantes de la Policía de Jujuy, el ex ofiical Hugo Armando Ruiz, fue condenado a 20 años de prisión. Cumplía tareas en el Comando Radioeléctrico, donde funcionaba un centro clandestino de detención, y era miembro de la central de inteligencia del Área 323. En su caso también fue declarado responsable de detenciones ilegales y torturas. Igual pena, por detenciones ilegales y torturas, recibió Armando Raúl Claros, que era suboficial de la Policía de la provincia.

En otro grupo, con penas iguales o inferiores a 15 años de prisión quedaron nueve de los represores juzgados en este sexto juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en Jujuy. 

El ex alferez de Gendarmería Carlos Raúl Pérez y el ex subcomisario federal Rodolfo Oscar López fueron condenados a 15 años de prisión por hechos de detenciones ilegales y torturas. Además de la pena impuesta, comparten el pedido de la fiscalía, que pretendía para ambos una condena a 25 años. 

Pérez cumplió tareas en la Sección La Quiaca, en el centro clandestino de Guerrero y en el penal provincial de Villa Gorriti. López era subjefe de la Delegación Jujuy de la Policía Federal. 

El ex oficial ayudante de la Policía jujeña Carlos Humberto Cachambe, que cumplía funciones en la Comisaría de Calilegua, también usada para la represión ilegal, fue condenado a 11 años de prisión, por detenciones ilegales y torturas. 

Virgilio Choffi, que era cabo de la Policía de Jujuy y se desempeñó en las dependencias policiales de Calilegua y Libertador, fue condenado a 8 años de prisión.

Pedro Ríos, ex oficial auxiliar de la Policía provincial y que se desempeñó en el Departamento de Informaciones Policiales y fue jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, recibió una pena de 6 años de prisión. La misma pena recibió Inés Roque Cari, que era oficial ayudante de la Policía y participó en la represión a los mineros de El Aguilar. 

La pena más leve se dictó contra el ex policía provincial, ex futbolista y director técnico Juan de la Cruz Kairuz, que fue condenado a 5 años de prisión en calida de coautor de la privación ilegal de la libertad del médico Luis Ramón Aredez, que fue intendente de Libertador General San Martín y estuvo enfrentado al Ingenio Ledesma. Kairuz fue declarado responsable también por el allanamiento ilegal a la casa de Aredez. 

Por otro lado, el Tribunal absolvió por el beneficio de la duda al ex oficial subayudante del Servicio Penitenciario provincial Osvaldo Héctor Caraballo, a quien la fiscalía no había acusado, aunque las querellas sí lo hicieron. 

El Tribunal también dispuso mantener las prisiones preventivas de Jones Tamayo, Braga, Lescano, Salinas, Ruiz, Claros, Do Canto, Narváez, Ortiz, Gutiérrez y Zárate en las condiciones en las que venían, en la modalidad domiciliaria. Y continuarán en libertad de Ríos, Cachambe, Choffi, Kairuz, Cari, Pérez y López.  

Antes de decidir las condenas, el Tribunal rechazó las nulidades que habían planteado las defensas, que objetaban las prisiones preventivas, la mutliplicidad de querellas, afirmaban que las penas pedidas eran irracionales, entre otras observaciones.