El Estado santafesino eroga más de diez millones de pesos cada mes en sueldos a 700 policías que no trabajan. Son los que, por motivos que van desde una enfermedad hasta un delito como el narcotráfico o el homicidio, están apartados de sus funciones pero continúan perteneciendo a la institución hasta que la Justicia o la burocracia les defina el futuro. Cien de esos uniformados están en proceso de destitución; algunos llevan una década en ese limbo, incluso pese a tener una condena a prisión efectiva dictada en primera instancia. La mayoría de los motivos graves refieren a casos de corrupción interna en asuntos administrativos con horas extras y servicios adicionales, vales de combustible y violencia de género entre parejas de policías.

El asunto es preocupación de agenda en el Ministerio de Seguridad, y a ella se debe un proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Legislatura en marzo de 2016 y que se encuentra trabado en el Senado. Con eso el gobierno intenta modificar la Ley de Personal Policial, Nº 12.521, de manera de habilitarle al poder político la facultad de apurar esos trámites y achicar ese limbo burocrático para destituir definitivamente a los policías con responsabilidad penal ‑y dejar de pagarles el sueldo‑ y para restituir a sus funciones a los que no la tienen.

La ley a modificar hasta ahora reserva el régimen de sanciones y depuración policial a la propia Policía. "No tenemos posibilidades de un órgano decisor externo. El jefe de Policía es el que dispone y el trámite es muy lento, sobre todo en los casos graves o en el que el personal ha sido sorprendido en flagrancia. Quisiéramos generar la destitución en un tiempo más corto, que deje de percibir el sueldo, y para dar un mensaje claro hacia adentro. Actualmente, esto lo maneja el D5 (División Judiciales); y sería muy importante que en los casos graves esto lo resuelva la política y no se pierda en un laberinto burocrático, como suele pasar muchas veces", marcó el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, David Reniero.

Las causas que demoran estos procesos refieren a la lentitud propia de la burocracia, y también a cierto espíritu de cuerpo en algún caso que tiende a dilatar el trámite. Y cuando el sumario administrativo tiene su correlato en un expediente de la Justicia penal, el agente u oficial sumariado suele exigir e imponer que su situación policial no varíe hasta que el tribunal se expida.

"No queremos sacarle el régimen sancionatorio a la Policía, que debe tenerlo, pero sí queremos actuar con celeridad en los casos graves. Este año el ministro firmó destituciones que venían pedidas desde 2004. Y si no, siempre hay 3 o 5 años de demora como mínimo, y eso tendría que resolverse en 3 o 4 meses garantizando la defensa y todo", expuso el funcionario. "Hoy se espera la resolución en juicio para resolver lo administrativo ‑lamentó Reniero‑, y así tenemos a todos los casos de policías involucrados en narcotráfico en situación de disponibilidad, cobrando el 75 por ciento del sueldo, y esperando su juicio oral. Deberíamos poder separarlo de la fuerza sin esperar al tribunal, y si resulta sobreseído puede ir al fuero contencioso administrativo y solicitar su reincorporación. Igualmente, si la imputación fue en flagrancia, es muy raro que se trate de un error", razonó.

 

Causas, dinero y proyecto

 

Consultado sobre el ranking de delitos en los que incurren los policías, Reniero dijo: "Tenemos, últimamente, muchas imputaciones por casos de presunta corrupción en cuestiones administrativas, contrariamente a lo que la ciudadanía cree, que sean los apremios ilegales o vejaciones. Son irregularidades con las horas OSPE (horas de servicios excepcionales), con el combustible, o violencia de género interna, entre parejas constituidas por policías", reveló.

Con 700 agentes en disponibilidad, en un promedio arbitrario de 20.000 pesos de sueldo cada uno, rebajado al 75 por ciento, la cuenta que lamenta el contador de Seguridad supera los 10 millones de pesos mensuales.

El proyecto del Ejecutivo, entonces, apunta a que el ministro de Seguridad pueda intervenir en los expedientes por sanciones disciplinarias como para concluir todos antes de que cumplan un año. Asimismo, incorpora la posibilidad de asignar a los policías apartados por enfermedad o accidentes ‑que hoy transitan sin trabajar‑ a "tareas diferentes" una vez cumplida su licencia, como para que al menos presten algún servicio. Eso sí: el tiempo transcurrido en tareas diferentes no contará para los ascensos, y mientras tanto el policía no cobrará suplementos particulares como los de riesgo profesional o dedicación exclusiva.

En cuestión de caja, el proyecto modifica el porcentaje de sueldo en disponibilidad, del 75% al 60%.

La reforma a la ley 12.521 también incorpora a las funciones pasivas a los involucrados en delitos de drogas, tengan prisión preventiva o no. Ocurre que hoy el Estado les paga el sueldo a policías que fueron condenados en primera instancia por casos de narcotráfico, pero que apelaron y por lo tanto no tienen sentencia firme. El proyecto quiere terminar con eso. Si el policía en cuestión supera un año en esa situación, el Ministerio le dará la baja. Y mientras tanto, percibirá el 30% del sueldo sin posibilidad de suplementos.

"Los 100 agentes y oficiales en disponibilidad involucrados en casos graves ya deberían haber sido destituidos, hay algunos que estaban por jubilarse y como están en esa situación no se jubilan y siguen cobrando como activos. Esto es ajeno a cualquier posición ideológica. Necesitamos herramientas legales para un control más eficaz de la policía", acentuó el titular del área.