El interbloque de Juntos por el Cambio, a partir de una supuesta parcialidad de la Presidenta de la Cámara de Diputados al posponer el envío de la nómina de legisladores para el Consejo de la Magistratura, decidió no dar quórum para la sesión donde debían elegirse las autoridades del cuerpo. Explícitamente buscaban declarar ilegítima la conducción de la Cámara. Es decir: bloquear el funcionamiento institucional. Ello obligó a recurrir al artículo 37 del Reglamento que establece que cuando no se eligen nuevas autoridades continúan en sus funciones las preexistentes.

La composición de la Cámara es la misma que la del año pasado, por lo tanto lo que correspondía era ratificar a las autoridades que ya estaban.

Luego, estaba convocada una sesión especial para tratar, entre otras iniciativas, la creación de siete universidades nacionales. Una vez logrado el quórum, se inició la sesión que fue interrumpida por el comportamiento violento de los diputados y las diputadas de Juntos por el Cambio.

Algunos de sus integrantes vociferaban, insultaban y golpeaban las bancas con todas sus fuerzas generando un clima de abierta crisis institucional. Los agravios y gritos misóginos dirigidos a la Presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, fueron de tal magnitud que motivaron a un grupo de diputadas de la bancada del Frente de Todos a acercarse a ella en actitud de protección.

Las cámaras de televisión transmitieron en directo este shock antidemocrático. Se pudo ver cómo la principal oposición, desde el interior de una institución de la democracia, daba evidentes muestras de sus prácticas antidemocráticas. Llevaron adelante un claro ataque a la legitimidad de las instituciones. Juntos por el Cambio parece tener como uno de sus objetivos poner en crisis el sistema democrático y ello se expresa, entre otras cosas, en las brutalidades y los exabruptos que protagonizaron este jueves en el recinto.

Hay antecedentes nacionales e internacionales de estos desbordes violentos.

En la Argentina hemos visto en distintas marchas opositoras representaciones de guillotinas, horcas, bolsas mortuorias, dibujos de personas ahorcadas y ataúdes con los nombres de sus contrincantes. Se trata de una cultura política que viene asociando de modo creciente la acción política con la muerte. En esa concepción, el otro no es alguien con el que se dialoga y debate: es alguien al que se busca eliminar.

En una de esas marchas, frente al Instituto Patria, se amenazó de muerte a la Vicepresidenta de la Nación, a quien increparon desde un megáfono gritando: “Te vamos a ahorcar acá, delante del Instituto Patria y, si no, delante del Senado”. Esos mismos manifestantes agregaban: “los vamos a buscar con ametralladoras para liquidarlos en el momento y ahorcarlos”. No fue la única vez: en otras marchas se repitieron amenazas de muerte similares contra la Vicepresidenta.

No se trata de hechos aislados. Es una práctica violenta en pleno despliegue que intenta interrumpir la cultura democrática consensuada tras la caída del terror dictatorial en 1983. Estas prácticas antidemocráticas ya no amenazan a la democracia desde afuera: lo hacen desde adentro. Sus protagonistas son sectores que acceden a las instituciones a través de elecciones libres pero, una vez en ellas, contribuyen a estimular una cultura política dominada por altas dosis de violencia, barbarie e impunidad. Actúan en la democracia pero buscando deslegitimarla.

La violencia directa, tanto física como verbal, convive con la violencia institucional. A ello se refirió la Vicepresidenta cuando en el alegato final frente al tribunal que lleva adelante la causa Vialidad afirmó: “Esto, más que un tribunal, es un verdadero pelotón de fusilamiento”. “Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia estaba escrita. Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal escrita”, sostuvo y agregó que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron.

Algo similar se manifestó en aquel emblemático título de una nota de opinión del diario Clarín tras el intento de asesinato: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, en el que se equiparaban la bala y el fallo, anticipando —sin proponérselo— la metáfora que usó la Vicepresidenta cuando asoció el batallón de fusilamiento con el tribunal que la juzga.

Estos shocks violentos tienen también diversos antecedentes internacionales.

El 6 de enero de 2021 partidarios de Donald Trump tomaron durante varias horas el Capitolio, el edificio que aloja las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, interrumpiendo violentamente una sesión conjunta del poder legislativo que intentaba ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Las imágenes de manifestantes vestidos con piel de búfalo y grandes cuernos o luciendo símbolos racistas recorrieron el mundo entero.

En noviembre, luego de la victoria de Lula en las elecciones del Brasil, manifestantes que apoyaban a Bolsonaro se manifestaron cortando una ruta cercana a São Miguel do Oeste, en Santa Catarina, haciendo el saludo nazi frente a un regimiento del Ejército. No aceptaban la victoria de Lula y pedían la intervención militar.

Las expresiones de barbarie, brutalidad y obscenidad que protagonizaron diputados y diputadas del bloque de Juntos por el Cambio en el Parlamento nacional, en el lugar donde se construyen las leyes, integran la larga saga de acontecimientos antidemocráticos producidos por lo peor de la derecha y la ultraderecha en los últimos tiempos, tanto a nivel nacional como global.

A cuarenta años de la vuelta a la democracia, nos embarga una profunda preocupación por estos hechos violentos que pueden significar el intento de retorno a regímenes autoritarios. ¿Para qué la vuelta al autoritarismo? Entre otras cosas para alentar políticas como el retorno al sistema privado de jubilaciones, la modificación de la legislación laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras viejas iniciativas.

En breve el Parlamento deberá ratificar el acuerdo de intercambio de datos fiscales con Estados Unidos, que permitirá acceder a la información sobre fondos y bienes no declarados de los argentinos en aquel país. De hacerse efectivo, según cálculos que trascendieron, se generaría una base imponible de por lo menos U$S 100.000 millones. ¿Es pura casualidad el simultáneo intento opositor de debilitar y desprestigiar la institución parlamentaria?

* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario