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“El escándalo –dicen y escriben-- amenaza con trabar las sesiones en Diputados”. Rectificación imperiosa: el sujeto no es “el escándalo” sino Juntos por el Cambio (JxC). Desde las elecciones de 2021 viene intentando impedir el funcionamiento del Congreso. El senador Luis Juez, un incontinente verbal, lo confesó tiempo atrás. La penosa sesión del jueves añadió un episodio a la saga, sin innovar. El método funciona. Los legisladores cambiemitas “se ofenden”, sobreactúan, no dan quórum que reemplazan por veloces conferencias de prensa, salen rajando hacia los sets de canales amigables o vociferan por radios ídem. Patrón de conducta, conducta de patrones.
En la contingencia la costumbre les sirvió para enchastrar la reelección de autoridades. La coherencia institucional te la debo desde el remoto 2009 cuando crearon el apodado “Grupo A”. Una rutina de convivencia traicionada, otra mancha para esos tigres.
El oficialismo aspiraba a tratar un proyecto de ley creando nuevas universidades nacionales en provincias. Diputados del bloque Federal y hasta algunos cambiemitas estaban a favor. Piensan en sus distritos, en cómo votarán los ciudadanos en 2023. La mayoría de JxC aborrece la iniciativa.
Están de punta contra la moratoria previsional que cuenta con media sanción del Senado y que ampliaría la protección social para más de 800.000 jubilades.
Son más capciosos frente al proyecto de ley de persecución y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La pide el GAFI, un organismo internacional. Estados Unidos la apoya. La principal oposición aborrece desairar a los amos pero gambetea comprometerse culpando al oficialismo. Tampoco los emociona la movida por miles de millones de motivos evidentes amarrocados fuera del territorio nacional.
Escándalo hubo, desde ya. El contexto y la historia ayudan a explicarlo.
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La madre del borrego: La judicialización de la política es clave para encuadrar el presente. Ranquea alto la exorbitancia de la Corte Suprema, la cara dura del juez Horacio Rosatti votándose como presidente del tribunal y del Consejo de la Magistratura, doblete anti republicano.
De nuevo, el fenómeno peina canas y trasciende las fronteras de la patria. Crece y se multiplica desde hace años o décadas, La plaga, de escala mundial, se ensaña en América del Sur. Degrada al sistema político trasladar sus conflictos al Poder Judicial. El más aristocrático, el único cuyos integrantes no surgen del voto popular ni pagan impuestos.
Los recursos de amparo o las cautelares fáciles ahondan la tendencia. Cualquier juez se hace el guapo interfiriendo en el accionar del Ejecutivo o del Legislativo.
El Consejo de la Magistratura es un engendro de la Constitución de 1994, mastiquín entregado por el presidente Carlos Menem al presidente Raúl Alfonsín a cambio de la reelección. Nació como quinta rueda del carro y creció en consecuencia. El cruce de decisiones judiciales reciente al respecto empequeñece la imaginación de Franz Kafka. Contadas personas del común pueden comprenderlo, le interesa a menos. La relación causal es evidente: la democracia de masas pierde legitimidad si el pueblo soberano no sabe qué se debate. La confusión, como en las polémicas sobre economía, favorece a los poderes fácticos.
El Frente de Todos (FdT) tiene razón en objetar las maniobras de la Corte y de la opo pero tendría que repensar cuanto tiempo y cuanta agenda destina a las controversias incomprensibles. Las escenas del otro día propenden a dejar la sensación de Cambalache: en el mismo lodo todos manoseaos. No es así, reiteramos, pero el mejor modo para salir del frasco es proponiendo otro temario en el Agora.
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Los deditos de Ritondo: Según Clarín el diputado Cristian Ritondo dedicó su famoso gesto “al kirchnerismo”. Ajá. ¿Le tiró un beso “al kirchnerismo”? ¿Le dijo “venezolana”, cambiándole el género? No hay tal. Ritondo quedó expuesto: machista, patriarcal, violento, misógino y xenófobo. El gesto y la mirada enfilaron hacia la presidenta de la Cámara Cecilia Moreau.
La furia de la bancada cambiemita (impostada o creída tanto da) se trastocó en violencia. Les asiste derecho a negar quórum, a cuestionar la sesión pero no a golpear las mesas, a rodear a la presidenta mujer, a erosionar la credibilidad de la institución. Transmitir furia constituye un objetivo. No “se sacaron”; llevaron al extremo el libreto clásico.
Por última vez aunque vale para toda la columna. El FdT debe captar que esos entreveros dejan afuera a la gente común. Las palabras del diputado Rodolfo Tailhade asimismo merecen crítica y repudio, machacan un sesgo machista.
Digresión módica, para entretenerse. En la película “Argentina, 1985” el fiscal Julio César Strassera le hace “el gesto Ritondo” a los acusados, los integrantes de las Juntas Militares. La historia, proponían ciertos sabios, se repite: primero como tragedia, luego como parodia. Otro ejemplito: inolvidablemente Clarín tituló “La crisis causó dos nuevos muertos” para exculpar a los asesinos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El viernes dio una vuelta de tuerca: “El enfrentamiento de Cristina con la Corte generó un escándalo en Diputados”. Línea editorial intacta, aggiornada.
Volvamos a los tribunales.
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Escándalo jurídico, quemá esos libros: La expresión “escándalo jurídico” existe en la jerga de la doctrina y la jurisprudencia. Deriva del Derecho romano, del latinazgo “strepitus fori”. Alude, en principio a sentencias contradictorias, sobre un mismo asunto: un fallo que absuelve a un acusado por un delito y otro que lo condena en diferentes tribunales. No refiere a disidencias dentro de un tribunal colegiado, válidas y comunes. Ni a revocaciones por instancias superiores, Cámaras o Cortes. Dichas diferencias son habituales aunque a menudo desconcierten a personas normales, profanas.
El escándalo jurídico debe evitarse, entonces. Al efecto se reviste a los juicios de garantías. Defensa, acusación y sentenciantes separados, para empezar. Imparcialidad de esos últimos. Un grado de autonomía respecto de los poderes públicos. Visibilidad de los trámites. “Argentina año verde” replicará usted y tendrá razón.
El juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz, apodado “Causa Vialidad” nació concomitante con el mandato presidencial de Mauricio Macri. La persecución judicial al peronismo, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la dirigente social Milagro Sala a la cabeza, caracterizaron el período.
El Panorama político de Luis Bruschtein publicado este sábado analiza bien la etapa, sus arbitrariedades, el protagonismo extremo del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Se violaron reglas del debido proceso, se encarcelaron dirigentes opositores sin condena (a veces sin procesamiento). Se apretaron testigos forzando su “arrepentimiento”. Se trucharon pruebas empezando por los “cuadernos” borroneados, supuestamente perdidos o hasta quemados a la parrilla, luego resucitados.
El juicio Oral y Público exhibió el histrionismo de los fiscales. Los alegatos de las defensas desmoronaron las acusaciones. La vindicta contra Cristina que arrancó en los primeros meses de 2016 se prolongó y tiene como presupuesto la presunción de culpa. “Ella” tiene que probar su inocencia afirman palurdos y periodistas de derechas. Se arrumba la presunción de inocencia, pilar del derecho penal de Occidente.
Los jueces no son imparciales, ni intentan parecerlo. El presidente del tribunal ostenta el mate del club Liverpool, juega en la quinta de Macri.
El martes 6 se leerá el veredicto, esto es la definición de quienes son inocentes o culpables y en este supuesto los respectivos delitos y penas. Esa parte de la sentencia está escrita de antemano, reprochó Cristina ante el rostro ceñudo de los magistrados. Todo indica que es así. El suspenso propio de este Mundial se contrapone a esa decisión anunciada, enfilada a desacreditar a Cristina y a su fuerza política. A incidir por esa vía en las elecciones del año que viene porque para proscribirla no dan los tiempos… salvo que sus Señorías saquen de la galera otra barbaridad.
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La tortuga encubridora: Los dos pleitos en que se investigan a militantes de ultraderecha que intervinieron o incitaron al atentado contra Cristina tramitan en juzgados separados. Un disparate, un “escándalo jurídico” que conspira contra “la economía procesal” principio que privilegia todas las medidas para evitar demoras, superposiciones, contradicciones.
El expediente en el que se acusa a los autores materiales avanza con velocidad de tortuga o con ritmo de cangrejo. La jueza federal María Eugenia Capuchetti posibilitó que se borraran celulares. No instó investigaciones contra el diputado Gerardo Milman y su vistoso elenco de auxiliares. Se las volvió a convocar por exigencia de la Cámara. Una de ellas explicó, tranqui, que había borrado todos los mensajes de su móvil. Para el sentido común apesta a supresión de pruebas. José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina, es riguroso: la testigo puede hacer lo que plazca mientras no esté procesada o imputada. Toda la responsabilidad recae sobre la jueza que le dio tiempo y margen para que se cubriera. Los tribunales superiores protegen a Capuchetti. En fin.
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El fiscal intrusivo: El fiscal Guillermo Marijuan se pone a la vanguardia de la Cruzada contra los pobres y los “planeros”. Intrusa facultades del Ejecutivo, promueve que se den de baja de oficio a beneficiarios del plan Potenciar Igualdad. Se funda en información incompleta, desconoce que la prestación salarial tiene carácter alimentario. Sería abusivo discontinuarla cruzando datos y sin escuchar a los beneficiarios, sin un análisis del organismo de ejecución. Juega a dos bandas: acusa a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y al secretario Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita.
Marijuan, el pibe retroexcavadora, es un denunciante compulsivo… del peronismo. Sus acciones armonizan con la estigmatización de los programas sociales, del gasto público en general. Políticamente coincide con la inminencia de un blanqueo para grandes evasores que promoverá más pronto que tarde el ministro de Economía Sergio Massa. Los blanqueos truecan (o quieren trocar) una inmoralidad originaria por beneficios fiscales. Todos los gobiernos incurren en ellos lo que los describe sin santificarlos. Tanta transigencia con evasores o lavadores VIP se contrapone a la severidad contra laburantes de bajos ingresos a los que se sancionaría de volea y se privaría del secreto fiscal.
Los medios hegemónicos ovacionan la jugada. El Gobierno se deja conducir, una movilización de organizaciones sociales aliadas lo despabila y disuade de seguir adelante. En el ínterin medió falta de convicción seguramente ayudada desde adentro, interna a cielo abierto entre Tolosa Paz y el dirigente Juan Grabois. La ministra no ha aportado novedades ni creatividad al flojo legado que le dejó su precursor Juan Zabaleta.
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Un formato con ganadores: La judicialización, la criminalización de decisiones políticas, la persecución clasista contra los más humildes, la complacencia con los grandes capitales, conforman un conjunto.
La Vulgata derechosa se empalaga falazmente con la división de poderes poniendo en la cima al más decadente, clasista, endogámico. El momento actual en Argentina y en el mundo consigue records, en el peor sentido. Las garantías se diluyen, la prepotencia de los jueces crece en simultáneo con su desparpajo.
El desequilibrio corroe al sistema democrático. Ese es el cuadro de situación al cierre de esta nota. No cabe hacer profecías apocalípticas pero tampoco desconocer los peligros de seguir cuesta abajo.
