El 29 de noviembre de 2015 tres niñas salieron a comprar pan a las 8 de la mañana. Dos horas después, una de ellas, de 13 años, fue encontrada tirada en una cancha. Había sido abusada sexualmente por ocho varones. Este hecho fue conocido como el "Caso Juana".

El 3 de noviembre de 2022 a 17 kilómetros de aquel lugar, una nena de 12 años que le había dicho a su mamá que iba a ver televisión en casa de familiares, fue encontrada tirada con un golpe en la cabeza y signos de que podría haber sido abusada.

Las novedades en este último caso, acontecido hace un mes, es que existen indicios de que en el presunto abuso sexual contra la niña de 12 años, por el que hasta ahora se apuntaba a un chico también menor de edad, habría participado un mayor de edad. Ante ello la causa ya fue derivada a la fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez. El juez de Menores Anastasio Vásquez Sgardelis, en tanto, continuará con las medidas tutelares que se deban tomar sobre el menor de edad señalado en el hecho.

En los siete años que pasaron entre ambos casos acontecidos, persiste la duda sobre las políticas tomadas por el Estado para abordar las situaciones que se viven en la sociedad en general, pero particularmente en las comunidades originarias.

Ya en febrero de 2019, en la sentencia por el "Caso Juana", los integrantes de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Chehda y Ricardo Martoccia, afirmaron que “el Estado debe promover la investigación cuantitativa y cualitativa sobre la situación de la mujer, máximo dentro de los ámbitos regionales de nuestro Chaco, ello a fin de identificar y evaluar como las desigualdades inciden en la vida cotidiana de la mujer”.

El senador provincial por Iruya, Walter Cruz, presentó una iniciativa para prevenir la violencia sobre niñas y mujeres originarias. Para ello pidió aportes de distintos organismos, no respondieron ni el Ministerio de Educación provincial, ni la Corte de Justicia de Salta, ni el Colegio de Gobierno del Ministerio Público. El senador afirmó que se reiterarán los pedidos “para ver si realmente les interesa".

ESI en clave intercultural

Al hacer las consultas sobre los abordajes para prevenir los ataques a niñas, adolescentes y mujeres de comunidades originarias, la referente de la Educación Sexual Integral (ESI) en el Ministerio de Educación de Salta, Elisa Espeche, afirmó que desde hace un año y medio se encuentra en las instituciones un material para comunidades indígenas en sus idiomas originarios.

Advirtió que de todas maneras una ESI en clave intercultural lleva tiempo, dado que debe ser elaborada desde el diálogo entre las culturas y los contextos que las contienen. “En el marco de las jornadas Educar en Igualdad se generaron materiales en clave intercultural para trabajar en las escuelas y uno de esos materiales fue (sobre) el chineo”, comentó al referir a la práctica que implica el abuso de niñas y mujeres originarias por parte de varones no originarios.

La funcionaria advirtió que no obstante, el hecho de que se generen los materiales para la ESI no garantiza que lleguen a las instituciones y se impartan en el aula.

Contando a Espeche, son siete las personas que deben articular los equipos para capacitar en ESI en 749 escuelas de la provincia de nivel inicial y primario. En esas articulaciones se dispone que quienes dirigen los establecimientos sean monitoreados por los encargados de las supervisiones en las direcciones de nivel. El trabajo de monitoreo, en tanto, es a través de “muestreos”.

Espeche relató que también suele haber articulaciones con los ministerios de Salud y de Seguridad, dado que hay un entrecruzamiento con otros conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con las adicciones. De hecho, la falta de intervención estatal para evitar la venta de alcohol y drogas es un reclamo recurrente de las comunidades.

Ante la consulta de Salta/12 al Ministerio de Salud respecto de los datos consignados por abusos y las políticas que se articularon, se respondió que esos datos se encuentran en manos del Ministerio Público Fiscal.

“Salud Pública interviene ante presuntos casos de abusos sexuales brindando el kit de medicamentos que fija el protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil, con fármacos antirretrovirales y antibióticos (kit de emergencia)”, se respondió desde la cartera sanitaria. Se añadió que “sólo se hace asistencia médica y psicológica”, y desde la Dirección de Maternidad e iInfancia “instruyen a los equipos sanitarios a radicar la denuncia en el Ministerio Público Fiscal para que un médico legal de ese organismo confirme o no abuso sexual”.

Investigación del Observatorio 

La directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVcM) de Salta, Ana Pérez Declerq, informó que en ese organismo se encuentra en ciernes una investigación sobre “Violencia de género que atraviesan las mujeres cis y personas sexo genéricas disidentes integrantes de comunidades originarias en la provincia de Salta desde la perspectiva intercultural, de género y derechos”.

En la última presentación del Informe que elabora este organismo, se detalla que el proyecto surge como resultado de una convocatoria abierta a equipos de investigación realizada entre el Observatorio y la Iniciativa Spotlight. La propuesta seleccionada se denomina “Violencia de género desde la perspectiva intercultural de género y derechos. Estudio colaborativo con mujeres del Pueblo Wichí de Comunidades del Chaco salteño”. El proceso está a cargo de un equipo de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), integrado por investigadoras indígenas bilingües y expertas en el estudio de las comunidades que participan en la investigación.

El trabajo de campo se desarrolla en las comunidades Kilómetro 6 y El Crespín, de la ruta nacional 86, en la jurisdicción de Tartagal. También se lleva adelante en las comunidades ballivianenses Quebrachal y Tres lapachos, todas del departamento San Martín.

Se prevé invitar a líderes de las comunidades, mujeres y personas sexo genéricas disidentes e integrantes de comunidades que acepten participar. Así también se buscará incluir diversidad de rangos etarios.

En las justificaciones se indica que Salta es una de las provincias más habitadas por pueblos indígenas. En el departamento San Martín, que pertenece al llamado Chaco salteño, conviven más de siete pueblos indígenas,  Wichí, Guaraní, Qom (Toba), Nivaclé (o Chulupí), Tapiete, Chorote y Chané, entre otros. 

“El propósito central del estudio consiste en desarrollar insumos adecuados para un abordaje intercultural de la violencia por motivos de género que integre la perspectiva que tienen de la problemática las mujeres cis y personas sexo genéricas disidentes integrantes de las comunidades originarias”. El trabajo prevé el desarrollo en dos etapas con objetivos diferenciados. Una primera etapa indaga en la construcción del género en las comunidades originarias, sus prácticas, valores, creencias que reproducen (o resisten) la violencia contra las mujeres cis y personas sexo genéricas disidentes. Y en segundo lugar, se centrará en la interlocución entre las definiciones dadas por las mujeres y personas sexo genéricas disidentes de las comunidades (relevadas en la primera etapa) y la que los actores gubernamentales locales dan a la violencia por motivos de género contra estos grupos.