El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado esta semana en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel, cargó ayer contra sus acusadores. Al mismo tiempo, su defensa presentó una primera apelación contra el fallo.
Lula asistió ayer en la ciudad paulista de Diadema a un acto en el que asumieron sus cargos los nuevos miembros de la directiva local del Partido de los Trabajadores (PT) e insistió en que la sentencia que lo declaró culpable de corrupción es política y producto de lo que calificó como una persecución que atribuye a sus adversarios. “Sólo el pueblo puede juzgarme”, reiteró el ex mandatario, quien anunció su intención de postularse a la Presidencia en las elecciones del 2018, aunque ello sería impedido por la ley si la sentencia dictada en primera instancia fuera ratificada por un juez superior.
“Mientras no prueben nada contra mí, voy a recorrer este país para que ustedes me juzguen”, insistió en el evento. “Me están juzgando políticamente”, añadió ayer apoyado por partidarios que le devolvían aplausos coreando “¡Lula, guerrero, del pueblo brasileño!”. “Están juzgando nuestro gobierno, las cosas que hicimos en este país”, añadió el ex dirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a Brasil en el mapa mundial, logrando sacar a 30 millones de la pobreza.
Asimismo, el ex presidente se movió en el frente jurídico. Sus abogados presentaron una primera apelación contra el fallo dictado el pasado miércoles por el juez Sérgio Moro, responsable de la investigación de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras. En ese documento, la defensa demanda que se corrijan una serie de omisiones en los autos del proceso, que se basa en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos” hechos por el ex mandatario.
Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales citan desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora. “¿Cuál es el criterio para dar total credibilidad a un coacusado que busca una reducción de pena (en referencia a Leo Pinheiro, ejecutivo de empresa OAS que declaró contra Lula) y de descartar la veracidad de un ex presidente de Petrobras (Sergio Gabrielli, que testificó a favor del ex presidente)?”, destacaron los abogados del líder del izquierdista PT.
La apelación será tramitada por el juez Moro, quien no tiene un plazo legal para ello, y si fuera negada el caso pasaría a la órbita de un tribunal federal regional con sede en la sureña ciudad de Porto Alegre, que juzgará el asunto en segunda instancia. De ese segundo fallo dependerá la eventual candidatura de Lula para las elecciones previstas para octubre del 2018, ya que si la sentencia fuera ratificada antes de que se inicie el proceso la ley le impediría explícitamente postular a cualquier cargo público. Aunque no existen plazos legales para un juicio en un tribunal superior, lo habitual es que un trámite de esa naturaleza en Brasil demore entre uno o dos años, lo que deja la eventual candidatura de Lula bajo un signo de interrogación.
Los plazos cobran así importancia sumaria, pues si se confirma la condena después de que Lula registre oficialmente su candidatura por el PT podría participar en los comicios. El presidente del tribunal de segunda instancia que se encargará del proceso, Carlos Eduardo Thompson, anunció que la decisión se conocerá antes de iniciarse todo el proceso electoral. “Es importante que, cuando se haga el registro de las candidaturas, sepamos exactamente cuáles candidatos son viables”, advirtió Batini.
La ausencia de Lula en las elecciones del 2018 daría un vuelco radical en el panorama, pues el que fuera presidente de Brasil entre 2003 y 2010 e inspiración de la izquierda regional aparece como virtual ganador, si bien tendría que disputar una segunda vuelta. Según un sondeo de intención de voto divulgado en junio pasado por la firma Datafolha, el ex gobernante obtendría en el primer turno el 30 por ciento de los sufragios -el doble que sus competidores-, a pesar de estar imputado en cinco causas judiciales, la mayoría de ellas relacionadas con la trama corrupta que operó en Petrobras.
“Ese resultado se debe a que una buena parte de la sociedad ve a Lula como una esperanza en el sentido de que será un justiciero, aunque hay otro sector al que le genera temor”, apuntó el filósofo Samuel Sabino, profesor en la Escuela de Gestión de la Universidad Anhembi Morumbi. A pesar de sus problemas judiciales es favorito en unas elecciones para las que los candidatos oficiales que se barajan están salpicados por sospechas de corrupción, dijo Sabino.
