Desde Santa Fe

La persecución judicial a la histórica abogada de H.I.J.O.S. Nadia Schujman que generó la primera marcha de los organismos de derechos humanos contra el lawfare en Santa Fe podría pasar al fuero federal. Su abogado defensor, el exministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, y su colega Hernán Martínez, quien asiste al exministro de Seguridad Marcelo Sain impugnaron la competencia de los Tribunales santafesinos para investigar una presunta “violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional” y “asociación ilícita” –que es la imputación que pesa sobre sus defendidos- y solicitaron que la causa tramite en la justicia federal. Ante el planteo, el juez penal de primera instancia Jorge Patrizi convocó a una audiencia pública para el miércoles, a las 17, en la que escuchará a las partes y luego resolverá si acepta o rechaza el pedido de las defensas para que “se declare incompetente” y “remita las actuaciones” al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe.


Nadia Schujman es, además, la exdirectora de la Agencia de Control policial de Santa Fe. La semana pasada aseguró que la persecución se desató porque empezaron a "tocar múltiples intereses". "Estoy preocupada por el quiebre institucional que implica para esta provincia y por ver que las personas que están detrás de todo esto van por todo", declaró en AM750. "En nuestra gestión intentamos hacer una reforma de la policía en la provincia de Santa Fe, que es bastante conocida por sus niveles de corrupción y violencia, y es en ese proceso que empezamos a tocar múltiples intereses".

En la audiencia imputativa de la semana pasada, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg imputaron a Sain, Schujman y a otros seis investigados en la causa varios hechos, entre ellos: “1) La conformación de una asociación ilícita con la finalidad de la comisión del delito de espionaje, previsto en la ley 25.520; 2) La realización de acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, y 3) La comisión de abuso de autoridad por el dictado de órdenes contrarias a la ley 25.520”.

A las veinticuatro horas de la imputación, los dos abogados defensores plantearon la cuestión de competencia que se discutirá pasado mañana, en Tribunales. El juez Patrizi tiene un plazo de ley para resolverla. “La justicia ordinaria es incompetente para entender en los delitos previstos en la ley 25.520”, dijo Martínez.

Lewis coincidió: “Existe un supuesto claro de incompetencia material para que la justicia ordinaria" instruya ésta causa. "La investigación y juzgamiento de los delitos previstos en la ley 25.520” corresponden “a la justicia federal”. Por lo tanto, el juez Patrizi debería remitir el legajo al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, que ya intervino en el proceso, en un incidente anterior, pero sobre el mismo asunto.

“La ley 25.520 –explicó Lewis- estructura el Sistema Nacional de Inteligencia” y tipifica las “acciones de inteligencia prohibidas”. Pero ésas “conductas” requieren un “sujeto activo calificado”, que son los funcionarios de esa estructura del Estado nacional, una condición que no cumple ninguno de los ocho imputados en la causa, entre ellos Sain y Schujman.

En esa línea, Lewis recordó un fallo del 30 de marzo del juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastián Creus, quien advirtió que los hechos que agitaba el fiscal Hernández no encuadraban en el supuesto de “espionaje ilegal”. Sin embargo, Hernández “persistió tozudamente” en la audiencia imputativa del 29 de noviembre en “sostener una imputación frente a la justicia provincial por hechos presentados e imputados como violación a la ley de Inteligencia Nº 25.520”, advirtió Lewis. Y le pidió al juez Patrizi que decline la competencia del fuero ordinario y “remita la causa a la justicia federal”.

El abogado de Sain solicitó lo mismo. “La jurisprudencia unánime en materia de espionaje en los términos de la ley 25.520 proviene de Tribunales Federales”, dijo el doctor Martínez. Y también citó el fallo del juez Creus cuando alude a las “conductas” que reprocha el fiscal Hernández por el “hallazgo de material impreso, o conservado en forma digital, con datos e información social, personal, de negocios, etc., respecto de individuos, personas físicas y jurídicas que se afincan en la provincia de Santa Fe, colectadas o en manos de los funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad”.

Según Creus, esas “conductas” que imputó Hernández no encuadran “en los términos de la ley de Inteligencia Nacional porque los tipos penales” previstos en la norma “se refieren a autores calificados” (es decir, “funcionarios del sistema de inteligencia” del Estado nacional, “cosa que los funcionarios imputados en la causa están lejos de esa categoría”) o “se refieren a la divulgación de información recabada dentro de la actividad propia de las agencias comprendidas en la ley”.

Es más, Creus planteó otra hipótesis, que si las supuestas “conductas” de Sain y de su equipo “estuvieran comprendidas” en la ley 25.520 “claramente debería poner en cuestión la competencia material de la justicia ordinaria”. En ese sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como “espionaje”, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, agregó el magistrado.

Los defensores son muy críticos de la imputación que formalizaron los fiscales en un dossier de 65 páginas que describe “una serie de hechos bastante confusos, entreverados, poco entendibles”, dijo Martínez. “La Fiscalía metió la mayor cantidad de elementos posibles para confundir o dificultar la tarea de la defensa. Lo dijimos en la audiencia: es bastante difícil entender fácticamente el sustento que ha intentado dar la Fiscalía”. “Pero si traducimos ese relato, lo que se imputa es una (presunta) asociación ilícita que se conformaría como organización destinada al delito de espionaje en los términos de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional”.

El abogado de Schujman coincidió que la acusación fiscal relata "hechos muy poco serios” y con un “nivel de imprecisión que es inadmisible”, dijo por Radio Universidad de Rosario. “Tiene un falta de precisión, vaguedad y por supuesto una falta de seriedad”. Lo que revela que la “causa evidentemente está más trabajada en la arena política y mediática, que en los Tribunales”, remarcó Lewis. “Más allá de lo subyugantes que pueden parecer las 65 páginas, se trata justamente de hechos que todos tienen esta naturaleza. Están puestos para impresionar, pero a poco que uno los reflexiona se da cuenta de la falta de seriedad”.