Otra vez, los hechos del gobierno nacional no se corresponden con sus promesas: la administración macrista ahora decidió apelar ante la justicia las medidas cautelares que ordenaban al ministerio de Desarrollo Social restituir las pensiones por invalidez que habían sido recortadas de forma injustificada, compulsiva y sin previo aviso hace tres meses, a pesar de que funcionarios de Cambiemos habían prometido dar marcha atrás con la quita decidida por la ministra Carolina Stanley y que afecta a 175 mil personas con distintos grados de discapacidad.

Una de las medidas apeladas por el gobierno nacional es el fallo del 7 de julio pasado en el que la jueza federal de la Seguridad Social Viviana Piñero aceptó una presentación hecha por dirigentes del frente 1País en la jurisdicción del departamento judicial de San Martín, reclamando la restitución inmediata de las pensiones a sus beneficiarios. La decisión de jueza fue en el mismo sentido del dictamen que, 10 días antes, había suscrito el fiscal Gabriel de Vedia, que intervino en el caso de un niño con retraso madurativo al que se le quitó ese beneficio. 

Además, en la provincia de Río Negro, por impulso de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ), la Justicia Federal con asiento en Viedma hizo lugar a un amparo colectivo presentado por los legisladores y dos organizaciones civiles. A ellas se les dio la representatividad de 400 casos de personas discapacitadas que quedaron sin el beneficio en esa provincia. “La afectación de los beneficios de pensión no contributiva no encuentra sustento normativo alguno sino que responde a una vía de hecho”, dijo la jueza Mirta Filipuzzi en su fallo.

Esa decisión también fue recurrida por el gobierno nacional, que se desdijo así dos veces en pocas horas de su promesa de revisar caso por caso el recorte de pensiones para detectar si hubiera un caso fraudulento sin perjudicar a legítimos beneficiados por estas pensiones. “Cuando anunciaron pomposamente que no estaban quitando las pensiones e iban a devolverlas porque se trataba de un error administrativo estaban mintiendo, se estaban burlando de miles de rionegrinos y argentinos”, reaccionó el diputado Martín Doñate, uno de los impulsores del recurso, al enterarse de la respuesta oficial.

Para el legislador, “la ministra Carolina Stanley y el Presidente Mauricio Macri son dos mentirosos, hipócritas, y estafadores”, según difundió ayer en un comunicado sobre la decisión del Ejecutivo de apelar la decisión judicial: “El gobierno de Macri a lo único que se dedica es a pisotear derechos, a bajarnos las jubilaciones, a quitarnos las pensiones, a cerrar fuentes de trabajo, a aumentar las tarifas de la luz, gas y alimentos, a quitarle los medicamentos del Pami a nuestros abuelos, a mentir obscenamente todo el tiempo y a estafar al pueblo permanentemente”, dijo Doñate.

Ahora, el gobierno tiene un plazo de ocho días para restablecer las 175 mil pensiones no contributivas que había quitado a personas con discapacidad, algo que se comprometió a hacer luego de que la medida de recortar ese beneficio despertó protestas en la población y todo el arco político. Tras una multitudinaria marcha el 15 de junio pasado, la ministra Carolina Stanley había prometido la marcha atrás. Eso no solamente no se ejecutó en los hechos, ahora desde la Casa Rosada también apelan a los fallos judiciales que los obligan a hacer lo que prometieron y ponerse al día con pensionados que en algunos casos desde hace tres meses no perciben su beneficio.