Más de veinte personas que trabajaban o estudiaban en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) fueron desaparecidas en el marco del plan sistemático de eliminación de personas llevado adelante por el terrorismo estatal en la década del 70. Muchas más fueron despedidas y perseguidas.
Una vez recuperada la democracia, a finales de 1983, la Universidad, que tenía una muy breve experiencia en la vida democrática, dado que había sido creada en 1972 e intervenida el año siguiente tras la caída del gobierno constitucional de Miguel Ragone, y luego durante la dictadura, empezó recién en 1984 su proceso de normalización.
En ese marco, en abril de 1985,a instancias de la Federación de Estudiantes de Salta, se creó una Comisión de Derechos Humanos con la función de producir un informe sobre esta persecución. El informe, elaborado por Raquel Adet, Raúl Seggiaro, Alfredo País, Judith Franco y Alejandro Saravia, fue aprobado por el Consejo Superior en mayo de 1985.
Si bien con el paso del tiempo se fueron agregando nombres de víctimas del terrorismo estatal en el ámbito académico, el informe no ha perdido vigencia y fue presentado nuevamente en noviembre último, por iniciativa de las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales, que inauguró un mural con las imágenes y los nombres de las tres personas de esta carrera desaparecidas en la dictadura, Silvia Blanc, Miguel Ángel Arra y Roberto Oglietti.
El informe tuvo que ser restaurado porque el original fue sustraído "por personas que no querían que se supiera esto", sostuvo Franco, quien destacó que les integrantes de la Comisión tejieron una amistad, "porque teníamos mucho miedo y sabíamos que nos teníamos que cuidar entre nosotros".
"Entre fines del 74, 75 y hasta diciembre de 1983 se interrumpió toda vida democrática en la UNSa", afirmó Alfredo Pais en la nueva presentación del informe, en la que recordaron que tuvieron apenas tres meses para entregarlo. "Tuvimos que conseguir la información como pudimos", "todavía seguía muy presente el silencio dentro de la Universidad", añadió Pais. Luego hizo un repaso por el contexto internacional y nacional en el que fue creada esta Universidad y se produjo la etapa de represión criminal estatal.
Por su lado, Seggiaro consideró "muy oportuno" que se hiciera la presentación en este momento, cuando "se está negando la realidad y diciendo barbaridades", porque "es necesario refrescar la memoria". Explicó que el informe tiene tres partes: cesantías, desapariciones y quema de libros.
La Universidad Nacional de Salta fue fundada sobre la base de las cátedras que dictaba en la provincia la Universidad Nacional de Tucumán. Era un reclamo genuino planteado, que obtuvo mayor fuerza ya en 1959, pero tuvo la mala fortuna de ser inaugurada durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse. Con la llegada al poder de Ragone, en mayo de 1973, asumió su primer rector normalizador, Holver Martínez Borelli, y se inició una de las etapas más ricas de esa casa de estudios haciendo suya la política planteada por el ministro de Educación de la Nación, Jorge Taiana (padre), que proponía una universidad “al servicio de una política nacional y popular”.
En ese contexto Martínez Borelli apoyó al movimiento estuditantil y cedió el Aula 1 para el funcionamiento del "grupo universitario de trabajo"; cuando la derecha peronista (y no) fue ganando espacio, el aula fue atacada con una bomba la noche del 12 de noviembre de 1974.
Tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, la cartera de Educación nacional fue ocupada por el médico y político Oscar Ivanissevich , un "troglodita", recordó Seggiaro, que comenzó un período de persecución.
En noviembre de 1974 el gobierno nacional intervino la gestión de Miguel Ragone y se inició una persecución feroz contra sus colaboradores y cercanos, incluido Martínez Borelli. El 6 de diciembre de 1974 la Universidad Nacional de Salta quedó en manos del contador Francisco René Villada (fallecido).
La cesantía como preludio
Los interventores civiles no esperaron el nuevo año para comenzar la persecución. El 20 de diciembre de 1974 se dictaron cinco resoluciones de cesantías de otros tantos docentes. Por resolución 1002, se le rescindió el contrato a José María Serra. Lo mismo pasó con Manuel Ignacio Santos, Graciela Matilde López de Medina, Ovidio Arturo Andrada. Y por la resolución 1003, se dejó sin efecto el nombramiento de Georgina Droz, docente de ciencias de la educación que iba a ser detenida al año siguiente y asesinada en 1976 en la Masacre de Palomitas.
Otras cesantías iban a ser menos explícitas en los papeles, aunque igual de efectivas en la práctica. El 3 de enero de 1975 el interventor Villada y el secretario académico interventor Vicente Pérez Saez firmaron la resolución 7, por la que eligieron el camino del no nombramiento para dejar fuera de la Universidad a una larga lista de docentes. “Los profesores y/o investigadores del Departamento de Ciencias de la Educación no incluidos en los artículos uno y dos de esta resolución, cesarán en sus cargos a partir del primero de enero de 1975”, elude el artículo quinto.
Testigos de la época recuerdan que entonces hubo dos tandas de cesantías. “En la primera fueron los más formados intelectualmente y técnicamente”; en la segunda fueron incluidos gran parte de los firmantes de una solicitada aparecida el 28 de diciembre de 1974 en el diario El Tribuno en la que pedían a Villada “la revisión de las cesantías producidas, que no se produzcan nuevas cesantías”.
Seggiaro recordó que de esa lista de firmantes, hubo ocho personas desaparecidas, 20 cesanteadas y varias detenciones. Ciento dieciséis docentes firmaron esa solicitada, entre elles Alberto Calou, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Graciela Muscariello, Nora Saravia, Silvia Aramayo, Miguel Ángel Arra y Carlos García, todes desaparecides.
Muchas de las personas no nombradas en las resoluciones no recibieron la información oficial de que estaban cesanteadas. Se les decía que los cargos iban a ser concursados, algo que nunca ocurrió. Testimonios de la época recuerdan que las cesantías implicaban el comienzo de otros padecimientos: “Te hacían seguir, si teníamos una reunión de trabajo, ellos enseguida sabían, no sé cómo”. La cesantía en un lugar alcanzaba también los otros lugares de trabajo, porque les docentes estaban obligades a informar estas novedades.
Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, Villada y sus interventores de menor grado cedieron sus puestos a los militares. El capitán Norberto Antonio Yommi tomó el poder en la Universidad el 29 de marzo, y el capitán Eduardo Alberto Casal fue nombado delegado militar en la UNSa.
Las cesantías siguieron. El 2 de mayo de 1976 Yommi dio de baja a 14 docentes, entre elles a Néstor Alberto Oliva, luego desaparecido. El 5 de mayo otras 14 personas fueron cesanteadas. El 20 de mayo Casal le “aceptó” la renuncia a Pedro Tufiño, que iba a ser desaparecido en agosto de ese año. El 28 de mayo fueron cesanteades 22 trabajadores.
El 21 de mayo la cesantía alcanzó a quienes en la intervención civil habían llevado a cabo esta práctica. El delegado militar firmó la resolución 144 por la que dio de baja a 11 docentes.
Los dolorosos testimonios
Además de Droz, Arra, Calou, Machaca, García, Fernández Arcieri de Gamboa, Blanc, Aramayo, Saravia y Oglietti y Pedro Tufiño, fueron desaparecides Jorge Alberto Bigi, que era director de la Sede Regional Tartagal; Víctor Brizzi, empleado administrativo. También fueron desaparecidos les estudiantes Gregorio Tufiño, hermano de Pedro Tufiño; Hilda Yolanda Cardozo, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Silvia Ruth Sáez de Vuistaz, Ana María Cavallero Cuéllar, Carlos Alberto Rivero, Nils Alfredo Cazón Coria, Francisco Corbalán, Roberto Raymundo Vega, Elpidio Juvencio Palavecino y Ángel Esteban Rodríguez.
"Fue muy doloroso, y lo sigue siendo para mí", contó en la presentación la historiadora Raquel Adet, que como integrante de la Comisión tuvo la labor de buscar testimonios de víctimas y familiares del terrorismo. Notoriamente emocionada, recordó que comenzó hablando "con las luchadoras", con Nora Leonard y Lucrecia Barquet, ex detenidas por razones políticas. Y luego "me fui a tocar las puertas a las casas de los desaparecidos. Y eso fue lo más duro".
Entre otras, visitó las casas de familiares de Ana María Cavallero Cuéllar, de Yolanda Cardozo y Silvia Aramayo, "era gente que estaba tan herida con la injusticia, con la impunidad", hubo personas que ni siquiera quisieron recibirla porque todavía "había mucho miedo". "Hay cosas para las que no hay palabras. Hice el informe como pude", confió antes de señalar que es "fundamental hablar de esto" porque hay personas que pretenden negar esos hechos.
Quema de libros
A Judith Franco le tocó investigar la quema de 250 libros que eran parte del patrimonio de la Universidad Nacional de Salta y que fueron incinerados, junto a otros ejemplares, el 24 de agosto de 1980 en la ciudad de Buenos Aires. Se dio con que el celo golpista del entonces rector de la UNSa, Agustín González del Pino, y los funcionarios que lo acompañaban, superaba al del coronel Agustín Valladares, que entonces fungía de asesor en el Ministerio de Cultura Educación de la Nación.
En la selección de esos libros "se contó con la colaboración y complicidad de personal universitario", sostiene el informe de la Comisión. Es que la UNSa había recibido el requerimiento de enviar siete títulos de "contenido ideológico inconveniente", pero las autoridades locales exageraron la diligencia: remitieron 250 obras que fueron a parar al fuego. Y si no enviaron más fue por la resistencia de algunas personas, como la encargada de biblioteca de Ciencias Económicas, que escondió libros, según contó una asistente a la presentación.
