Hace unos meses, testimonios como el de Valeria del Mar Ramírez fueron clave para que el represor Miguel Etchecolatz, además de 10 policías, civiles y militares fueran procesados por “privación ilegal de la liberad, tormentos, reducción a servidumbre y violencia por medios sexuales”. Ahora, gracias al trabajo incansable de la Fiscalía que integra Ana Oberlin, abogada especializada en géneros, y del Juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Federal Número 3 de La Plata, se elevaron a juicio oral y público nuevos tramos de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Pozo de Banfield y El Infierno, que funcionaron en las brigadas de investigaciones de Banfield y Lanús durante la última dictadura cívico militar.
Doce acusados deberán responder por los crímenes cometidos contra 93 víctimas en El Infierno y contra 109 en el Pozo de Banfield, 8 de elles corresponden a víctimas trans y travestis. “Con 8 casos se puede reconstruir que era una persecución política basada en la identidad de género. Siento que todo el esfuerzo que hicimos va a tener un reflejo, llegar hasta acá es algo completamente inédito”, dijo la fiscal Ana Oberlin a Soy.
Valeria del Mar Ramírez, una de las testigos en la causa, tenía 20 años cuando fue trabajar a Ruta 4 de cintura, entre Seguí y la Rotonda de Lavallol. “Me dieron una plaza, yo trabajaba desde las 7 de la tarde hasta el otro día y Romina, la chica con la que estuve detenida me preguntó que por qué no trabajaba de día. Un día hubo una razzia en la que nos detuvieron a todas y en la Comisaría de Lavallol, que estaba en la Avenida Antártida, nos fueron repartiendo porque no nos podían dejar a todas ahí, éramos como 14 o 15 y a Romina y a mí nos llevaron a la Comisaría de Banfield”, contó Valeria.
Esa fue la primera detención, pero dos semanas después “estábamos trabajando con Romina a la tardecita y para un Ford Falcon y nos agarran de los pelos y nos meten atrás, pero agachadas, entre las piernas de los policías. Nosotras preguntamos si había razzia o qué pasaba, yo me quería levantar y me agachaban la cabeza y cuando vamos llegando veo que era todo campo, ahora hicieron monoblocks, y abrieron un portón de chapa un portón de chapa que hacía un ruido tremendo y entró el coche”, detalló Valeria.
“En el Pozo vi a los que nos violaban y torturaban y ahí me enteré que había un casino clandestino. Y un día me estaba bañando y vi aparecer a una chica muy flaquita que recién había parido, le dijeron que ‘limpiara toda esa mugre’ y yo la ayudé, le di la mano y cuando me vieron dijeron ‘qué hace ese puto ahí’. De esa manera me enteré que también había una maternidad clandestina”, dijo Ramírez.
Según información del Ministerio Público Fiscal, las decisiones judiciales fueron impulsadas por la Unidad Fiscal Federal de La Plata para que estos casos se incorporen al juicio oral y público actualmente en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa jurisdicción, donde se abordan centenares de casos en ambos centros clandestinos y en el denominado Pozo de Quilmes, sede también de una brigada de investigaciones. Ese juicio inició el 27 de octubre de 2020, hace más de dos años, y el abordaje de los hechos en audiencia oral y pública permitió a la fiscalía individualizar 37 nuevos casos surgidos de la prueba producida en las audiencias, que ahora serán incorporados formalmente al debate.
Los nuevos tramos elevados implican nuevas acusaciones en las dos causas contra el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, el ex jefe de la División de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk, el ex teniente coronel jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada N°3 La Tablada, Federico Minicucci, el ex policía Horacio Luis Castillo; y los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército: el ex jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, el ex jefe de Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales, Roberto Armando Balmaceda, el ex jefe de la Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale, el exjefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón y los ex capitanes Julio Alberto Candioti y Carlos Gustavo Fontana.
Por otra parte, según informan en el sitio web de Fiscales de la provincia de Buenos Aires, sólo por la causa del Pozo de Banfield fueron requeridos a juicio el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y el ex comisario y 2do Jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la brigada de ese distrito, Enrique Augusto Barre.
“La Unidad Fiscal explicó que los hechos investigados constituyen crímenes contra el derecho de gentes, en los términos del artículo 118 de la Constitución Nacional, y los calificó 'de manera concurrente o acumulativa' con las categorías internacionales de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La fiscalía encontró adecuados los casos investigados en las dos causas a las tipificaciones en el Código Penal de la Nación de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, abuso sexual con acceso carnal (violación a la época de los hechos), abuso sexual simple (abuso deshonesto a la época de los hechos), desaparición forzada y homicidio calificado”, explican desde fiscales.gob.ar.
En los hechos ocurridos en el Pozo de Banfield la fiscalía además acusó por el delito de reducción a servidumbre, dado que se obligó a las víctimas a la realización de tareas de mantenimiento del centro clandestino y de su mobiliario.
Los doce acusados fueron imputados por esos delitos en grado de coautores, de acuerdo con su lugar y tiempo de desempeño en los centros clandestinos de detención.
El juez Kreplak resolvió que se elevara a juicio y ahora se está a la espera de que se expida el tribunal oral y si se unen los casos, se estaría haciendo por primera vez un abordaje vinculado a la práctica sistemática y no a un caso aislado: se lograría reflejar que fue una persecución sistemática, de un colectivo, por su identidad de género.
