A fines del siglo pasado, cuando en la Argentina maduraba el final del gobierno de la primera Alianza, el sociólogo francés Loïc Wacquant, describió la crisis que el neoliberalismo estaba descargando sobre el trabajador asalariado en todo Occidente con una metáfora que no ha perdido potencia: “Donde se retira el Estado Providencia, lo reemplaza el Estado Penitencia”. Lo que esta semana se vio en las calles de Vicente López es una perfecta ilustración de lo que escribió Wacquant. La novedad es que pueda utilizarse como argumento para reclamar el voto. No fue así en 2015, cuando los globos amarillos prometían pleno empleo, pobreza cero y armonía social. Primera conclusión: no se hace campaña del mismo modo desde la oposición que cuando ya se alcanzó el gobierno. 

¿Pero cuáles son las probabilidades de éxito?

La posverdad oficial

Un sector significativo de la sociedad comparte la visión del presidente Maurizio Macrì, quien el jueves urgió al Ministro bonaerense de Seguridad Cristian Ritondo, para que el medio millar de policías y gendarmes aprestados sobre la planta de la trasnacional alimentaria PepsiCo no tuvieran contemplaciones en el cumplimiento de la orden de desalojo impartida por la jueza Alejandra Rodríguez Mentasty. También sería un autoengaño reducir lo sucedido a un liso y llano acto de violencia institucional. Lo fue, y en gran forma, pero no se alcanza a comprender su significado sin el discurso oficial justificatorio: 

  • la empresa necesitaba trasladar la planta de Vicente López a Mar del Plata por la reestructuración de sus actividades, 
  • había acordado indemnizaciones por encima de su obligación legal con el 90 por ciento de los trabajadores, 
  • sólo el 10 por ciento se negó y ocupó la planta;
  • los trabajadores eran menos que los militantes de partidos de izquierda, que participaron en las refriegas con los uniformados, y 
  • todos los heridos son policías.

Sólo este enunciado completo describe la lógica electoral que al día siguiente de los hechos siguieron sosteniendo convencidas el Hada Buena y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ambas ahondaron en la retórica maccarthysta con la acusación de que los delegados de izquierda llevan las fábricas al cierre, perjudicando a los trabajadores. Tan falaz es este argumento que el conflicto comenzó precisamente debido al cierre dispuesto por la compañía, que no se dignó comunicarlo de otro modo que no fuera un mensaje muy breve que los trabajadores encontraron pegado a la puerta de entrada cuando se presentaron a cumplir su turno. Y el ministerio de Trabajo le permitió ampararse en el procedimiento preventivo de crisis que se aplica cuando una compañía no puede pagar los sueldos por “falta o disminución de trabajo no imputable al empleador”. Claramente no es el caso, dada la importante rentabilidad declarada por PepsiCo. La empresa inició el procedimiento después y no antes de las cesantías y el ministerio no lo objetó. La pregunta es ¿cuánta gente conoce que esa fue la verdadera secuencia de los hechos, que el cierre precedió a la ocupación de la planta, y qué posibilidad tiene la distorsionada versión oficial de convertirse en una posverdad asumida por un núcleo significativo de personas?

Gritar ante las cámaras que pegarles a los periodistas y los diputados es una vergüenza no alcanza para rebatir ese discurso engañoso pero cortado a la medida de los prejuicios y las convicciones del núcleo duro del voto PRO, que el gobierno procura fidelizar en la provincia de Buenos Aires. Por eso su principal candidato en el principal distrito del país, tanto numérica como políticamente, es el ministro de Educación Esteban Bullrich, quien al negarse a abrir la paritaria nacional docente desató el conflicto que se extendió por cinco meses, desde febrero hasta junio. Si además lograra sostener a Sergio Massa para que no decaiga ahora sino en octubre, más los pocos puntos que Florencio Randazzo pudiera arañarle a Cristina, le alcanzarían para acercarse a la victoria sin pasar del 34 por ciento que obtuvo en las PASO hace dos años. Si lo lograra, lo interpretaría como un plebiscito de su política de mano dura, que reforzaría rumbo a la elección legislativa.

El factor judicial

A la resistencia social que ha dificultado la blitzkrieg con que el gobierno pretendió imponer su programa de reestructuración económica, se suma una serie de fallos judiciales que muestran que no es tan simple derrumbar el andamiaje construido a lo largo de décadas de constitucionalismo social. Los últimos ejemplos son los fallos que ordenaron reponer a los trabajadores despedidos de PepsiCo y rechazaron la decisión del gobierno bonaerense de que los días de clase perdidos se recuperen durante las vacaciones de invierno:

  1. La sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (Néstor Rodríguez Brunengo y Luis Rafaghelli) ordenó que PepsiCo cumpla con “el deber de ocupación de los actores Leandro Gómez, Elizabeth Vique Laime, Facundo Guzmán, Mónica Ruiz, Orlando González, Ángel Gramajo, Estefanía Herbas, María Esther Albornoz, Beatriz Vega y Juan Carlos Romero”, quienes habían presentado un recurso de amparo. Por cada día de demora la empresa deberá pagar una multa de 5.000 pesos. Si bien la medida cautelar se circunscribe a estos diez trabajadores, los considerandos se aplican al conjunto de los despedidos. 
  2. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias aceptó la medida cautelar presentada por el Frente Gremial Docente contra la resolución 1131/17 de la Dirección General de Cultura y Educación por la que el Hada Buena dispuso que debían recuperar durante la primera semana de las vacaciones de invierno las clases perdidas durante los días de paro.

Nunca más pertinente que ahora recordar que si el Congreso hubiera aprobado el proyecto de ley sobre medidas cautelares que el anterior gobierno envió al Congreso en 2013, estas medidas no hubieran podido dictarse. Fue la objeción que presentamos ante el Senado desde el CELS la que permitió modificar su articulado de modo que ahora los trabajadores pudieran encontrar amparo en jueces decentes que entienden el valor de los Derechos Humanos por encima de la conveniencia de las empresas o de los gobiernos. El texto original redactado por el ex Secretario de Justicia Julián Álvarez ponía en un pie de igualdad a los poderes fácticos que se sirven de las medidas cautelares para burlar la voluntad popular y a los sectores vulnerables de la sociedad que buscan resguardo de sus derechos avasallados. La presidente CFK aceptó las modificaciones reclamadas por el CELS y esta fue la única ley del paquete de reforma judicial que se sostuvo sin declaraciones de inconstitucionalidad ni archivos por Acordada de la Corte Suprema.

Ante este valladar, el gobierno reacciona con furia. El presidente en persona acusa a los jueces de formar parte de una mafia y para darle contenido político sindica como jefe al diputado Héctor Recalde, un abogado laboralista cuya ausencia se sentirá desde el año próximo ya que concluye su mandato y no forma parte de las listas de candidatos para octubre. Macrì aprovecha para ello la baja consideración que los jueces en general tienen ante la sociedad, no por mérito de aquellos que él denuncia (como los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, que en marzo convalidaron los aumentos pactados por la Asociación Bancaria) sino de los disciplinados jueces federales que actúan según los deseos oficiales (entre los cuales se destacan Claudio Bonadio en la primera instancia, Martín Irurzun en la Cámara de Apelaciones y Carlos Mahíques en la de Casación). También pretende destituir por decreto a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, a quien acusa del nuevo delito incorporado al Código Penal: ser kirchnerista e integrar Justicia Legítima. Sólo retrocede ante la advertencia de su socia Elisa Carrió, cuya intromisión acepta a disgusto, porque la dirigente de la Coalición Cívica Libertadora le otorga el sello de calidad que lo protege de los cargos por corrupción. Los hedores de la ciénaga Odebrecht envuelven tanto a funcionarios del anterior gobierno como al actual presidente, que era el principal ejecutivo de la constructora familiar en 2006, cuando se constituyó la UTE con la empresa brasileña, que ganó la licitación para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La ofensiva contra jueces del trabajo y abogados laboralistas apunta en realidad a los sindicatos y a través de ellos a los trabajadores y sus derechos, que el gobierno nacional está desmantelando con el beneplácito de las empresas, que por segunda vez en veinte años apoyan la aniquilación del mercado interno, sin advertir que así serruchan la misma rama sobre la que muchos de ellos están sentados. El bajo apego del gobierno nacional a la legalidad lo llevó a instrumentar al fuero federal para golpear allí donde la justicia del trabajo no se lo permite. El caso reciente conocido es el del sindicato de canillitas, intervenido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi con un aparatoso operativo con seis carros de asalto y un centenar de gendarmes en el estilo PRO, como si el objetivo no fuera un dirigente sindical y diputado nacional sino un capomafia. El motivo aducido fue la falsificación de firmas en documentos de la junta electoral del Sindicato de Vendedores de Diarios (SIVENDIA). Sin embargo, el procesado es Plaini y no los miembros de la Junta Electoral. Para superar la prescripción de la causa, el juez modificó la consideración de las actas, de documento privado a público. Pero sobre todo, la ley 23581 de asociaciones sindicales sólo atribuye a la justicia del trabajo la supervisión de las elecciones en los gremios. La victoria de Plaini en los comicios, con el 89 por ciento de los votos, ya había sido convalidada por la Cámara del Trabajo y por la Corte Suprema de Justicia. Pocos días antes, Plaini se había pronunciado por la candidatura de CFK. Aunque conservan sus sindicatos, también padecen los triunviros de la CGT, en este caso por sus propias decisiones: Héctor Daer y Juan Schmid fueron los únicos que se dejaron impresionar por la certeza de Florencio Randazzo de que Cristina no sería candidata, y se subieron al tren del ex ministro, del que ahora no saben cómo saltar, mientras el restante, Carlos Acuña, permaneció con Sergio Massa, que al menos existe.

El de Plaini no fue un caso aislado. Similar procedimiento se aplicó en la Unión del personal de seguridad privada, un gremio que representa a más de 100.000 trabajadores, la mitad de los cuales afiliados. Allí el conflicto por el vencimiento del mandato de sus autoridades y la conformación de la Junta Electoral se produjo entre su secretario general, Angel Alberto García, muy próximo a Jerónimo Venegas, quienes acompañaron a Macrì en el acto por el 1º de mayo, y el referente de la oposición, Leónidas Requelme, de la agrupación Juan Manuel de Rosas, alineado con Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia. Como suele ocurrir, los mecanismos ideados para resolver disputas políticas o ideológicas se aplican después a cualquier discusión de intereses y poder, como en este caso. El juez federal Ariel Lijo designó interventor normalizador a Rodolfo Emilio Alonso, pero la sala VI de la Cámara del Trabajo suspendió la intervención. La competencia deberá ser dirimida por la Corte Suprema.

Sin número para destituir a Gils Carbó en juicio político, inhibido de decretar su remoción por temor a que Carrió recupere la memoria y un buen día diga “¿que hace una mujer como yo en un lugar como éste?”, mortificado por el paralelismo con la situación de Venezuela, donde Nicolás Maduro también separó de su cargo a la Procuradora Luisa Ortega Díaz, Macrì se ilusiona con que un procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini fuerce su salida. Es improbable, dado que cuantas más causas se abren contra quienes Macrì define como enemigos, menor efecto surten ya que su carácter político se torna evidente aún para los distraídos.

Señal de Largada

Pese a las inexplicadas interrupciones de la conexión satelital, el lanzamiento de Cristina en Mar del Plata confirmó la lógica que ya se vio en el acto previo en Sarandí. Los candidatos formaron en silencio sobre un escenario colmado de personas que cuentan sus dramas de la vida real: un taxista sin pasajeros, un fabricante de indumentaria sin clientes, locales que cierran, una obrera de la industria del pescado despedida, la directora de un teatro independiente al que se le cortaron los subsidios (quien dijo que era de otro espacio político y agradeció a la ex presidente por permitirle denunciar el vaciamiento cultural de la ciudad), una costurera que contó la disminución de hasta un tercio de las ventas, dos médicas, un desarrollador de software, dos pequeños empresarios gastronómicos, un director de escuela, un gomero. Cada uno que tomó el micrófono contó con palabras simples la gravedad de la situación económica. Con la boleta de la Unidad Ciudadana en la mano Cristina dijo que había que votar en defensa propia. Desde el gobierno se señala que esa campaña de proximidad copia la que inauguró PRO con los timbreos, de los que ahora hasta participan radicales y cívicos libertadores. Pasan por alto que ya lo hizo Cristina en 2011, pero sobre todo, que puede hacerlo con personas verdaderas en situaciones reales como los trabajadores despedidos de la usina nuclear en Zárate, que la recibieron con una calidez llamativa, pese a que forman parte de gremios como la UOCRA y la UOM que no apoyan su candidatura. En cambio Cambiemos sólo puede usarlos como modelos mudos para simular proximidad, porque tanto el presidente como sus principales colaboradores son recibidos con hostilidad allí donde van, de lo que las redes antisociales abundan en testimonios fílmicos. Como escribió Jaime Duran Barba en su libro “La Política en el Siglo XXI”, el teléfono inteligente es una ventana al mundo que cambió para siempre la forma de hacer política y publicidad electoral. Pronto se verá si esto es bueno para Macrì y si resulta compatible con su propuesta de palos y a la bolsa.