El gobierno de Gustavo Petro anunció este lunes que los jóvenes detenidos en el marco de las masivas protestas de 2021 en Colombia seguirán sus procesos judiciales en libertad, a cambio de prestar servicios humanitarios como "gestores de paz". Cerca de 250 casos serán evaluados de manera individual por un comité especializado y luego Petro hará "una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente", dijo a la prensa el ministro de Interior, Alfonso Prada.
"No es una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial", agregó Prada, quien explicó: "Tenemos alternativas en la Ley 418 que acabamos de reformar para convertir a muchas de las personas que trabajando dentro de organizaciones sociales y humanitarias que tienen trabajo con las comunidades, nos ayuden a construir la paz total".
La ley sería reglamentada en el transcurso de la semana, en línea con las declaraciones del presidente Petro, quien anticipó que "centenares de jóvenes serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena". Sin precisar las funciones que tendrán los beneficiarios de la medida, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que deberán trabajar por la "reconciliación y convivencia" de los colombianos, bajo vigilancia "del cumplimiento de esos compromisos".
La medida responde a una promesa de campaña de Petro, quien apoyó abiertamente el estallido social contra el entonces presidente de derecha Iván Duque cuando miles de jóvenes y sectores vulnerables tomaron las calles en 2019, 2020 y 2021. Las protestas más sangrientas ocurrieron el año pasado en rechazo a la suba de impuestos que proponía el gobierno y que finalmente archivó frente al reclamo popular.
Un total de 46 personas fallecieron en medio de esas movilizaciones, según la ONU. Hasta el 28 de noviembre, 155 personas estaban detenidas por hechos relacionados con las protestas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, y solo nueve de ellas ya fueron condenadas. Los delitos por los que las investigan son homicidio, tortura, terrorismo y robo.
El gobierno todavía no decidió si la medida beneficiará también a quienes ya estén condenados, ni a los miembros de las fuerzas armadas y policiales también involucrados en delitos en medio de las movilizaciones. La oposición cuestionó la iniciativa del gobierno, al que acusan de "burlarse" de los colombianos con el argumento de que a estas personas se les concederá el indulto, pese a la explicación de las autoridades.
