"En Argentina, el 74 por ciento de los alimentos son producidos por veinte empresas, que no cumplen los acuerdos de precios. Como esa metodología no funciona, desde distintas áreas estamos trabajando en un programa de fortalecimiento de bocas de comercialización que puedan competir, que establezcan estándares de valores de productos de la canasta básica", explica Oscar Minteguía, director de la Unidad Ejecutora Interjurisdiccional de la Obra Pública, primera experiencia de trabajo asociativo impulsado desde el Ministerio de Obras Públicas.
— ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que están implementando desde el Ministerio de Obras Públicas junto a las organizaciones de la economía social, solidaria y popular?
— El Ministerio de Obras Públicas solo puede poner inversiones en tierra pública y, por lo tanto, sus actores naturales de diálogo son los gobiernos provinciales y municipales. Esta situación había trabado el vínculo con las organizaciones. Cuando asumí al frente de la Unidad Ejecutora Interjurisdiccional de la Obra Pública, el objetivo fue trazar lazos con las organizaciones de la producción y del trabajo autogestivo. El programa coloca infraestructura para apoyar entramados productivos regionales y microregionales y así aumentar y concretar las oportunidades de generación de riqueza y de generación de ingreso y empleo digno para miles de productoras/es y trabajadoras/res autogestivos, en todo el territorio.
— ¿Cómo estudian las necesidades de las distintas regiones y sus potencialidades de manera complementaria, entre organizaciones y gobiernos locales?
— Como somos un Ministerio de Obras Públicas y no de Producción, salimos a buscar entramados productivos que atendieran al trabajo conjunto de organizaciones y Estado municipal y también con Estados provinciales. Es un programa dinámico y fuerte que procura obras tempranas y se nutre de la articulación con otros ámbitos del Estado: el Ministerio de Agricultura, el INTA, la Dirección Nacional de Agroecología, la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores, la Subsecretaría de Economías Regionales, Parques Nacionales, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Las áreas de GIRSU (tratamiento de residuos sólidos urbanos recuperables), el SENASA, el INAES. En Argentina, más de 1.800 gobiernos locales están desarrollando proyectos vinculados con el Ministerio de Obras Públicas. Aún nos queda atender las comunas de menos de 500 habitantes.
— ¿Cuál era el objetivo en términos de impacto económico para estas regiones?
— Multiplicar las oportunidades en cuanto a la creación de empleo digno y la generación de riqueza, mediante estrategias microregionales y regionales que estén protagonizadas por productores de la agricultura familiar y de la economía popular y solidaria. Y sobre todo agregar una dimensión de asociativismo vinculada con la generación de lazos comunitarios. Nos motiva el desarrollo de una economía parada sobre valores de complementariedad, de ayuda mutua, de cooperación. Valores distintos a los de la economía de mercado, que apuntan a la competencia desde una estrategia individual y meritocrática. Desde nuestra concepción, aportamos infraestructura para resolver los nudos para el desarrollo.
— ¿Cuál es el destino productivo de los Espacios de Promoción para la Producción de Alimentos Autogestivos (EPPAA)?
— Producir alimentos. Se usa para conservas y dulces, lácteos, panificados, cervezas, miel. Quien presenta el proyecto puede optar entre catorce posibilidades distintas. Nosotros nos concentramos en la figura de un galpón que tiene dos grandes destinos: por un lado, acopio, empaque, distribución y venta, para ello se necesita un diseño interno sencillo. En cambio, para agregado de valor o producción, el galpón cuenta con divisiones acordes al tipo de producción que se llevará a cabo.
— ¿Cómo se lleva a cabo el diseño y la implementación de los proyectos?
— El diseño de los proyectos productivos lo hacen en forma conjunta entre el municipio y las organizaciones participantes, persiguiendo tres objetivos. Primero, el proyecto debe ser integral: mirar lo productivo y la comercialización. ¿Cómo llegan los insumos, cómo participan los distintos actores, cómo se inserta en el desarrollo de esa comunidad? Segundo, capturar los recursos estratégicos movilizados en torno al proyecto. No se trata solo de lo que aporte el Ministerio de Obras Públicas sino, además, de lo que aportan las organizaciones junto con el propio municipio; esto incluye pensar la tierra donde se va a edificar o los mercados que tienen conquistados, entre otras cuestiones. Tercero, establecer la estrategia de gobernanza de ese galpón: ¿cuál es el nivel de acuerdos y cómo se van a sostener esos acuerdos para llevar adelante y mantener esa infraestructura? Una vez que el galpón esté funcionando, alguien tiene que prender la luz, pagar los servicios, poner las personas que levanten los bultos y despachen la mercadería.
— ¿Es posible mapear los destinos productivos de los proyectos que están implementando actualmente con los gobiernos locales y las organizaciones?
— En este momento tenemos 100 proyectos en funcionamiento. Les pongo algunos ejemplos para ilustrar: EPPAS; bio fábrica; casas de semillas; centros acopio y comercialización, aunque también de logística para distribución mayorista; centros de reciclado de residuos sólidos urbanos; salas de faena de pequeños animales; salas de fileteado de pescado, usinas lácteas. También estamos en proyectos con escuelas agrarias en la provincia de Buenos Aires en modalidad de co-gestión. Y algo muy importante: hay diez nodos regionales.
— ¿Cómo se implementa la modalidad de co-gestión?
— Es una co-gestión entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la FASEPT, que se integra por asociaciones civiles compuestas por los padres de los alumnos que toman decisiones de distinto tipo en asamblea. La FASEPT es la Federación de Centros Educativos para la Producción Total, que tienen una modalidad de alternancia y estadía. Cuando los pibes están en sus casas, los docentes pasan por esas casas con el objeto de que lo aprendido en la escuela se reproduzca en su ámbito natural. Estos pibes y pibas son, en general, empleados rurales. Para estas comunidades, la escuela no es solo un entorno educativo sino productivo, habilitadora de estrategias autogestivas para esas familias. Estas experiencias tienen impactos adicionales, porque generan un ámbito de producción comunitaria que, por un lado, fomenta el arraigo y oportunidades de ingreso y, por otro, pone en regla una situación que ya se viene dando de manera informal, ya que las familias producen desde hace más de 100 años.
— ¿Cuál es la apuesta con el programa a los Nodos Estratégicos de Abastecimiento Regional; por qué los entusiasma tanto?
— Porque la red de nodos estratégicos nos da lugar a la posibilidad del abastecimiento de las bocas de comercialización. Según el área que coordina Eva Verde, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay entre 700 y 1000 mercados de cercanía en todo el país. Son mercados que afrontan grandes dificultades para hacerse de los productos de la economía popular y solidaria. Son doce nodos, arrancan por Dolavon, al lado de Trelew en la provincia de Chubut. En Fernández Oro hay cuatro cooperativas (Alimentos Cooperativos Patagónicos) que trabajan junto con el municipio. En La Rioja capital está la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas (FERCOA) junto con el gobierno provincial de La Rioja. Hay otros estratégicos en La Paz, Mendoza; en Tucumán; en Monterrico, Jujuy; Monte Caseros, Corrientes; en Resistencia, Chaco; en Gualeguaychú, Entre Ríos; en San Martin y Berazategui, provincia de Buenos Aires. Todos estos nodos forman un anillo estratégico que nos permitirá asegurar la llegada de los productos de la agricultura familiar y de la economía popular y solidaria a las bocas de comercialización de todo el país.
— ¿Cuál es el impacto que tienen estos programas en las economías regionales?
— Nosotros no nos ceñimos solo a la producción de alimentos, pero el 90 por ciento de los proyectos tiene que ver con la producción de alimentos de calidad, agroecológicos, orgánicos o, por lo menos, con un respeto hacia el medioambiente. Estamos en un momento histórico muy ligado a la producción de alimentos. Eso lo aprovechamos mucho, y apostamos al valor agregado en las comunidades donde se produce. Hoy, en Argentina, el 74 por ciento de los alimentos son producidos por veinte empresas, que no cumplen los acuerdos de precios, por ejemplo. Como esa metodología no funciona, desde distintas áreas —el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el INAES, el Ministerio de Obras Públicas— estamos trabajando en un programa de fortalecimiento de bocas de comercialización que puedan competir, que establezcan estándares de valores de productos de la canasta básica.