Tras conocerse este martes la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, desde Presidencia de la Nación se emitió un comunicado oficial para expresar su repudio.

"El fallo dictado hoy, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones", sostiene el documento oficial de Casa Rosada en su página web. 

Y agrega: "La sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial".

Comunicado completo

El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023. De esta manera, el fallo dictado hoy, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones.

Para ser legítimos, este proceso judicial y la sentencia debían sustentarse en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad penal y a un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que la ampara. Sin embargo, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocieron garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Sólo de esa manera el Tribunal, haciendo lugar a lo solicitado por los fiscales federales que intervinieron, pudieron construir y dictar esta condena ilegítima.

En consecuencia, la sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial.

Ante esta situación, y considerando que la sentencia tendrá un profundo impacto en la sociedad como conjunto, desde la Secretaría de Derechos Humanos reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, que proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia. Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país, y la amenaza en contra del proceso electoral es concreta y peligrosa.

Como contracara de esta persecución a la principal referente política de este país, se mantiene en la impunidad a exfuncionarios que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población.

A su vez, los escasos avances de la causa por el atentado contra la Vicepresidenta, con la inexplicable división de las investigaciones entre autores intelectuales y materiales, y la reticencia para investigar las conexiones políticas, evidencian la falta de legitimidad del Poder Judicial. Al respecto, las pruebas sobre una reunión secreta entre jueces, el poder político y del poder económico en Lago Escondido son parte del mismo problema, como otra muestra de las relaciones espurias entre estos sectores.

La situación actual del funcionamiento del Poder Judicial y sus relaciones oscuras con el poder político y económico, que hoy cuenta con una sentencia ilegítima en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, implica exponer la responsabilidad del Estado Argentino ante los organismos internacionales, quienes deberán realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares.