Con un pedido al Tribunal Oral Federal número 2 para que "se fije con carácter de extrema urgencia la fecha de juicio" por el robo a Tribunales del 8 de octubre de 1984, ayer la testigo Adriana Arce estuvo en Rosario. Arce es sobreviviente del centro clandestino de detención Fábrica Militar de Armas, y también testigo privilegiada de aquel golpe comando, que fue en la madrugada del 8. El juez Francisco Martínez Fermoselle había allanado casas operativas del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército y encontrado abundante documentación del terrorismo de estado en la zona. Adriana declaró hasta la 1 de la madrugada ese 8 de octubre, y el juez pautó que volviera al día siguiente, a las 8. Se fue con custodia. A las 4 de la mañana, la despertaron para decirle que se habían robado el material, y también su declaración. Ayer, ante el juez Eugenio Martínez Ferrero, Arce subrayó la urgencia del juicio. Por el paso del tiempo, sólo queda un imputado vivo, Héctor Fructuoso Funes, de 86 años.

El fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte, pidió la elevación a juicio en octubre del año pasado. Los acusados fueron Héctor Pino Cano, que era comandante del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército en octubre de 1984, el jefe de inteligencia Luis Américo Muñoz y el jefe de inteligencia de la plana mayor, Héctor Fructuoso Funes. "Logramos que se declarara como delito de lesa humanidad, por estar conexo a las causas de lesa humanidad, aún habiéndose cometido en democracia", destacó Villatte sobre el valor de este juicio sobre una de las mayores muestras de impunidad y continuidad de los grupos de tarea en los primeros tiempos de democracia. 

Los documentos robados habían sido producidos por la CONADEP (Comisión nacional sobre desaparición de personas) y contenían información crucial sobre el destino de los desaparecidos y del robo de niños, además del material inculpatorio de los perpetradores de estos graves crímenes de genocidio y lesa humanidad. Su desaparición aseguró la impunidad de los principales responsables, ya que eran documentos probatorios de toda su logística y organización sistemática.

La investigación fiscal tiene un límite claro: la impunidad biológica. Tanto Pino Cano como Muñoz fueron declarados insanos y luego murieron. Ayer se realizó la audiencia para adecuar el proceso a la acordada 1/2012 de la Cámara de Casación Penal, que establece los mecanimos para dar celeridad al proceso judicial en delitos de lesa humanidad. Queda pendiente la fecha del proceso, que tendrá unos 26 testigos. 

"Aquella noche completamos los allanamientos con el juez Martínez Fermoselle y luego llevamos todo el material, que era más o menos un vehículo lleno de documentación y se puso todo en el Palacio de Tribunales. Fui la única persona que llegó a hacer su declaración", relata Arce, que después del robo, debió dejar el país, ante el peligro inminente que sufría. Al año siguiente, volvió para declarar en el juicio a las juntas, pero ya nunca vivió en la Argentina. Hoy reside en Marruecos. "Las únicas personas que estamos vivas somos el juez Martínez Fermoselle, que ya está retirado, y va a declarar y yo, que soy la única que llegó a ver esta documentación", afirmó Arce. 

"Llevo 38 años denunciando esto", dijo la testigo y enfatizó que lo ocurrido en aquella noche de octubre de 1984 "tiene que ver con el poder real, porque esto sucedió durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, en democracia y el aparato represivo estaba intacto entonces".