El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes denunció que en la presentación del presupuesto para 2023 del gobierno de la provincia de Salta no se garantiza presupuesto propio para este organismo y con ello se viola su autonomía y autarquía, principios fundacionales del Comité. 

En el proyecto de presupuesto 2023, que ya tiene estado parlamentario, el organismo fue incluido como "un curso de acción" del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo. Además, el Comité señaló que vienen trabajando en una oficina prestada y con recursos propios de los comisionados y una comisionada.

Recién en febrero de 2022, el gobierno de Salta puso en funcionamiento al Comité Provincial de Prevención de la tortura, órgano creado en 2017 mediante la ley 8024.  En su constitución se establece que tendrá independencia funcional y autónoma, y un presupuesto propio para su pleno funcionamiento. Además, se prevé que sus miembros sean elegidos por concurso público de antecedentes y oposición, y durarán en sus cargos cuatro años, pudiendo ser reelectos una sola vez.

El Comité funciona pero sin lo que establece la propia ley de constitución. Aún no cuenta con todos los miembros previstos. La comisionada Cristina Cobos y el comisionado Rodrigo Solá fueron electos por las organizaciones de derechos humanos, y Ramón Corregidor fue designado por la Cámara de Diputados. 

Mientras que el abogado Andrés Giordamachi es comisionado interino afectado por la Cámara de Senadores. La Cámara Alta aún tiene que regularizar el concurso público. También falta el representante por el Poder Ejecutivo, aunque existía la designación de un candidato se desconoce por qué no asumió.

"Somos solo tres rentados. Un cuarto comisionado interino cobra del Senado. Nosotros presentamos un presupuesto al 30 de agosto y no salió", dijo Corregidor a Salta/12.

El comisionado explicó que el organismo funciona de manera precaria en una oficina prestada por la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, sin servicio de limpieza, teléfono, ni internet, "sin presupuesto, sin viáticos, sin movilidad".

"Tres escritorios y tres computadoras, sin impresora, es todo lo que obtuvimos del gobierno por permanente gestión", afirmó. Indicó que vienen trabajando con recursos propios de cada comisionadx para garantizar el funcionamiento del organismo.

El Comité denunció que tomaron conocimiento de que en abierta violación a lo planteado por la Ley Provincial N° 8024, que dispone la independencia funcional y autarquía financiera del Comité para poder ejercer sus funciones de manera independiente y autónoma sin recibir instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado, el proyecto de presupuesto 2023 ingresado por el Poder Ejecutivo no garantiza presupuesto propio ni lo ha incluido como organismo autárquico. 

Por el contrario, se incluye al Comité contra la Tortura dentro de uno de los cursos de acción del Ministerio de Gobierno, sin especificar el monto específico que se le atribuiría. 

El comisionado explicó que remitieron copia de la presentación que hicieron al Ejecutivo también a la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, "la que tiene que hacer dictamen de presupuesto". Indicó que los legisladores tienen "la facultad excluyente de poder resolver esta omisión (...) Pueden decidir otorgar el presupuesto".

El presupuesto estimativo que solicita el Comité es de al menos 50 millones, para incluir "la secretaría ejecutiva, un mínimo de empleados, una estructura administrativa de abogados, dos contadores. Hay que viajar al interior y capacitar gente. Es el presupuesto que no tenemos", manifestó.

El presidente del Comité Provincial, Rodrigo Solá, participó de la reunión en el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura el 6 de septiembre y el 7 de diciembre participará de la Asamblea del Consejo Nacional de Prevención de la Tortura. A estos encuentros llevó la problemática del presupuesto.

Corregidor consideró que el Comité Nacional podría realizar alguna intervención con el gobierno provincial para acompañar el reclamo del presupuesto. "En caso de ser necesario se reclamará judicialmente", anunció.

"Hacemos un llamado urgente al Gobernador de la Provincia de Salta Dr. Gustavo Sáenz y a legisladores/as a rectificar el proyecto de presupuesto y aprobar las partidas correspondientes al Comité contra la Tortura de Salta, en tanto organismo autárquico y descentralizado, conforme al proyecto elaborado previamente, a fin de reconducirlo conforme a las obligaciones legales y convencionales", sostuvo el Comité en el comunicado.

El Comité Provincial realizó inspecciones en comisarías, unidades carcelarias, la Alcaidía, el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, también dieron a conocer informes y recomendaciones. En septiembre además acompañó los monitoreos del Comité Nacional de Prevención de la Tortura en las instituciones de encierro de la provincia. 

Desinversión

Corregidor señaló una desinversión más general del gobierno provincial para la prevención de la tortura, mencionando el grave problema de hacinamiento en las cárceles y comisarías. 

"Hay un alto conflicto sobre todo en Villa Las Rosas, que tiene capacidad para 800 personas y hay 1.500" manifestó. Se refiere a la Unidad Carcelaria Nº 1 de varones y también a la Nº 4 de mujeres. "Hay una desinversion. Hay que descomprimir esto. Hay que hacer unidades abiertas, sacar a las mujeres del 'galpón' de Villa Las Rosas", sostuvo.

Corregidor indicó que también han detectado como uno de los grandes problemas el "hostigamiento del Servicio Penitenciario a las detenidas y detenidos". 

"Presentamos un proyecto de ley. El Ministerio de Seguridad se comprometió a enviar un proyecto, no lo mandó", sostuvo. La propuesta del Comité es para modificar el actual sistema penitenciario y propone derogar la escuela de cadetes, "el sistema castrense". Corregidor dijo que se requiere un "sistema civil". 

"En julio hubo una reunión con el ministro de Seguridad Abel Cornejo y la plana mayor del Servicio Penitenciario, hicimos el aporte", señaló y agregó que proponen que se abra un nuevo instituto de detención en el que se apliquen los protocolos internacionales de Singapur y Minessota, "que se derogue el castigo".

"No hay inversión, en el actual gabinete criminológico del Servicio Penitenciario, son 9 para toda la provincia. Están en Villa Las Rosas y viajan al interior. Viajan a hacer evaluaciones que presentan a los jueces. Hacen los informes cuando hay detenidos que piden domiciliaria", señaló Corregidor.

Respuesta ministerial

Por su parte, desde el Ministerio de Economía y Servicios Público, a cargo de Roberto Dib Ashur, respondieron anoche relatando que a través del decreto de distribución de partidas N° 137/21 del Ejercicio 2021, se le asignó presupuesto al Comité para la Prevención de la Tortura. En ese año fue la primera vez que el Comité tiene partidas presupuestarias originales.

La Ley 8.024 establece que ”El patrimonio del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se integrará con: a) Las partidas que anualmente determina la Ley de Presupuesto que no serán inferiores al 0.5 % del presupuesto anual del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta". 

Economía recordó que el Ministerio de Derechoso Humanos no existe en la actualidad y e indicó que por eso "se distribuyó entre el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, y por otro lado el Ministerio de Seguridad y Justicia". 

Añadió que para calcular el importe que establece la ley para asignarle partida presupuestaria al Comité, "se toman los importes asignados a la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Justicia" y afirmó que "El importe que se le asigna para 2022 resulta varias veces mayor al porcentaje mínimo exigido por Ley 8024".

También aseguró que desde 2021 el Comité tiene "créditos originales autorizados por ley de presupuesto asignados al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo y a través del decreto de distribucion de partidas al Comité".