113 veces. Las contó, harta de recorrer oficinas y despachos. Desde junio de 2018, cuando Milagros –entonces de siete años- pudo empezar a ponerle palabras a los abusos sexuales sufridos en manos de su padre, N., la mamá, está embarcada en un laberinto judicial. “Conté la historia, contesté preguntas a abogadxs, psicólogxs, trabajadorxs sociales, ,113 veces, sin contar los escritos leídos, corregidos y presentados, los cambios de abogadxs”, rememora N. Un grupo que acompaña a Milagros y su mamá escribió la “Carta abierta a los jueces de Cámara del Tribunal Oral Número 2 de Capital Federal”, para impulsar el juicio. El 2 de junio de este año, el hombre –universitario, hijo de destacados profesionales- fue procesado sin prisión preventiva por la jueza Alejandra Mercedes Alliaud, quien ponderó una extensa prueba. Pese a eso, la Fiscalía desistió de acusar, dejando sola a la querella que representa a Milagros. Claudio Ariel Josfal, en nombre de la Fiscalía Nacional en lo Criminal número 49 abandonó la causa “desconociendo los hechos y todo el derecho local e internacional que rige en materia de infancias y abusos”. “Sí, el representante del Ministerio Público Fiscal que debe resguardar los intereses de la niña, abandonó el juicio sin necesidad de dar ninguna explicación transgrediendo las normas constitucionales y los tratados internacionales”, dice la carta que cuenta con cientos de firmas. El mensaje es elocuente: “Necesitamos que la justicia proteja a nuestras infancias y deje de defender a los abusadores”.

Amenazas directas e indirectas, intentos de revinculación, fueron algunas de las violencias sufridas por la mamá de Milagros para impedir que el proceso judicial avanzara. La causa judicial comenzó por violencia y privación de cuidados. El cuerpo médico forense evaluó –en esa instancia civil- a Milagros, su madre y el progenitor. Detectó daño psicológico y emocional compatible con abuso sexual, “imposición de secreto”, rasgos perversos y psicopáticos en el denunciado. Desaconsejó todo tipo de contacto. En una entrevista con la mamá de Milagros, el juez Lucas Cayetano Aón, del fuero de Familia, aseguró que el informe forense era sólo consultivo y que Milagros sufría porque no veía a su padre. Una revinculación forzada era justamente lo que N. le había prometido a su hija que no iba a ocurrir. El 19 de noviembre de 2019 –justo el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes- N. presentó la denuncia penal.

El develamiento de Milagros fue progresivo. En los primeros tiempos, la psicóloga de la niña observó que predominaba en ella mantener una relación de secreto con su padre. Unos meses después pudo empezar a hablar de lo que la había hecho sufrir. Con una restricción de acercamiento sin plazo –aunque el juez Aón pretendía renovarla cada 30 días- y el tratamiento, la nena empezó a recuperarse.

N. es investigadora del área de las ciencias sociales. La violencia sufrida por su hija, primero de parte del padre y luego en el sistema judicial pone en acto sus investigaciones sobre violencia patriarcal. “De todas las violencias que los movimientos de derechos humanos y los feminismos denuncian desde hace años, el abuso sexual en la infancia es quizá una de las más brutales y silenciadas. En primer lugar, porque sus víctimas son las más frágiles dentro de una cultura patriarcal y adultocéntrica, pero también porque se trata de una práctica extendida y naturalizada: escuchar a las víctimas es aceptar que algo está muy mal en nuestra sociedad. Según cifras oficiales de UNICEF y el Poder Ejecutivo Nacional, uno de cada 13 niños y una de cada 5 niñas padecen abusos sexuales dentro de la institución familiar. Si se considera que la estadística se realiza solo sobre denuncias realizadas, la cifra real es presumiblemente mucho más alta”, dice la Carta Abierta.

N. y el padre de la niña trabajan en la Universidad de Lanús. Ella sabe perfectamente lo que significa el círculo de silencio, la protección institucional al abusador. “Cuando una infancia logra manifestar que padece abusos, un círculo de silencio se cierra sobre ella y sobre las personas que le creen y acompañan, las madres protectoras. Las familias, las amistades, los lugares de trabajo y el propio sistema judicial se encargan de hacerles saber que no debieron denunciar lo que denuncian. El abuso, como práctica social sistemática machista, marca los cuerpos no solo cuando ocurre de manera directa, sino durante el largo camino de revictimización que puede comenzar con la denuncia”, plantea N.

Una de las herramientas que usa el sistema judicial es el falso SAP (Síndrome de Alienación Parental). “Es una estrategia común entre abusadores y profesionales de la psicología, el derecho, la justicia y funcionarios públicos que, aunque no tiene ningún fundamento científico, es muy eficaz: señala que la infancia miente porque su madre le induce a hacerlo. El efecto es devastador: se revinculan forzadamente infancias con abusadores”, sigue la carta. Hay una cuenta de Instagram, @escuchenamilagros, para hacer visible la situación.

En esta causa, una sola frase de la pericia del Cuerpo Médico Forense bastó para poner en marcha el falso SAP. Decían que no podía descartarse la influencia del entorno en los dichos de la niña. Firmó en conformidad el perito propuesto por el imputado, Juan Pablo Mizrahi, pero no así la perita de la querella. Sin tomar en cuenta la abundante prueba existente, la jueza Fabiana Palmaghini dictó el sobreseimiento en junio de 2021. La apelación tuvo éxito. El fiscal Josfal –sin citar a declarar al acusado- pidió también el sobreseimiento sin citarlo a declarar en marzo de 2022. En junio, otra jueza, Alliaud, ponderó todos los elementos y dictó el procesamiento. Cuando la cámara consideró que procedía el juicio oral, Josfal abandonó la acción, el 9 de agosto de 2022. Es decir que el representante del Estado argentino incumple su obligación de la debida diligencia en abusos sexuales contra una niña.

“El círculo de silencio social y judicial es más fuerte aun cuando los abusadores son hijos del poder, como en el caso de Milagros. El acusado no ha presentado ninguna prueba que ponga en duda este relato después de cuatro años de iniciadas las acciones legales. No necesita hacerlo, todo el sistema actúa por él, basta con que solo diga que la madre indujo a la niña a mentir”, sigue N.

“Se trata de un abusador de clase media acomodada, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Lanús, miles de seguidores en redes sociales, hijo de un político con vínculos realmente estrechos con el poder. Cuando un abusador tiene poder económico, político y simbólico, tiene (¡aún más!) posibilidades de seguir impune”, continúa la carta colectiva, que apela al Tribunal, integrado por Juan Manuel Grangeat, Analía Silvia Monferrer y una tercera persona todavía no designada, para que ponga las cosas en su lugar: la protección de la niña no es opcional, el Estado argentino debe hacerlo para cumplir con la Constitución.