Desde Santa Fe
La vicegobernadora Alejandra Rodenas dijo ayer que la condena a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner es “un hecho de gravedad institucional”, que rechazó. “No es solo contra ella. Es contra nuestra democracia. Contra nuestra historia y nuestro presente”. Ya horas antes del veredicto, Rodenas había advertido que el fallo que inhabilitó de por vida a CFK para ejercer cargos públicos “puede conmover los cimientos del estado de derecho y el pacto democrático que, desde el restablecimiento de nuestra democracia en 1983, ha forjado una república que no queremos perder”.
“Cuando las razones jurídico procesales no alcanzan, Cristina retoma la tradición virtuosa y templada de los grandes líderes: le habla a su pueblo, brinda elementos de análisis y convoca al discernimiento. Llama a la reflexión y demuestra que la palabra lúcida es su herramienta. Y en su palabra, los hechos que la sostienen, de los cuales somos parte como ciudadanos y ciudadanas”, dijo la vice. La condena a CFK “no es sólo contra ella. Es contra nuestra democracia. Contra nuestra historia y nuestro presente”.
Rodenas publicó en su cuenta oficial el documento que firmó junto a otros doce vicegobernadores y vicegobernadoras del país, que advierte: “El fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación configura un hecho de gravedad institucional sobre el corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional”.
“La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas. El ‘activismo judicial’ que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio”.
“Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos o instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
“Hemos observado con muchísimas preocupación, como algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución”, señala el documento.
Y el martes, un tribunal condenó a Cristina en un juicio “sin pruebas”, en el que se llegó al “absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una ‘asociación ilícita’”.
“Tamaño antecedente, que habilitaría el armado de causas con fines ajenos al Estado de derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría a repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina”
El documento fue firmado por trece vicegobernadores y vicegobernadoras, entre ellas Rodenas y sus colegas de Buenos Aires, Verónica Magario y de Entre Ríos, María Laura Stratta.
