La jueza María Melania Carrara dictó ayer la prisión preventiva efectiva por 90 días contra el financista rosarino Patricio Carey, acusado por el fiscal Sebastián Narvaja como autor de los delitos de lavado de activos a través de la financiera Cofyrco, ubicada en Corrientes al 800, tenencia ilegal de DNI ajenos y encubrimiento por receptación agravado por el ánimo de lucro a un narco asesinado. La magistrada confirmó además la competencia provincial para la continuidad del caso, dado que la defensa pedía que pasara a la Justicia federal.

Carrara fundó su resolución principalmente en la existencia de riesgo de entorpecimiento probatorio acreditado por un nuevo hecho presentado por el fiscal: el testimonio de un testigo relevante en la causa por la función que desempeñó en Cofyrco.

Este empleado había sido contratado para analizar los roles de los integrantes de la financiera para hacer más eficiente el trabajo que allí se realizaba, por lo que conocía detalladamente su funcionamiento, describieron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Cuando ya se encontraba imputado, Patricio Carey lo citó personalmente para consultarle sobre la actividad que ellos hacían en Cofyrco, confiaron las fuentes judiciales.

El testigo en cuestión en un primer momento declaró que no tenía mucho contacto con el imputado, que era una persona cerrada. Luego, ante una segunda convocatoria de la Fiscalía en la que solicitó que no quedara registro de su declaración por temor a represalias, dio detalles de cómo funcionaba la financiera y el rol de dirección que tenía Patricio Carey.

Los fiscales tuvieron conocimiento de este nuevo hecho el 18 de noviembre, cuando el imputado ya se encontraba de viaje al Mundial de Qatar, razón por la que dispusieron su detención al volver pese a que no tenía prohibición de salir del país y había avisado a la Justicia.

Durante la audiencia se reveló además que Carey entregó la clave de su teléfono en marzo de 2021, es decir, posteriormente al allanamiento que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2020, y que el mismo no contenía información anterior al 20/09/20, es decir que no se pudo acceder a información alguna de lo sucedido previo al día del allanamiento, y que durante el mismo se retiraron elementos que contendrían información a la que la fiscalía no pudo acceder.

Los fiscales remarcaron que " de dichos instrumentos informáticos la fiscalía se enteró con tiempo después, en efecto, que lo supo posteriormente a acordar la libertad como alternativa a la prisión preventiva".

También quedaron expuestos en la disputa judicial hechos realmente vergonzantes:  es que algunos miembros de la familia Carey "han tenido múltiples escenarios de disturbios en la audiencia del martes:  ya sea dentro de la sala de audiencias como en la planta baja del Centro de Justicia Penal".

Una de ellas fue relatada por uno de los fiscales quien reveló que "familiares de Carey se acercaron a las letradas que prestan servicios en la fiscalía, diciéndoles "puta/hija de puta"(sic). Mientras que en la planta baja del Centro de Justicia Penal, "un miembro de la familia del encartado se acercó a otra empleada de la fiscalía endilgándole no haberle avisado que trabajaba en la fiscalía y afirmándole que no volvería a ingresar a La Rinconada - ente del cual sería intendente- espacio que, refiere, compartirían en ocasión del deporte ( golf) que la empleada referida practica".

Durante la audiencia tambien quedó claro el episodio revelado ayer por Rosario12 y que fue determinante para ponerlo tras las rejas durante al menos tres meses:  es que uno de los testigos manifestó tener miedo, ya que había recibido presiones de parte de Patricio Carey.