La renuncia de Cristina Fernández de Kirchner, principal dirigente política del país, a cualquier candidatura para 2023, fue un sismo que obliga a repensar todas las alternativas de cara a las próximas elecciones. La decisión muestra el coraje de la ex-presidenta para enfrentar al partido judicial comandado por los dueños del poder económico y mediático del país, renunciando a cualquier fuero, aún a riesgo de ir presa.

Aún así, cabe preguntarse si la renuncia voluntaria a utilizar las pocas herramientas que la democracia republicana brinda al ejecutivo y legislativo contra el lawfare, no termina fortaleciendo el disciplinamiento a la casta política que los factores de poder real buscan a través de la persecución de CFK. Por otro lado, a todo el campo nacional y popular le cuesta pensar en militar una elección sin la presencia de la ex-presidenta en las listas, dado que no hay quien pueda reemplazar su carisma en la militancia ni su caudal electoral.

El avance de los factores de poder contra la ex-presidenta en los últimos meses, incluyendo un intento de asesinato, la reciente condena a prisión y su inhabilitación a ejercer cargos, no se explica sólo por tiempos judiciales o por el crecimiento espontáneo de grupos de ultra-derecha. Más bien, los factores de poder (con Héctor Magnetto a la cabeza) parecen oler que el contexto generado por los resultados económicos y sociales del gobierno de Alberto Fernández, es un momento oportuno para atacar a la principal líder del peronismo. 

Una inflación desbordada que desgasta los bolsillos, un programa de ajuste acordado con el FMI que empuja a la recesión, y una geopolítica poco heroica de alineamiento parcial con los EEUU para intentar lograr algunos desembolsos de organismos internacionales, es un coctel perfecto para generar malestar popular, descreimiento generalizado en la capacidad transformadora de la política y el desencanto y parálisis de la militancia.

En forma análoga, la destitución de Dilma Rousseff y el avance hacia el encarcelamiento de Lula en Brasil, se dieron luego de que el PT iniciara un programa de ajuste fiscal en una economía que ya sufría una recesión profunda. El desgaste en el apoyo popular al gobierno de centroizquierda fue aprovechado por los factores de poder para avanzar sobre la institucionalidad democrática y deshacerse de dirigentes que no les fueran dóciles para su control. 

Si bien el actual triunfo de Lula muestra que aún la cárcel no es un freno para que los dirigentes populares puedan recuperar el poder político y reiniciar políticas transformadoras, nada indica que ese sea el feliz desenlace final de un período oscuro de gobierno de derecha mientras nuestros dirigentes populares son enviados a la sombra. Sería deseable evitar pasar por ello.

Así las cosas, un cambio profundo en las condiciones económicas que tiene como punto uno lograr un freno brusco a una inflación desbordada. Podría cambiar el clima social, facilitando un resurgir del movimiento popular para poner freno a la avanzada judicial contra nuestra principal dirigente política.

@AndresAsiain