En un juicio histórico, este viernes por primera vez un exdiputado nacional fue condenado por el delito de abuso sexual simple. El peronista José Orellana, actual intendente de la localidad tucumana de Famaillá, recibió una pena de 3 años --uno menos que la máxima prevista para el delito-- y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Había sido denunciado por una asesora de una exdiputada socialista, cuyo despacho era lindero con el de Orellana. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federal. “Esta sentencia viene a reafirmar mi convicción desde hace 6 años, cuando decidí no callarme y denunciar lo que me había pasado: todos estos años que fueron muy difíciles hoy tienen este resultado que celebro. Siento alegría porque mi pedido de justicia finalmente fue escuchado”, dijo a Página 12 Agustina Poch, la denunciante.

Se trata de la primera vez que se lleva a un diputado nacional al banquillo de los acusados por un caso de violencia sexual. Al decir sus últimas palabras antes de conocerse el veredicto, Orellana volvió a negar la acusación --también lo había hecho al inicio del juicio-- e insistió con que se trató de un invento para perjudicarlo en su carrera política. Por la tarde circuló en redes sociales un flyercon su nombre y una foto suya con el pulgar una mano levantado --en señal de que todo está bien-- con un texto que, entre otras cosas, adelanta que apelará el fallo y aclara que la condena --que no está firme-- no le prohíbe ser funcionario ni candidato. Y vaticina: “Ganaremos el municipio y seremos (sic) el legislador más votado de la sección oeste”, dando a entender que se volverá a presentar en las próximas elecciones, aunque no queda claro si irá por la reelección como jefe comunal de Famaillá, o un cargo legislativo.

El debate oral, que no fue público, estuvo a cargo del juez Federico Marcelo Salvá. La condena es por el delito de abuso simple, previsto en el artículo 119 del Código Penal. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 16 de diciembre a las 13.30.

La denunciante, que es socióloga, siguió la lectura del fallo de manera virtual desde un café cercano al edificio del TOC28, para evitar cruzarse a Orellana, que estuvo en la sala de audiencias de forma presencial.

“La credibilidad de la víctima definió la resolución de una causa donde se la escuchó y se hizo justicia. Esta sentencia va poniendo fin a la impunidad”, destacó en diálogo con Página 12 la abogada y exdiputada María Elena Barbagelata, quien compartió la representación legal de la querella junto a Fernanda González Allega. Están evaluando, adelantaron, recurrir en casación para solicitar se aumente la pena. El máximo previsto en el Código Penal para el delito de abuso simple son 4 años de cárcel.

La causa contra Orellana se abrió hace seis años a partir de la denuncia de Poch, exasesora de la entonces diputada socialista Gabriela Troaino, cuyo despacho estaba pegado al de Orellana: La joven relató que el 11 de noviembre de 2016 fue a la oficina de Orellana para informarle que había gente que quería verlo en la puerta. Según declaró, el entonces diputado tucumano abusó sexualmente de ella --con manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos que ella no consintió-- mientras estaban solos. “Seguro que nadie te besó así, ¿no?”, contó ella que le dijo mientras le daba besos en la oreja izquierda, ante lo cual Poch se soltó y luego de decirle “no, claramente no”, se retiró del lugar. Ella tenía en aquel momento 22 años.

Como contó a Página 12 Poch, en los dos primeros años desde que sucedió ese hecho, la joven eligió usar un seudónimo, que era “Luz”, al dar a conocer el caso, “para protegerme de lo traumático que era toda la situación y evitar la exposición”. Fue recién en diciembre del 2018 y luego de la denuncia de ThelmaFardin (contra el actor Juan Darthés) que se animó a salir con su nombre y apellido “y dejar de esconderme por lo que me había sucedido”.

A lo largo del juicio que comenzó el 14 de octubre, declararon además de la joven y el propio Orellana, empleadxs de la Cámara de Diputados o que lo fueron en el momento en que sucedieron los hechos denunciados. También declaró la exdiputada Troiano.

El camino judicial para Poch no fue fácil: en diciembre de 2019 Orellana fue sobreseído en primera instancia por “falta de pruebas” por la jueza María Alejandra Provítola. Sin embargo, tanto la querella como la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por Mariela Labozzetta, apelaron el fallo y en mayo de 2020 Orellana fue procesado por el delito de abuso sexual por los jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ignacio Rodríguez Varela y Alberto Seijas. "La naturaleza de las cosas reclama una valoración realista puesto que (episodios como el investigado) suelen ocurrir en ámbitos de intimidad y en ausencia de testigos, por lo que el relato de la víctima adquiere una especial trascendencia probatoria y debe ser valorado con esmero, en lo posible recabando el auxilio de especialistas, como ha sido hecho en este proceso", señalaron los jueces.

Como una forma de reparación, en julio de 2020 la Cámara de Diputados de la Nación incorporó a Agustina Poch --que ya había dejado de trabajar en ese cuerpo desde diciembre de 2017-- a la planta permanente a partir de una iniciativa del Departamento de Género y Diversidad Sexual del cuerpo, donde se acordó que desarrolle su trabajo.

Cuando denunció los hechos, la Cámara no tomó ninguna medida. Incluso se presentó un proyecto para que se lo apartara de su banca mientras continuaba el proceso judicial, algo que permite el artículo 66 del reglamento de Diputados, pero nunca se trató. Recién tras seis meses de insistir, se lo cambió de despacho porque ella se lo seguía cruzando cotidianamente, dado que donde Poch trabajaba era una oficina pegada a la del legislador denunciado. Eran tiempos de la gestión macrista y el presidente del cuerpo era Emilio Monzó.

La justicia le dictó finalmente una restricción de acercamiento. Y Orellana siguió como diputado hasta 2019 cuando terminó su mandato y ganó las elecciones locales y se convirtió en intendente en Famaillá.