Obras de infraestructura y conectividad en toda la provincia, incorporación de trabajadores para mejorar los servicios de educación, salud y seguridad y financiación de políticas públicas para un desarrollo federal, fueron los ejes centrales sobre los cuales profundizó el plenario de senadores ayer tras la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto provincial 2023 realizada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur.
En el encuentro, encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro dijo que el proyecto tiene una mirada federal, recordó que fue trabajado en nueve reuniones zonales de las que participó el gobernador Gustavo Sáenz, más las presentaciones en Diputados y el Senado. Añadió que el presupuesto de la provincia para 2023 se propone contribuir a dinamizar el comercio, la obra pública y la actividad industrial y económica; el desarrollo del agro, los servicios y la construcción; además de otras áreas que en la actualidad cobran especial relevancia como la minería, el turismo, la agro industria, la economía del conocimiento y la energía.
Los recursos previstos suman $618.247.079.717, un 128% más que este año, de los cuales el 77% proviene del ámbito nacional, siendo en parte fondos que le corresponden a Salta por la Ley de Coparticipación, y el 23% es de origen local. En línea con el presupuesto nacional se prevé un crecimiento del PBI del 2%, una inflación anual del 60% y un tipo de cambio a $269,90 para diciembre de 2023.
Dib Ashur agregó que se trata además del primer proyecto de presupuesto con perspectiva de género, formulado con transparencia, orden y en un contexto de seguridad jurídica, con cuentas generales ya presentadas, una situación de equilibrio fiscal y previsibilidad, además de una reducción del stock de deuda provincial.
En ese marco puso como prioridades el desarrollo de obras de conectividad vial, aérea, ferroviaria y digital; más el avance en servicios básicos en 233 obras de agua y saneamiento por $14 mil millones; de educación, por $11.800 millones; de salud, por $600 millones y la provisión de tecnología, recursos humanos y rodados para el área de seguridad.
En cuanto a las obras, el ministro dijo que se ejecutarán 1.582 con fondos provinciales por un monto de $50 mil millones, más la construcción de cuatro mil viviendas, que se suman a tres mil ya entregadas y 1.700 en licitación; la continuidad de obras para el desarrollo de parques industriales, la federalización de la Universidad Provincial de Administración Tecnología y Oficios (UPATECO), entre otras.
Y se suman las obras con financiamiento nacional por valor de $160 mil millones, como la planta depuradora de la zona sur, las obras viales en las rutas nacionales 34 y 40, el puente sobre el Río Vaqueros y la circunvalación y el Nodo Logístico de Güemes; más obras con financiamiento internacional como la ampliación del Hospital San Bernardo u obras en el Dique Cabra Corral. También en ese marco, puso como prioritario el desarrollo del Corredor Bioceánico que unirá seis regiones a través de 2.290 kilómetros para llevar la producción por siete pasos fronterizos hacia cuatro puertos del Pacífico.
Estructura del presupuesto
Dib Ashur detalló que el presupuesto para Educación llega al 41,95% del total, con una cifra de $193 mil millones; seguido por el área de salud con $112.000 mil millones y seguridad con $80 mil millones. Como ejemplo añadió que se prevé la incorporación de 600 nuevos cargos en el área de salud.
Como hizo en Diputados, indicó que al final de 2022 la deuda provincial ascenderá a 541 millones de dólares, de los cuales en 2023 habrá vencimientos por $39 mil millones, y destacó que ya están previstos los fondos para su amortización.
También hizo un repaso del contexto económico internacional, marcado por previsiones de crecimiento en baja e inflación en alza, la guerra entre Rusia y Ucrania y nuevos confinamientos por la covid. También se refirió al contexto nacional, con un país que a pesar de la alta inflación y a los niveles de pobreza, ofrece un tercer año con tasa de crecimiento. En ese contexto situó a Salta como una de las jurisdicciones con PBI más bajo y menores ingresos per cápita ($116.073 por habitante por año) como consecuencia de la falta de equidad a la hora de la distribución de los recursos.
Los legisladores realizaron consultas sobre las cuestiones sobre las que reciben mayores reclamos, sobre las áreas de salud, agua potable, la incorporación de agentes Covid y de planes que se desempeñan en educación, obras de energía a poblaciones de la Puna, asistencia a colegios privados y comedores, circuitos administrativos que permitan optimizar planes de encausamiento de ríos y de manejo del fuego, infraestructura educativa y sanitaria, rutas y hospitales.
En el plenario se anunció que los senadores, y la única senadora, trabajarán en conjunto con las comisiones de la Cámara de Diputados con el fin de avanzar en el análisis del proyecto, con vistas a su tratamiento la próxima semana en la Cámara baja y la semana subsiguiente en el Senado.
Del plenario participaron los senadores Mashur Lapad, Marcelo García, Jorge Soto, Dani Nolasco, Esteban D’Andrea, Fernando Sanz, Diego Cari, Walter Wayar, Sergio Ramos, Alfredo Sanguino, Walter Abán, Carlos Rosso, Miguel Calabró, Emiliano Durand y Sonia Magno.
Por el Ministerio de Economía asistieron también el secretario de Finanzas, Ariel Burgos; la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona; el subsecretario de Desarrollo Económico y Control de Gasto, Diego Dorigato; la directora General de Rentas, Mercedes Uldry; el coordinador de la Oficina de Presupuesto, Carlos Hering, y el coordinador General del Ministerio, Luis San Millán.
